En opinión de los asistentes a los Foros por la Paz organizados por el gobierno entrante, no se logró una aproximación a las víctimas como se esperaba. En los primeros foros realizados en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, AMLO dijo frente a familiares de desaparecidos: “Olvido no, perdón sí”, lo que generó la reacción de los asistentes argumentando que no puede haber perdón sin reparación del daño. Algunos analistas (como Sergio Aguayo del COLMEX) señalaron que no se aplicó la metodología adecuada para esos eventos, en los que es común, primero, acercarse a las víctimas para escucharlos, para después tener una reunión pública en la que se les devuelve  una propuesta.

En otros cuestionamientos a los foros se ha señalado que, incluso en la Ley en Materia de Desaparición Forzada que se aprobó hace unos meses, se considera que se le hace justicia a las víctimas, cuando procede una reparación del daño con la reincorporación de la persona desaparecida, o las pruebas de su paradero; cuando hay un resarcimiento a la familia (en caso de que el desaparecido haya sido proveedor), y al grupo social de pertenencia de la víctima. Es por esto que se interpretó como algo enunciado muy a la ligera, el “Olvido no, perdón sí” de López Obrador.

Los foros se llevaron a cabo también en Morelia Michoacán, en donde José Manuel Mireles –exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec– abandonó las mesas argumentando que “era una farsa por la ausencia de luchadores sociales en el evento”. Probablemente también fue un ejercicio de sondeo, sin la intención de ir a fondo en la atención a la problemática en esa plaza. Los foros ya no llegaron a Tamaulipas, un territorio muy afectado en materia de desaparición forzada; el grupo de trabajo de AMLO comunicó que no existían las condiciones de seguridad.

Otro mensaje en el tema de seguridad lo puso en la mesa el jueves de la semana pasada Alfonso Durazo, próximo titular de la SSP. Expresó que “las Fuerzas Armadas no regresarían a los cuarteles sino hasta el año 2024”, lo que puede ser motivo de preocupación para las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, para las que han apoyado a víctimas de agresiones perpetradas por miembros del ejército, y para los investigadores en materia de seguridad que desde el 2006, explicaban que la militarización de los territorios no disminuiría la violencia.

Como es sabido, en el año 2006 el presidente Felipe Calderón tomó la decisión más costosa para el país en muchos años al asumir la política de EU en materia de narcotráfico. Sacó al ejército a las calles sin considerar que en muchas entidades la delincuencia organizada actuaba en connivencia con autoridades de todos los niveles, por lo que en muchos casos, la Policía Federal y el ejército se corrompieron y empezaron actuar de la mano de lo que en algún momento se nombró como narcogobiernos.

En un conjunto de trabajos[1] se explica que la adopción de una política con tales características responde a otros objetivos “más allá del ataque a los cárteles de la droga”. En la arena internacional, apuntan autores como Carlos Fazio,  bajo argumentos como la “seguridad nacional” o “seguridad hemisférica”, se definen alianzas –encabezadas por EU– en las que se señalan territorios en la región ricos en recursos, por lo que se exige su resguardo y control como si en ellos no habitara nadie. Acuerdos que incluyen “una integración energética transfronteriza y de megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional”.

En un contexto regional con dichas características, Felipe Calderón metió al país en un conflicto interior, desentendiéndose del contenido de acuerdos internacionales en materia de conflictos bélicos orientados al resguardo de garantías individuales y derechos universales que México ha suscrito. En la concepción del enemigo en la guerra de Calderón, se le definió como un sujeto que tenía que “ser exterminado” a como diera lugar, asumiendo que la empresa tendría sus costos (incluidos miles de civiles) que fueron definidos en ese momento como “bajas colaterales”. En esa visión de exterminio, se le suprimieron los derechos “al enemigo” no obstante que en cualquier conflicto bélico éste es sujeto de derechos. La aplicación de estas “adecuaciones” en cantidad de localidades, las colocó en la condición de estado de excepción, una definición del territorio en la que se han suspendido las garantías individuales y cualquier ciudadano podía ser sospechoso y vigilado en todo momento.

En ese marco las Fuerzas Armadas se sumaron sin reparo al conflicto interno que inició Calderón en una situación legalmente incierta desde el principio, para lo que les urgía la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La realidad es que hoy éstas enfrentan cantidad de denuncias por agravios que han cometido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado su participación en casos de tortura de manera sistemática, en ejecuciones sumarias, en la aplicación de la desaparición forzada y otras acciones que son  calificadas como crímenes de Estado.

Semanas antes de las elecciones del primero de julio, la Universidad Iberoamericana invitó a los candidatos a la presidencia a un evento (que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia) para conocer su propuesta en materia de violencia e inseguridad. De manera previa, la universidad les proporcionó un documento con un diagnóstico sobre la problemática, pero en el evento se pudo ver que los candidatos –incluido el de AMLO– no se aproximaban en sus propuestas a lo que hay de fondo en materia de violencia e inseguridad.

Esperamos, muchos creemos que a partir del primero de julio se abordará el problema en su complejidad y con los recursos que se requieren. En la expectativa de la gente que investiga en los temas de violencia e inseguridad, la presencia del ejército en los territorios significa la continuidad de la política de seguridad que inició con Calderón.

[1] Veáse Fazio 2016; Valencia, 2016; Buscaglía, 2016, Hernández, 2011 y otros.

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