Remuneración “digna” (2ª. Parte)

Héctor Unzueta Granados

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Sin duda, las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luís María Aguilar Morales, resonaron en ciertos líderes de opinión en medios que, como Sergio Sarmiento, han intentado justificar con falacias los sueldos excesivos de altos funcionarios públicos. La semana pasada analizamos un fragmento del discurso del ministro Aguilar, en el marco del día del abogado. Habíamos comentado que se trataba de un contrargumento a una de las medidas que pretende implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Plan de Austeridad Republicana que propone. Habíamos comentado también que las expresiones de citado magistrado son interdicursivas, dado que producen y llaman a otros discursos de opinión, incluyendo el de comunicadores en radio y televisión.

Conocido por conducir el noticiario matutino en radio Red, 92.1 de frecuencia modulada, el periodista Sergio Sarmiento expuso en su columna titulada Jaque Mate lo que sigue: “López Obrador dice que bajaría los sueldos de todos los altos funcionarios. Así tendríamos secretarios con ingresos de quizá 60 mil pesos al mes y subsecretarios con tal vez 50 mil. Esto no solamente haría difícil encontrar personas calificadas para muchos cargos, sino que haría que los altos funcionarios ganaran menos que mucho personal de base” (Reforma, 13/VII/18).

Ahora analicemos parte de estos comentarios. Pues bien, Sarmiento incurre en la falacia denominada “eludir la carga de la prueba”, dado que el proponente, en este caso el mismo periodista, no aporta razones que fundamenten la conclusión de sus argumentos, es decir, pretende que esas razones sean aportadas por el oponente; en este caso, el presidente virtual electo, Andrés Manuel López Obrador. Sarmiento señala que reducir a 60 o 50 mil pesos los sueldos de secretarios y subsecretarios, respectivamente, dificultará “encontrar personas calificadas para muchos cargos”, como si el desempeño de un alto funcionario público dependiera absolutamente del factor económico, de que sea bien pagado éste y no de su proceder ético y profesional. Son demasiados los profesionistas calificados, médicos, enfermeros, profesores, ingenieros, abogados, etcétera., cuyo desempeño no está determinado por el sueldo que perciben, sino por su responsabilidad de servicio público que prestan. El comentarista apela además a una autoridad que no está bien visto discutir. Se trata no sólo de los secretarios, sino de los magistrados que hoy, son tema de discusión pública ante las reformas estructurales que pretende implementar el nuevo gobierno lopezobradorista. Sarmiento no plantea razones que fundamenten sus conclusiones dado que no ofrece pruebas de cuánto gana aproximadamente personal de base en las dependencias de gobierno. Pongamos un ejemplo de la realidad laboral, en lo que corresponde al ámbito de la administración pública. El personal de base de la Secretaría de Salud, que controla la red de hospitales de la ciudad de México y los servicios de salud de los centros de salud del país, un jefe de unidad o de área, gana de 14 a 16 mil pesos mensuales; un subdirector de 22 a 25 mil pesos mensuales y un director de 40 mil a 45 mil pesos mensuales. Es decir, Sarmiento falta a la verdad cuando señala que “altos funcionarios ganarán menos que mucho personal de base”. Los datos proporcionados por personal mismo que trabaja en el área de la salud pública revelan que tal dicho no es así.

Aún falta mucho que revisar en materia de sueldos de altos funcionarios y, por ejemplo, salario mínimo de trabajadores, pues la distancia entre estos y aquellos es abismal. Por si fuera poco, el tipo de prestaciones y condiciones de las mismas que goza un magistrado es diametralmente opuesto al que percibe la mediana burocracia, profesionistas y clase trabajadora del país. El trabajador promedio mexicano tiene el IMSS o el ISSSTE que se deduce del total del sueldo percibido. El magistrado cuenta con un seguro de gastos médicos mayores privado con cargo al erario público y no a su sueldo. Por lo pronto, es claro cómo la ausencia de razonamientos claros de parte de juzgadores se replica desafortunadamente en comunicadores, produciendo una opinión pública desinformada.

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