Otra vez “Kiko” Vega se adelanta a resolución de la SCJN y da banderazo a desalinizadora de SQ

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Sin esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si es o no inconstitucional el decreto legislativo que da vida a los contratos de asociación pública privada (APP) para construir dos plantas desalinizadoras en la región costera de Baja California y el drenaje pluvial de Mexicali, que representan un endeudamiento público de 82 mil millones de pesos por hasta 37 años, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid formalizó el “inicio” de la construcción de la desalinizadora israelí en el valle de San Quintín.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / 

4 de octubre del 2018.- Esto lo hizo ayer en una reunión con representantes del influyente Consejo Agrícola de Baja California y ejecutivos de la empresa Kenton, un híbrido mercantil que inició su conformación en 2015 con el propósito especial de diseñar, financiar, construir y operar durante 30 años una planta de desalinización de agua de mar en el Valle de San Quintín (Ensenada), la cual tendrá una capacidad de producción inicial de 250 litros por segundo y se espera que esté en pleno funcionamiento en el último trimestre del 2019.

Kenton es fruto de un consorcio en donde el corporativo Fluence posee el 51 por ciento de las acciones y el resto las comparte las empresas minoritarias bajacalifornianas Libra Ingenieros Civiles y RJ Ingeniería Mexicana.

Fluence Group Ltd nació a su vez el año pasado de la fusión de las transnacionales israelitas Emefcy Ltd y RWL Water, ésta última concesionaria original del gobierno estatal para desarrollar el proyecto de la desalinizadora en San Quintín y propiedad del magnate presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Steven Lauder.

Francisco Vega informó en la reunión de trabajo que la desalinizadora del valle de San Quintín cubrirá las necesidades de agua potable que tienen los más de 108 mil habitantes de la región, por lo que en noviembre, y durante 20 meses, Kenton realizará trabajos para construir los caminos de acceso y movilización al sitio, las zanjas para la tubería que conducirá el agua de mar tratada, la instalación de postes para suministro eléctrico, las plataformas de pozos y las excavaciones de suelo para el edificio de la planta.

Esto, gobierno y empresa lo harán pese a que desde los primeros días de enero pasado la Suprema Corte de Justicia estudia la petición de 11 diputados de Baja California para declarar inconstitucional, y por lo mismo inválida, la aprobación del decreto legislativo 168 relativo a los contratos de asociación público privadas (APP) para la construcción de las dos desalinizadoras y la edificación del drenaje pluvial en Mexicali.

“Kiko” y la cuestionada “primera piedra” de la desalinizadora en Playas de Rosarito (Cortesía).

De esta forma, Vega de Lamadrid repite la forma en cómo actuó el pasado 23 de marzo en Playas de Rosarito, cuando “colocó la primera piedra” de la planta desalinizadora de la transnacional Consolidated Wather Corporation Ltd (CWCO)  -con oficinas centrales en el paraíso fiscal Islas Caimán- que su gobierno también impulsó bajo la figura de APP y que hoy no avanza en obra en tanto la SCJN no resuelve el juicio de inconstitucionalidad.

En la presentación del recurso jurídico contra el decreto, los legisladores solicitantes explicaron que basaron su acción ante la SCJN -en una primera causa- por las violaciones al procedimiento que consistieron en una notificación arbitraria a sesión extraordinaria minutos antes de la hora de su realización y sin orden del día.

Además, algunos diputados recibieron el aviso 15 minutos o media hora después de que la sesión empezó en el congreso, lo que dio como resultado que el dictamen 168 se aprobara con la mayoría de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados.

La segunda causa, abundó el legislador morenista Catalino Zavala, se basó en uno de los argumentos planteados por los 11 legisladores respecto a los recursos destinados -por un periodo superior a 37 años provenientes de los impuestos de los bajacalifornianos- a construir las desalinizadoras y el drenaje pluvial.

De acuerdo con el decreto rebatido, lo que se aprobó en aquel “madruguete legislativo”representa una carga financiera de 82 mil millones de pesos por la construcción de seis obras de infraestructura, cuya garantía de pago es la recaudación gubernamental durante 35 años del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

¿Agua desalinizada para sembrar 10 mil hectáreas más de fresas en el valle de San Quintín? (Cortesía).

De esto no se habló en la reunión del mandatario estatal con parte de su gabinete, el Director General de Proyectos de Fluence Corporation, Avi Bonivay, y el representante delConsejo Agrícola de Baja California, Héctor Uraga Peralta, organización empresarial que en enero del 2015 recibió la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de que su gobierno apoyaría la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar para abrir 10 mil hectáreas más del valle al cultivo de fresas y otras frutillas de exportación –moras y zarzamoras, entre otras- al mercado chino bajo el liderazgo de la transnacional norteamericana Driscoll´s.

Al contrario, el gobernador panista y sus funcionarios destacaron que todos los trámites, permisos y gestiones oficiales para construir la planta se aprobaron en el gobierno de Peña Nieto, por lo que “se procederá de inmediato a iniciar los trabajos de campo”.

Vega de Lamadrid también destacó que, con la puesta en marcha de la desalinizadora, mejorará la calidad de vida de los residentes del valle de San Quintín y se detonará el desarrollo económico de la región, atrayendo mayores inversiones que a su vez generarán empleos.

“Hemos visto cómo se ha registrado una reducción en las hectáreas sembradas por la falta de agua, por lo que este problema no sólo afecta a la población sino a las actividades productivas de la entidad”, apuntó el mandatario.

La obra ya cuenta con pozos playeros aprobados para la extracción del agua marina. Asimismo, el consorcio judío ha dicho que tiene el respaldo de instituciones bancarias y financieras internacionales para sacar adelante su proyecto, que incluye una inversión público-privada por 568 millones de pesos para un periodo de construcción a 20 meses y un plazo de operación de 30 años.

Se espera que la Suprema Corte de Justicia emitirá una resolución al juicio de inconstitucional del decreto 168 del Congreso de Baja California, antes de que concluya el año.

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Contenido publicado con la autorización de 4Vientos

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