Decretos presidenciales y reserva del agua

Héctor Unzueta Granados

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Cada etapa con sus distintas maneras de concebir al líquido vital estuvo enmarcada por la coyuntura que fue determinando en parte las maneras de comprender el vital líquido. Las medidas políticas y económicas, de tendencia neoliberal desde el gobierno salinista, han sostenido que el agua se le comprenda como un bien material y económico, de ahí la insistencia de fijar precios determinados a su consumo en el ámbito doméstico como productivo. En el gobierno del presidente Vicente Fox, se adiciona otro concepto más para hacernos creer cómo tenemos que comprender y valorar el uso del agua, el líquido es “estratégico”. Pero, ¿para quién? La Ley de Aguas Nacionales es modificada en 2004 para justificar la participación del sector privado en la administración de los recursos hídricos.

De esa manera se ofrece certeza jurídica a las empresas trasnacionales para controlar los recursos naturales del país. El agua es vista desde las políticas neoliberales como una mercancía, como un negocio que hoy, ni siquiera el propio Estado mexicano controla. Es decir, el Estado mexicano ha venido perdiendo su autoridad en la explotación, administración y distribución de los recursos naturales bajo el pretexto de falta de eficiencia y escasos recursos financieros para atender, específicamente, la creciente demanda de agua potable y de saneamiento. Por lo que para mantener la conservación del recurso en el futuro es importante hacer modificaciones a las legislaciones en la materia. Estas modificaciones y decretos de gobierno sobre el agua en realidad encubren una lucha sistemática por parte del Estado mexicano para controlar a la población civil y los pueblos originarios sobre la base del control de los recursos naturales. Una expresión del colonialismo de poder interno en manos de una clase política que reintegra a las potencias industriales extranjeras en la conducción económica y política del país.

Hoy en día, con los decretos presidenciales que dejan abierta la explotación de nuestros recursos por parte de las empresas productivas nacionales y no nacionales interesadas, nos muestra una responsabilidad compartida, cuyos propósitos son el reparto de las utilidades que genere el agua entre las élites políticas e industriales del país y del mundo. Se trata del plusvalor que puede ofrecer el agua, no ya como un recurso natural, sino como un producto determinado por su precio. Desde la lógica neoliberal y capitalista se trata de regular a modo el control de la explotación de la tierra, de salvaguardar los derechos de propiedad de las dirigencias políticas y económicas del país mediante conceptos regulatorios que se promueven como universales pero que en la práctica, dividen, segmentan, estratifican y violentan a las poblaciones.

Existen suficientes evidencias que documentan conflictos de carácter internacional e interestatal por el acceso al agua. Especialmente las poblaciones indígenas se han visto afectadas por la intervención del Estado en el modo particular con que este ha intentado preservar el vital líquido. La realidad es que se ha tratado de formas económicas fallidas que sobre explotan la tierra como es el caso del monocultivo de la palma africana en Chiapas, de donde se extrae su aceite que se industrializa para alimentos, cosméticos y otros productos. O bien, de medidas para impulsar el crecimiento económico de las regiones mediante el turismo, intentando guardar el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo económico. El denominado ecoturismo ha provocado en el estado mencionado el desplazamiento de poblaciones indígenas, el despojo de sus tierras de cultivo, la destrucción del hábitat de diversas plantas y animales y, precisamente, la apropiación -o la expropiación- de las reservas del agua, no importando las consecuencias sociales que ello genere.

Monocultivos y ecoturismo son dos fenómenos que expresan la situación de ecocidio en regiones del país que se encubren de desarrollo sustentable. Concepto este último que se presenta como abstracto e inoperable dentro de las prácticas económicas y agrícolas del mundo indígena. En tal sentido, resulta impostergable que el propio Estado mexicano modifique su enfoque de desarrollo, preservación y cuidado del agua, apostando por tener como aliados privilegiados a los pueblos originarios, quienes ofrecen una manera distinta de aprovechar los recursos de la naturaleza sin que nadie sea propietario o dueño de ningún recurso. En la cosmovisión de los pueblos la tierra como el agua no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra y el agua. Una construcción significativa de suma importancia que tendría que incorporar en la base de sus fundamentos ético-políticos toda legislación mexicana.

Fuentes consultadas: Comisión Nacional del Agua. Los Consejos de Cuenca. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110940/Generalidades_Consejos.pdf. Fecha de consulta: 26 de junio, 2018. /

Enciso, A. “El gobierno optó por privatizar y comercializar el recurso” en Agua, La Jornada Especial, México, 2005, p. 117.

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