Ambos fueron desaparecidos por el Ejército, uno en 1974 y el otro en 1993.

Ciudad de México, 28 de febrero de 2019. En días pasados, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato emitió una resolución en la que ordena a las autoridades federales y estatales de Guerrero y Chihuahua realizar diligencias de investigación de manera, seria, imparcial, profesional, diligente, exhaustiva y efectiva en torno a la búsqueda de Miguel Orlando Muñoz Guzmán y Rosendo Radilla Pacheco, desaparecidos de manera forzada a manos de integrantes del Ejército mexicano.

La Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) señaló que, ante la inacción del Estado, ambos casos han sido denunciados ante instancias internacionales. “El 28 de febrero de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que a pesar de que la familia Muñoz Guzmán denunció la desaparición ante las autoridades militares y civiles para iniciar las investigaciones, éstas no cumplieron con su deber de investigar de manera completa, imparcial y efectiva. Por su parte, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por ser responsable de la desaparición forzada de Radilla Pacheco, así como por la falta de acceso a la justicia y verdad para su familia”, recordaron.

El pasado 9 de julio de 2018, la madre y la hermana de Miguel Orlando y la hija de Rosendo Radilla Pacheco interpusieron una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. La jueza determinó que las autoridades responsables deberán realizar diligencias de investigación de manera seria, imparcial, profesional, diligente, exhaustiva y efectiva en torno a la búsqueda de los dos desaparecidos, debiendo remitir al juzgado las copias certificadas e informando cada 15 días las diligencias e investigaciones que practiquen.

“Ante la impunidad imperante en casos de desaparición forzada en México, resulta urgente avanzar en resolver los casos del pasado para brindar acceso a la verdad y la justicia. Esta resolución resulta un paso importante para los casos Radilla y Muñoz, además de sumarse a un cúmulo de decisiones nacionales e internacionales que han reiterado la obligación de las autoridades mexicanas para poner fin a esta atrocidad en el país”, consideró la CMDPDH.

Al mismo tiempo en que las y los defensores de derechos humanos reconocieron la importancia de la resolución del Juzgado Noveno de Distrito como una herramienta fundamental para la exigencia de labores efectivas de búsqueda y localización, instaron a que las autoridades cumplan a cabalidad ambas decisiones.

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