La movilización de Damnificados Unidos de la CDMX es ya un antecedente en los movimientos urbanos en México

Juan Carlos Hernández Rosete

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Imagen: UH Tlalpan

24 de julio, CDMX .- A 10 meses de los sismos del 19 de septiembre del 2017, el día de ayer iniciaron los trabajos para la reconstrucción del edificio 1 C del Multifamiliar Tlalpan. Al acontecimiento le antecede la fortaleza, la estrategia y perseverancia de los vecinos damnificados que, durante casi un año, presionaron a unas autoridades que lo primero que hicieron fue evadir el compromiso de atender la reconstrucción con perspectiva social.

En una fecha que parece tener una explicación más compleja que la casualidad, el 19 de septiembre del año pasado volvió a temblar con magnitud 7.1, por lo que más de 40 edificios se colapsaron, y más de tres mil quedaron afectados. La población volvió a expresar su solidaridad en las calles como en 1985, la reacción volvió a sorprender a todo mundo, pero a las pocas semanas todo fue volviendo a la normalidad y, todos se fueron olvidando de cantidad de personas que aún continuaban -o continúan- en situación de emergencia a 10  meses del terremoto.

Como primer paso para “la atención” a los damnificados, el gobierno de la CDMX puso en servicio una plataforma electrónica en la que habría una relación sobre los edificios afectados con un estatus. El problema es que a la vuelta de tres meses, se podía ver que muchos edificios dañados no aparecían en dicha plataforma, y muchos otros tenían una calificación incorrecta, por lo que los damnificados consideraron que a través de la plataforma se estaba subestimando la dimensión de los daños.

A finales de noviembre de 2017, con Mancera aún al frente del gobierno de la ciudad, se aprobó una Ley de Reconstrucción. Sin embargo, un gobierno que entendió durante toda su administración lo urbano como fuente para la obtención de recursos, que al margen del cualquier principio de ciudad incluyente, lo que impulsó fue una restricción en el acceso a las zonas de la ciudad con mejor infraestructura y servicios bajo conceptos como el de “renovación urbana”, un gobierno con esa vocación no podía proponer otra cosa más que una Ley de Reconstrucción con una orientación mercantil. En esa propuesta, a los damnificados se les ofrecieron créditos para que pagaran su propia reconstrucción, estudios socioeconómicos para determinar a quién sí y a quién no se le daban apoyos, y opciones aberrantes que la población había rechazado desde hace años como la redensificación.

La población damnificada rechazó dicha ley con argumentos jurídicos y técnicos, y buscaron otras rutas (como la elaboración de un censo propio de construcciones afectadas) para hacer que las autoridades asumieran su compromiso de encarar la reconstrucción con recursos públicos. Tuvieron avances respecto a la aclaración de los trámites para la realización de estudios y obtención de dictámenes, fueron recibidos en la Asamblea Legislativa en múltiples ocasiones para el trabajo en mesas; ahí lograron el reconocimiento de una representación de predios, pero como ellos dijeron en varias ocasiones, “cuando sentían que avanzaban un paso, retrocedían dos”. En febrero renunció el primer comisionado para la reconstrucción (Ricardo Becerra) quien argumentó que su labor era truncada por los asambleístas Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, quienes al parecer buscaban retrasar el inicio del proceso.

Meses después se nombró a un nuevo Comisionado para la Reconstrucción (Edgar Tongüi) a quien le llevó dos meses sentarse a la mesa con los damnificados. Con él y después de muchos esfuerzos, se acordó una ruta que semanas adelante se perdía cuando las autoridades no llegaban a las mesas. Los damnificados se sentían engañados, decepcionados, denunciaron en varias ocasiones la propuesta de autoridades de desarticular la movilización al proponerles atender los casos de manera individual. Sobre esto, Israel Ballesteros -integrante de damnificados del Multifamiliar Tlalpan- comunicaba hace un par de meses que: “Y de ahí para acá todo ha sido una burla, no cumplen ninguno de los acuerdos, se nos cita a reuniones en las que no llegan los titulares de las instituciones con las que tenemos las reuniones, se nos cita para entregarnos documentos y llegan sin nada. Eso sí, con discursos de que avanzaríamos más de manera dividida. Señores del gobierno, no nos convencen, no van a lograr dividirnos con ese discurso. Lo que nos queda claro es cuánto miedo le tiene a que nos organicemos, cuánto miedo le tienen a que marchemos juntos, cuánto miedo le tienen a  que los damnificados no nos encerremos y que salgamos a encontrarnos con otros damnificados”.

Como la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF sólo reaccionó bajo presiones y le gusta despachar de madrugada, a las cuatro de la mañana del viernes 23 de junio firmó un acuerdo con los damnificados de los sismos del 19 de septiembre 2017. En el caso específico de la Unidad Habitacional Tlalpan, se apuntó que las instancias responsables de la reconstrucción y los damnificados se coordinarán entre sí para generar un programa integral, “que no excederá de 30 días siempre y cuando se contara con el proyecto ejecutivo correspondiente”. El domingo se cumplieron los 30 días y el día de ayer iniciaron los trabajos de reconstrucción.

Los Damnificados Unidos de la CDMX enfrentaron con éxito a un gobierno (el de Mancera) que fue insensible con la pérdida de sus familiares y patrimonio, a una Comisión de Gobierno de la ALDF que dio prioridad con los recursos para la reconstrucción a delegados de sus partidos (como en el caso de BJ con Von Roehrich), y a una coyuntura electoral que sin duda frenó el inicio de los trabajos de reconstrucción. Una felicitación a los damnificados de Tlalpan, su movilización ha sentado ya un precedente en los movimientos urbanos en este país.

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