Antonino García, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, afirmó que debido a la riqueza en recursos que tiene Chiapas, se ha convertido en la bodega de extracción de recursos para México y otros países que mantienen proyectos extractivos de minerales, hidrocarburos y de agua, lo que ha llevado al Gobierno a establecer mecanismos legales para su manejo como la Ley de Seguridad Interior o los 10 decretos sobre el agua.

El investigador afirmó que se denomina extractivismo a la actividad que una empresa ajena a la zona realiza para apropiarse de los recursos, los extraen, transporta y comercializan, sin que exista un consentimiento o beneficio a las poblaciones.

El extractivismo mantiene una presencia importante dentro del Estado, García indicó que la Secretaria de Economía tiene concesionadas 140 minas a cielo abierto en el estado, lo que se traduce en 1,121,000 hectáreas del territorio y más 510 mil en la zona norte concesionadas para búsqueda y extracción de hidrocarburos.

El también docente de la Universidad Autónoma Chapingo en su sede de San Cristóbal de las Casas, señaló que existe una industria que se ha hecho en torno al negocio del agua, por lo que la cobertura es deficiente para nuestro estado:

“A nivel nacional en términos de suministro de agua, las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) indican que existe un 90% de cobertura, sin embargo, en Chiapas se calcula la cifra ronda por el 74 por ciento de agua entubada, que no es potable. No obstante, entre nuestro estado y el vecino estado de Tabasco se almacena el 33 por ciento de agua de todo el país”.

García con más de treinta años en investigaciones relacionadas con el agua, ofreció una conferencia en la casa cultural “José de Molina” en Copoya, mencionó que en todos los proyectos extractivos que se realizan actualmente en nuestro estado, casi ninguno deja beneficios a las poblaciones locales, y tomó el ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que mantiene 98 proyectos hidroeléctricos que hasta el momento no abonan al desarrollo local y vulneran la autonomía de los propios pueblos al no ser consultados:

“Estamos jodidos porque hay una política de extracción de recursos naturales sin que la gente de Chiapas sea beneficiada. Si la CFE diera un 10% de lo que produce de energía eléctrica a Chiapas, estaríamos hablando de miles de millones de pesos para hacer escuelas, clínicas de salud, viviendas o fuentes de empleo” afirmó.

En el libro Extractivismo y Neoextractivismo en el sur de México: múltiples miradas coordinado por el investigador García, se revela que en la desembocadura de las cuencas del Río Grijalva y el Usumacinta se calcula que existen 149 kilómetros cúbicos de agua; de lo que se usa actualmente y se evapora se utilizan 2.9 kms; en una proyección a 50 años se espera sea el doble o sea 6 kms. García mencionó que desde el pasado 6 de junio cuando el presidente Enrique Peña Nieto firmó los 10 decretos sobre el agua, se calculó que unos 40 kms más serían para la preservación de la flora y fauna de la cuenca, sin embargo, el restante podría no estar proyectado para la ciudadanía sino para las empresas extractivas:

“En la cláusula 7 de los decretos dicen que lo sobrante de agua (100 kilómetros cúbicos) el Gobierno puede asignarlo a quien considere pertinente o lo solicite, y en Chiapas ¿quién lo va a solicitar? (…) Serán las empresas mineras, de explotación de hidrocarburos, construcción de carreteras y siembra de la palma africana por citar algunos ejemplos los que la utilizaran debido a su alto consumo del vital líquido. Es por su riqueza, Chiapas es considerado la bodega de extracción para México y otros países” finalizó.

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