Pasaron cuatro horas bajo el sol. De pie. Luego sentados en el suelo, en medio de la calle que habían cerrado para manifestarse. Algunos en las orillas de las banquetas. Todos sin bajar la guardia. El sol calaba pero más la injusticia. Esto les mantuvo ahí. Los niños pequeñitos a un lado de sus madres, en momentos ayudaban a sostener las cartulinas, con paciencia.

En las pancartas los mensajes eran claros: Libertad a Plácido y Anastacio, dos indígenas que forman parte de la comunidad otomí en la Ciudad de México. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria por policías capitalinos, ambos estuvieron desaparecidos durante varios días luego de su detención, ambos se dedican a limpiar parabrisas en calles y avenidas de Coyoacán o la colonia Roma, uno habla muy poco español, el otro nada, ambos fueron acusados de robo y ahora se encuentran en los reclusorios Norte y Sur de la capital.

Con una manifestación realizada el viernes 14 de diciembre frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, ubicadas en Gabriel Hernández 56, integrantes de la comunidad otomí exigieron una audiencia pública con la nueva titular de la procuraduría, Ernestina Godoy.

Además de la liberación de sus compañeros, denunciaron la discriminación, criminalización, maltrato, racismo y una constante violación a sus derechos humanos que existe en contra de las comunidades indígenas que habitan zonas como la colonia Juárez o la Roma.
Los casos de Plácido y Anastacio no son los únicos, pues señalaron que en un par de meses han registrado la detención de 10 personas indígenas que se dedican a la venta de dulces, de artesanías o como limpiaparabrisas. Plácido y Anastacio llevan uno y dos meses presos, pero durante la manifestación se sumaron nuevos casos.

Pasaron las horas y cayó la tarde, alrededor de 50 manifestantes entre hombres, mujeres y niños de la comunidad otomí en la Ciudad de México solicitaban audiencia con Ernestina Godoy, la procuradora capitalina. Todos ellos permanecieron cuatro horas frente a las oficinas de la PGJ. La distancia era de algunos metros, tres o cuatro quizás. El espacio era tan breve físicamente, pero se sentía tan lejos.

Frente a las puertas de la Procuraduría entraban y salían personas de traje o con gafetes de la institución. Algunos volteaban a ver a aquellos que exigían justicia y libertad. Otros salían a fumar con tranquilidad, como si ya hubiesen aprendido a ignorar. Atravesaban la puerta de cristal como si el día fuese normal. Durante cuatro horas no hubo respuesta.
Diego García concejal de la comunidad acusó un doble discurso en el actuar del Gobierno, ya que durante la toma de bastón de presidente se quiso expresar una atmósfera de reconocimiento a las comunidades indígenas, “pero al final no son capaces de atenderlos”, como en esta en esta ocasión frente a la Procuraduría.

 

El caso de Plácido

Plácido suele comunicarse con sus familiares con señas y algunas gesticulaciones debido a su discapacidad para hablar y escuchar. Sin embargo, esto no la ha impedido ser independiente y salir a trabajar todos los días como lo ha hecho desde hace 20 años, mismo que lleva viviendo en la Ciudad de México.

Cuando fue detenido por policías capitalinos, se le acusó de robo de autopartes, específicamente de un retrovisor. Sin embargo, este espejo fue plantado en las manos de Plácido, así lo contó él mismo a uno de sus familiares.

Debido a la dificultad que tiene para comunicarse con otras personas, las autoridades lo trataron como un caso con “problemas mentales”.

Familiares de Plácido denunciaron que ya lo están medicando y sedando en contra de su voluntad. “Dicen ellos que con tres meses de tratamiento y atención para una persona con problemas mentales va a quedar bien de salud”.

“Lo están drogando y medicando contra su voluntad, sin atender que el problema no es mental sino un problema de capacidad diferente, motriz, por ello no hay comunicación”, denuncian.

Las autoridades también les dijeron que “deberían estar contentos, pues en tres meses se lo vamos a entregar bien, va poder hablar bien, va a escuchar bien y se va a comunicar bien”, cuenta su sobrino. Además, les mencionaron que Plácido “es un peligro para la sociedad” que le “dan medicamento para que se pueda recuperar”.

El caso de Anastacio

Roberto es hermano de Anastacio, ambos son de la comunidad otomí en la Ciudad de México. Roberto cuenta que el martes 30 de octubre Anastacio salió a las siete de la mañana como todos los días con el fin de ubicarse en las calles de Monterrey y Puebla, Insurgentes y Monterrey, y de Puebla hasta Álvaro Obregón, donde se pone a limpiar los vidrios de los autos.

