Presos por defender el agua

Por Tania Ramírez

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No tengo el gusto de conocer personalmente a Dominga González Martínez, pero la idea de algún día poder platicar con ella me entusiasma como también escribir una pequeña parte de su historia y de su lucha.

Dominga González es una indígena nahua originaria de San Pedro Tlanixco y madre de cuatro hijos. Ella se dedicaba a la siembra y al campo, y también estaba comprometida con la lucha y la defensa del río Texcaltengo. Formó parte del Comisariado Ejidal de San Pedro Tlanixco que se oponía rotundamente a la privatización de las aguas que corren por el río grande (Texcaltengo).

A Dominga le costó su libertad el pertenecer al Comisariado Ejidal ya que el día el día 9 de julio del año 2007, a los 45 años, fue detenida en su propia casa, con un despliegue policíaco de alrededor de 30 patrullas con cinco oficiales ministeriales en cada una.

El 27 de noviembre del 2017 le dictaron sentencia de cincuenta años de prisión por el homicidio del empresario Alejandro Issak Basso. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) sostuvo que las autoridades que llevaron el caso junto con el Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca dictó una “sentencia racista” ya que no había pruebas suficientes para que se le dictara esa sentencia; la única prueba que consideró el juez fue el señalamiento de un testigo que fue inducido a declarar en contra de Dominga a través de una fotografía. Cabe mencionar que las características físicas fueron el principal argumento por el que la detuvieron: “una señora morena y chaparrita”. Al momento de su detención, Dominga fue agredida física y verbalmente por los ministeriales, violando así sus derechos humanos como ciudadana mexicana.

Dominga se encuentra recluida en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

San Pedro Tlanixco el pueblo que defiende su agua

San Pedro Tlanixco se encuentra situado en el municipio Tenango del Valle, éste forma parte del Estado de México. Actualmente una variedad de pueblos originarios como son los nahuas, otomí, mazahua, entre otros. En el 2015, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) le dio el reconocimiento a San Pedro Tlanixco como pueblo indígena.

La comunidad indígena nahua de Tlanixco se rige por usos y costumbres; dentro de su territorio se encuentra las aguas del Arroyo Grande que históricamente han sido utilizadas para su uso doméstico por los habitantes de este pueblo. Esta comunidad ha defendido y se ha enfrentado constantemente a grupos empresariales, principalmente del municipio de Villa Guerrero, que en su mayoría se dedican a la floricultura y a la exportación de flores, principalmente a los países vecinos como son EUA y Canadá.

¿Cómo es que empezaron los conflictos?

En el año de 1999 al pueblo de origen nahua se le concedieron cuatro manantiales, lo cual fue mal visto por los empresarios de Villa Guerrero. Fue entonces cuando empezaron diferentes tipos de pugnas entre ambos municipios, éste último tenía ciertos vínculos con el exgobernador Arturo Montiel, del PRI.

Las tensiones crecieron y en 2003 tuvieron como resultado la muerte del empresario de origen español Alejandro Isaak Basso, quien lideraba a los empresarios de Villa Guerrero. Esta muerte fue calificada como homicidio y atribuida a un grupo de seis activistas que estaban en ese momento involucrados en la defensa del agua de los manantiales. Los activistas fueron recluidos inmediatamente en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Están por cumplirse quince años de su aprehensión.

Marco Antonio Pérez González, quien se dedicaba a la albañilería, fue arrestado el 13 de diciembre del 2006 a la edad de 24 años y acusado del homicidio del empresario. Sin embargo, el 14 de diciembre del mismo año también fue acusado por secuestro de once personas por una orden del Juez del Cuarto Penal de Toluca.

Pedro Sánchez Berriozábal, de 38 años, se dedicaba al campo y pertenecía al comité de agua potable. El 22 de julio del 2003 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio y secuestro de 11 personas.

Teófilo Pérez González se dedicaba a la albañilería, fue arrestado el 22 de julio del 2003; le fueron imputados los mismos delitos.

Lorenzo Sánchez Berriozábal trabajaba como obrero; el 12 de diciembre del 2006 fue detenido por los mismos agravantes.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) ha brindado asesoramiento y acompañamiento a los presos y a sus familiares. También se ha trabajado en la defensa de los detenidos ante la condena de 50 años de prisión por delitos que no cometieron y que no han podido comprobarles.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) recomendó al poder Judicial del Estado de México que se apegue a los derechos humanos de los acusados y se evalué nuevamente el caso.

En estos últimos días, Front Line Defenders, organización de derechos humanos con sede en Irlanda, pidió al gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, y a las autoridades competentes que se deslinden a los seis presos por falta de pruebas y sean puestos en libertad lo antes posible.

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