Ciudad de México, 21 de agosto de 2018. Ante la trascendencia del próximo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora -afectados por el derrame de tóxicos del consorcio minero Grupo México- , quienes exigen participar en la decisión sobre la ampliación de una presa de jales de la minera, defensores de la tierra y ONG se unieron al reclamo.

“Nunca nos han tomado en cuenta. Ni antes, ni ahora”, exclamó Maribel Bustamante, habitante de Bacánuchi, en la manifestación ante las oficinas del Máximo Tribunal. “Algo que parece tan lógico, que es nuestro derecho como habitantes de aquí, que nos informen y que podamos opinar sobre lo que van a hacer y cómo nos va a afectar, eso nunca ha pasado.

Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto; la decisión que tomen las y los ministros será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, señalaron las organizaciones acompañantes.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER, organización que acompaña a los CCRS, explicó: “Cualquier persona, en cualquier lugar de México, puede amanecer un día con la noticia de que una obra se construye en las inmediaciones, y esa obra podría tener implicaciones muy graves en su
calidad de vida. Por eso es importante que la Corte defina criterios que permitan la participación de las personas y comunidades con interés legítimo para cuestionar la autorización de esas obras”.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente se sumaron a esta demanda ante la SCJN y entregaron un Amicus Curiae, documento dirigido a los ministros de la Segunda Sala, con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi.

“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho
derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.

Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.

Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que “el derecho al acceso a la información y participación en asuntos ambientales ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que una
decisión positiva por parte de la SCJN estaría cumpliendo con las obligaciones internacionales de México en la materia”.

Trinidad Ramírez, representante del FPDT-Atenco, manifestó que “nos interesa que la Suprema Corte decida a favor de la participación, porque estamos hablando de un derecho humano”.

El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.

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