Consolidar a los órganos autónomos

Por Max González Reyes

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El proceso democrático en México se ha presentado de manera gradual. Desde las décadas de los setenta y ochenta se han presentado reformas que han avanzado a cuentagotas a fin de tener un sistema donde se respete la voluntad ciudadana. Esas reformas han venido limitando el quehacer del Estado en diversos sectores las cuales se han reflejado en la autonomía de diversos órganos para que lleven a cabo una función específica.

En este sentido, poco a poco han cobrado fuerza instituciones como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora convertido en Instituto Nacional Electoral, INE), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI, antes conocido como Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI) y recientemente la Fiscalía General de la República. Estos son sólo algunos de los órganos autónomos vigentes hoy en día pero desde luego hay más.

La razón de crear los órganos autónomos fue otorgarles tareas específicas que realizaban los gobiernos centrales con el objetivo de que al dotarlos de autonomía se mantuvieran alejados de los procesos políticos y por lo tanto no estuvieran contaminados de filiaciones partidistas. En ese sentido, la autonomía les daría la libertad de considerar herramientas y metodologías técnicamente mejores para realizar una función específica, sin estar sujetos a decisiones de corte político, pues estarían dotados de carácter técnico e imparcialidad en la toma de decisiones, así como fijar sus propias normas de funcionamiento, lo cual incluye el financiero y logístico.

Con este antecedente, en 1994 se aprobó la autonomía al Banco de México (Banxico), la cual se encarga de la política monetaria del país; el IFE obtuvo su autonomía en 1996 y se le otorgó la completa organización de los procesos electorales en el país; el INEE nació en 2002 durante el  sexenio de Vicente Fox, pero a partir de 2013, después de las enmiendas a la Reforma Educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se convirtió en un órgano público autónomo. Por su parte, el Coneval obtuvo su autonomía en 2014 a fin de generar información de la política social y la medición de la pobreza en México. Asimismo, el Inegi obtuvo su autonomía en 2008; y el IFAI, que en mayo de 2015 cambió de nombre a INAI tras la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, con el cual obtuvo su autonomía; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que había sido creada en 1990, fue autónoma en 1999.

Sólo por mencionar un ejemplo de estos órganos, la organización, desarrollo y conclusión de las elecciones era una función que realizaba el Estado a través de la Secretaría de Gobernación. Pero su participación iba más allá de esas funciones, pues se convertía a juez y parte del proceso, toda vez que se encargaba de la calificación de los procesos electorales en los tres ámbitos, local estatal y federal. Basta recordar que la caída del sistema en las elecciones de 1988, llevó a promover reformas para desligar del Estado esa función y permitir que fuera un ente separado quien organizara y calificara el proceso, así fue que nació el IFE. Esta reforma dio un amplio reconocimiento al nuevo organismo pues en un principio fueron personajes apartidistas quienes conformaron el nuevo órgano autónomo.

Tampoco se debe omitir que en la creación de estos órganos hubo fallas, pues con el paso del tiempo fueron atrapados por intereses partidistas y presidenciales a fin de poner a personajes con una clara tendencia en sus direcciones, es decir, la intención original con la que fueron creados no cumplió su propósito en su totalidad. Es claro que la autonomía no ha sido sinónimo de parcialidad en la toma de decisiones pues en más de una ocasión han dejado mucho que desear. Basta señalar la forma de designación de sus integrantes: los proponen el Ejecutivo y los partidos políticos con la ratificación del Congreso. Lejos de ser organizaciones con representación ciudadana, se volvieron feudos de intereses políticos o incluso presidenciales. Por otro lado, los órganos constitucionales autónomos no muestran transparencia ni un mejor nivel de desempeño.

Con todo y esas fallas, sería un grave error limitar su accionar como lo ha propuesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, en su conferencia mañanera del 12 de febrero, el Mandatario criticó los órganos independientes como el INAI y las organizaciones de la sociedad civil.

El Presidente señaló que “se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno, para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del gobierno eran unos corruptos”.

Hay que recordar que una de las razones por la que se reconocieron los triunfos electorales paulatinos de los grupos de oposición al entonces partido hegemónico fue en buena medida porque el organismo que organizaba de las elecciones (el IFE) estaba separado del gobierno. La autonomía de varias instancias, con toda su deficiencia, ha servido de contrapeso al gobierno por lo que limitarlos sería cargar la balanza a un solo lado como estaba décadas atrás, y eso sería un grave retroceso a lo poco que hemos avanzado en materia democrática. Sería mejor pensar en consolidar a los órganos autónomos y procurar su total independencia política y financiera del poder en turno. Sólo así tendríamos instituciones sólidas que permitan consolidar la democracia a la que pretendemos acceder.

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