En la víspera de su 3er Informe; Temaca le recuerda a Aristóteles, sus promesas incumplidas

Por Mario Marlo

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A través de una lluvia de Tweets, usuarios exigieron a el Gobernador de JaliscoAristóteles Sandoval, cumpla  su compromiso de no inundar la comunidad de Temacapulin.

El 29 de enero de 2013, Aristóteles Sandoval, candidato en ese momento a la gubernatura del estado de Jalisco escribió vía Twitter: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.

Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín

— Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) enero 29, 2013

Una vez electo, como Gobernador del Estado, visitó la comunidad y afirmó reiteradamente que no inundaría el poblado, sin embargo en abril del 2014, contradiciendo lo manifestado, anunció la decisión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sobre la inviabilidad por aspectos “técnicos” y de “seguridad” de la presa a 80 metros, desacatando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la Nación (SCJN), y anunciando una amenaza de desalojo forzoso de las comunidades.

Por medio de un comunicado el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, denunciaron que lo anterior es una contradicción que hace evidente el doble discurso que siempre ha manejado el Gobernador sobre el proyecto y exigieron que el gobierno se apegue al proyecto original según el fallo de la SCJN.

El proyecto de la presa El Zapotillo, que amenaza con inundar las comunidades de Temacapulin, Acasico y Palmarejo comenzó a promoverse desde el año 2005. En septiembre del 2011, se adjudicó a la empresa española Abengoa México la operación y construcción del acueducto de 140 kilometros que conduciría el agua a la Ciudad de León, Guanajuato.

Sin embargo la SCJN, suspendió definitivamente la obra en noviembre de 2015 y al día de hoy ha ratificado la decisión de suspender la obra para que las autoridades acaten esta disposición y se apeguen al proyecto original, para que con esta medida se garantice el respeto a los derechos de las comunidades.

Por su parte el Gobiernos Estatal realizó un convenio con la UNOPS-PNUMA con un costo de 4.6 millones de dólares para la realización de un estudio que muestre si el proyecto es viable.

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