Con un clamor de justicia y la promesa de que este evento es solamente el inicio del camino a la verdad, hoy se realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Gobierno del Estado de Veracruz hacia las familias de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroníz, los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por la policía estatal de Veracruz el 11 de enero de 2016.

En las palabras de bienvenida y reconocimiento a la lucha de las familias, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, expresó que la convicción del Gobierno federal es que se debe terminar con la impunidad y prometió que acompañarán a las familias hasta las últimas consecuencias.

Las familias intervinieron para señalar que la ausencia de sus hijos e hija les motivará hasta obtener justicia, y reiteraron que eran jóvenes inocentes, alegres y amorosos que fueron estigmatizados.“Señor gobernador, recibió un estado con instituciones dinamitadas, con funcionarios que trabajan en el crimen organizado. Frente a esto, caminar con las víctimas, sólo lo puede hacer cortando de tajo, haciendo justicia, diciendo la verdad, pero no la verdad a medias, sino que toda la verdad”, llamó don Bernardo Benítez.

El padre de Bernardo enumeró los principales pendientes del caso: Condenar a las 21 personas detenidas bajo un proceso penal correcto e investigar al agente del Ministerio Público coludido y a los funcionarios superiores.

Doña Carmen Garibo, madre de Susana Tapia Garibo, sostuvo que con su lucha buscan justicia y que nadie vuelva a pasar por lo que pasaron su niña y sus cuatro amigos. “Para nosotras como mamás buscar justicia no es ninguna necedad, es un acto de amor, un acto de amor a nuestros hijos, a mi Susana”, añadió. También recordó la situación del estado: “Hoy estamos nosotras aquí por nuestros hijos, pero queremos recordar a tantas mamás de nuestro estado que tampoco se rinden y quieren justicia”.

Don José Benítez, padre del muchacho del mismo nombre, llamó a la sensibilidad de las autoridades “porque llevo mil 158 días del mismo pesar. Exijo la finalización de nuestro caso, porque lo merecemos”.

Por su parte, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló su esperanza de que el evento pueda reconfortar a las familias y acompañar a la justicia, y apeló a las autoridades: “Hemos llegado a este momento con la convicción de que los ofrecimientos de cambio deben estar acompañados de signos concretos, de poner en el centro a las víctimas, de medidas contundentes que corrijan lo que se ha hecho de forma equivocada. Que no haya más casos Tierra Blanca depende ya enteramente de ustedes”.

En su intervención, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció la responsabilidad del gobierno estatal por la desaparición de los chicos y de Susana, por la colusión de autoridades y crimen organizado, por la impunidad y la criminalización contra las víctimas: “Les ofrezco una disculpa por el actuar de la policía, por la detención ilegal y arbitraria de la que fueron víctimas sus hijos e hija mientras transitaban en una carretera en el estado de Veracruz.

Les ofrezco una disculpa porque elementos de seguridad que debían protegerlos incumplieron la ley y sin ninguna causa justificada, sin que existiera ningún motivo, se los llevaron y los entregaron a presuntos miembros del crimen organizado”.

El gobernador Cuitláhuac García se comprometió a cumplir con todos los puntos recomendatorios que le corresponden como titular del Ejecutivo estatal. “Somos conscientes que su exigencia de justicia es la principal demanda y debe ser nuestra principal preocupación”, señaló.

Aunque el acto se deriva formalmente de la Recomendación 5vg/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al Gobierno estatal y del dictamen presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes intervinieron reconocieron que el impulso principal fue la incansable lucha de las familias, que ha logrado que distintas instancias actúen y se reconozcan la gravedad de los hechos, el contexto de macrocriminalidad en Veracruz y las fallas del Estado para procurar justicia.

En el acto se hicieron presentes, arropando a las familias, representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, de organizaciones de familiares y de la sociedad civil, así como representantes del cuerpo diplomático y autoridades del estado de Veracruz, incluyendo al fiscal Jorge Winckler y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez.

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