Ciudad de México, 20 de marzo 2018.- “Si es cierto que han seguido las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU respeto a la creación de un mecanismo de protección de periodistas y la federalización de los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. […] Si, hoy la sociedad mexicana está más equipada que antes para exigir una verdadera transición.” Así empezó Ana Cristina Ruelas, directora nacional de Articulo 19 en México, la presentación del informe de la asociación sobre la libertad de expresión y agresiones en la prensa que se llevo a cabo por la mañana en el Museo Interactivo de Economía. La primera frase parecía anunciar mucho progreso de la libertad de la prensa en el país, pero fue rápidamente matizada.

De hecho, la directora nacional de Articulo 19 sigue: “Es muy importante reconocer que México no es y nunca ha sido un país de libertades, que vivimos una democracia simulada. […] Y esto se muestra claramente con una política de estado que busca restringir, limitar o cuartear los flujos efectivos de información que llegan a la sociedad.”

Primero, el Estado ejerce una restricción legislativa de la libertad de expresión. En varios estados del territorio mexicano, el delito de difamación sigue siendo vigente en el Código Penal, así como la búsqueda de información de las fuerzas de seguridad. Esa situación ha creado una brecha para los funcionarios públicos, que pueden denunciar criminalmente a un periodista cuando alguna publicación lo le gusta.

Además, el gobierno mexicano controla la información a través de la publicidad pública. Entre enero 2013 y diciembre 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto gasto más de 40,000 millones de pesos en su publicidad oficial. Cabe decir que el 56% de este presupuesto esta destinado a 56 medios de comunicación, cuando 3108 otros medios se comparten los 44% que quedan.

Ricardo Raphael, periodista y analista político confirmo la opinión de Articulo 19 y presento su tesis. “El estado obstaculizo el derecho a saber, el derecho a la verdad, la rendición de cuentas y el acceso a la información. En resumen, se redujo el espacio cívico. […] Hemos hecho muy buenas leyes, sin embargo, tenemos muy malas instituciones para que cumplan que estas leyes. […] La publicidad oficial es un instrumento de censura, es un instrumento que funciona para silenciar. Las zonas de silencio, temáticos de nuestra prensa son enormes. […] El periodismo tiene un efecto, debe ser financiado. Y cuando la publicidad no logra financiar la actividad periodística y los subscriptores quieren financiarla, entonces ese déficit económico tiene actores dispuestos a sustituir y a ir donde e dinero del contribuyente o el dinero del crimen organizado esta sirviendo para manipular la discusión pública, imponer una caída de la información y amplias zonas de silencio […] Información de mala calidad desempodera, y sobre todo cuando se entrega masivamente a la ciudadanía.” “La Ley de Seguridad interior es una forma de normalizar la negativa de información”.

En adición, la Ley de protección de datos personales es según Articulo 19 un medio para controlar el acceso de los periodistas a la información. Ana Cristina Ruelas afirmo: “La Ley de protección de datos personales se convirtió en una herramienta de censura a pesar de tener objetivos loables. Hay una intención de censurar archivos históricos que contienen datos personales por una disposición de la ley que los considera como datos confidenciales.” Pero esos documentos son “archivos relacionados con movimientos sociales y políticos del pasado en los que se da cuenta de cientos de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones arbitrarios.” También se aplica para documentos de la inquisición. El gobierno hizo solicitudes a empresas como Google “para remover el nombre de funcionarios públicos en relación con violación de derechos humanos.” Este medido de protección esta por supuesto reservado a los funcionarios y no se aplica para los periodistas y defensores de derechos humanos que se ven espiados.

Por fin, el gobierno usa de la fuerza para callar a los periodistas, entre persecución y impunidad. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reportaron 1986 agresiones contra periodistas y 41 periodistas fueron asesinados. En el contexto electoral, la violencia contra los periodistas aumenta de manera drástica. Al fin de su discurso, la presidente de Articulo 19 señalo: “La intolerancia de servidores públicos de todo los niveles y diversos grados de responsabilidad a la critica y la ofensa se ha traducido en una represión autoritaria en el uso del aparato del estado para callar aquello que busquen que otros escuchen y disfrutan otros puntos de vista.” Frente a esta violencia, el gobierno mexicano cierra los ojos y estos crímenes tienen un nivel de impunidad de 99,6%. Cabe mencionar que las agresiones a periodistas son en mayoría perpetradas por funcionarios públicos (48%) mientras que el crimen organizado esta responsable de solo 8% de estos casos, aunque la frontera es difícil a delimitar.

Podemos tomar en ejemplo la agresión física y la detención de la compañera Alejandra Rodríguez, de Somos el Medio. Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto que fue el motivo de varias protestas que se desarrollaron en la época de diciembre de 2013, Rodríguez fue una de los y las que cubrieron estas manifestaciones, y como parte del trabajo de monitoreo realizado en la Red “#RompeElMiedo”. Unos minutos después de cubrir una marcha, la periodista estaba caminando con otros periodistas cuando oficiales de policía de sexo masculino la sometieron y uno de ellos la tocó sexualmente mientras estaba esposada. Posteriormente Alejandra Rodríguez fue trasladada a un juzgado cívico por supuestas infracciones. Horas después fue liberada por falta de pruebas y de acusación en su contra. Con acompañamiento de ARTICLE19, ella presentó una denuncia dos días después de su agresión ante la FEADLE (Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión). Sin embargo, casi un año después , la FEADLE se declaró incompetente para seguir el caso, considerando que los hechos no tenían vínculos con su actividad periodista.

Perla Patricia Espinosa Becerril vino hoy a hablar del caso de su hermano Rubén Espinosa Becerril, asesinado el 31 de junio de 2015 en su departamento en Ciudad de México. Este periodista trabajaba sobre la corrupción y las relaciones de las autoridades con el narcotráfico en Veracruz, sobre todo el gobernador del estado Javier Duarte. Después de haber recibidos varias amenazadas, se exilió de Jalapa y se refugió en la Ciudad de México.

Fue torturado y asesinado junto a cuarto mujeres, entre ellos estaba Nadia Vera Pérez, defensora de derechos humanos, solo para hacer sus trabajos. Patricia Espinosa denuncia una doble victimización de parte de las autoridades que estigmatizaron y criminalizaron a su hermano, acusándole de ser parte del narcotráfico. Según ella, no hubo investigación efectiva y todavía no llegaron a la verdad. Dos casos similares ocurrieron en 2017, periodistas investigando los vehículos de las autoridades con el narcotráfico asesinados. El 23 de marzo y el 15 de mayo, Miroslava Breach Velducea y Javier Arturo Valdez Cárdenas fueron encontrados muertos.

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