Remuneración “digna”

Héctor Unzueta Granados

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SESIÓN SCJN

El día 12 de julio al conmemorar el “día del abogado” en México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luís María Aguilar, aprovechó dicho homenaje para expresar algunos comentarios en relación a las medidas a implementar por el nuevo gobierno entrante del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, la reducción de sueldos a altos funcionarios que ganan más de un millón de pesos anuales y demás privilegios de la alta burocracia mexicana. El ministro de la SCJN se refirió así: “Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de estos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y contribuir con una sociedad más justa” (Reforma, 13/VII/18).

Con estas palabras es evidente que el presidente del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación legitima el servicio público que ejercen los juzgadores del país. Sin embargo, la intervención del ministro Luís María Aguilar Morales no está exento de cometer ciertas falacias de las que nos gustaría un tanto detenernos a analizar. Primero, porque el discurso del ministro Aguilar es un contrargumento a una de las medidas que pretende implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Plan de Austeridad Republicana que propone. Segundo, porque las expresiones del magistrado son interdicursivas, es decir, producen y llaman a otros discursos de opinión, incluyendo el de comunicadores en radio y televisión. Aguilar Morales incurre en una falacia del “mal uso de una generalización”. De acuerdo con el diccionario de falacias de Ricardo García Damborenea[1] la falacia del mal uso de una generalización, también conocida como “mala aplicación de una regla” o falacia del Secundum Quid señala que este tipo de argumentos se cometen cuando se aplica rígidamente una regla como si no existieran excepciones. Considera las afirmaciones absolutas como reglas generales, por lo que admitir la existencia de una excepción hace perder la regla. Este mismo autor señala que “no es razonable aplicar las reglas generales de manera rígida, menospreciando las limitaciones que puede reclamar un caso concreto”. Cuando el ministro menciona que las “remuneraciones dignas son condiciones necesarias para un servicio público indispensable”, plantea que el sueldo percibido por estos es una regla absoluta que vale para todos los juzgadores.

Sin embargo, no es verdad que todos los juzgadores ganen 380 mil pesos mensuales. Hasta qué punto se puede sostener que citada cantidad es una remuneración “digna”. Una remuneración digna ante la profunda desigualdad de salarios -ya no digamos de todos los trabajadores del país-, sino del conjunto de directivos, jefes de área y servidores públicos que tienen personal a su cargo. Descrito el asunto anterior, podemos pensar que frente a ciertas circunstancias y frente a nuestro particular contexto nacional, de profundas desigualdades socioeconómicas y acentuada corrupción gubernamental, en donde la remuneración “digna” de 380 mil pesos -y hasta más- que perciben magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación -por ejemplo-, resulta francamente excesiva, desproporcionada. Con salarios exorbitantes y escandalosos los magistrados están comprometidos económicamente con el poder político mediante un intercambio de favores que sólo reproduce y mantiene la corrupción. Es el caso, por ejemplo de la aprobación del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, de quien el TEPJF aprobó sus apoyos (firmas) para ser candidato pese a las irregularidades que documentó el Instituto Nacional Electoral (Proceso, 15/IV/18). Se trata de magistrados que fueron impulsados por senadores del PRI, PAN y PRD para ocupar sus actuales cargos de juzgadores electorales. Son 4 magistrados de 7 que conforman dicho órgano público, quienes aprobaron la candidatura cuestionable del Bronco. Tales hechos no hacen más que pensar que bajar los sueldos excesivos de los magistrados implica un asunto de ciudadanización de los juzgadores, de manera que respondan a los intereses del pueblo y no sólo a los intereses y presiones del poder político.

Es preferible entonces sumarnos al esfuerzo colectivo de construir una nueva República, como plantea John Ackerman, basada en los principios de la austeridad republicana y la justicia social. Será un compromiso ciudadano que tendremos que asumir desde nuestros propios lugares y papeles sociales.

[1] Al respecto puede consultarse el Diccionario de Falacias de citado autor en Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, pp. 84-88.

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