Su hora de salida es la siete, pero ese día no regresó a casa. Ni el miércoles. “Nosotros pensamos que se fue con mi mamá al pueblo porque ella se había ido, pero no”. El jueves al medio día un compañero le llama a Roberto para avisarle que su hermano está detenido en la delegación Cuauhtémoc, “me dijo que fuera a verlo porque luego se los llevan directo a los reclusorios”.

Roberto llegó de inmediato pero solo para comenzar una angustiante travesía: “Yo voy de inmediato. Cuando llego me dicen que no está, pero insistí y me dijeron que no se encontraba en ese lugar, que fuera a santa María la Ribera y si no, al torito”. Roberto fue a todos los lugares que le indicaron. “Al fin me encontré con una traductora que conoce a mi hermano y me confirma que está detenido en la Delegación”, sí, en el mismo lugar donde Roberto preguntó al inicio.

“Fui a la media noche del jueves para amanecer el viernes. Les pregunto que si estaba mi hermano ahí, insisto y les digo lo que la traductora. Entonces aceptan que estuvo ahí, y dicen que desde el jueves lo pasaron al Reclusorio Norte”, la sensación de Roberto fue de enojo.

A su hermano lo acusan de robo con violencia a un transeúnte. “La persona que lo acusa y lo señala lo hace desde el parque México, dice que le robó 180 pesos; pero hay un testigo que vio lo contrario”. El testigo, -cuenta Roberto-, detalla que Anastacio no fue detenido en el Parque mencionado sino entre las calles Monterrey y Puebla a las 4 de la tarde.

“El testigo vio como lo subieron a la patrulla”. Cuando por fin los hermanos pudieron verse, Anastacio contó a Roberto que fue llevado a Centro Médico, ahí lo cambiaron de patrulla y lo llevaron a la delegación Cuauhtémoc.

“El testigo no se presentó a la audiencia por miedo a los policías… que se la lleven contra él, por eso no quiere atestiguar”. Y sobre la víctima, Roberto dice que tampoco ha estado presente. En dos meses Anastacio ha tenido una audiencia; “la siguiente estaba programada para el 2 de diciembre pero la cancelaron, no sé qué pasó, lo más probable es que sea hasta el otro año”, cuestionó Roberto.

Al preguntarle si todavía hay personas de la comunidad otomí trabajando en las calles mencionadas, Roberto contestó: pocos. A la mayoría los han agarrado, y los han metido en los reclusorios.

Víctor Caballero abogado que acompaña los casos señaló a medios de comunicación que a través de un oficio se ha indicado que la Procuraduría no cuenta con traductores de la lengua otomí.

“Lo más grave es preguntarnos: ¿cómo les toman declaraciones sin traductor? ¿Cómo es que los comparecen ante los jueces sin haber sido atendidos sin un traductor? Ellos estuvieron ante un Ministerio Público, ¿y cómo es que les leyeron sus derechos para hacerles saber a qué tienen derecho? “.

Cabe recordar que Anastacio habla muy poco español y con mayor medida el otomí, mientras que Plácido habla con señas, pero no en la estructura del español, sino del otomí; además su audición es débil.

“La otra situación grave es que en el tema de Plácido es ingresado con otro nombre que las autoridades se inventan, quizás por alguna gesticulación que él llega a hacer y al final le entienden otro nombre…”, detalló Caballero.

Finalmente, después de cuatro horas de iniciar el mitin, la Procuradora recibió a una comisión conformada por familiares, concejales y abogado.

“Nos recibió la Procuradora y pudimos externar la situación que está atravesando la comunidad indígena con relación al encarcelamiento del compañero Plácido y Anastacio. Se dio un compromiso legal y jurídico de revisar el procedimiento y todo lo que tiene que ver con el debido proceso, y de buscar una salida inmediata. Sobre todo atendiendo que se violentaron sus derechos: no se usaron traductores y a esta altura se trata de un proceso irregular para ambos compañeros”, explicó Diego García tras la reunión con la procuradora.

“Hay un compromiso de que habrá un canal de acercamiento y seguimiento a la problemática que enfrenta la comunidad indígena como un derecho que le corresponde. Hemos logrado el compromiso para que a la brevedad y en los próximos días tengamos a nuestros compañeros en libertad”, dijo García a las mujeres, niños y hombres que se mantenían frente a la PGJ.

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