Exigen al Gobierno implementar recomendaciones de la ONU sobre el derecho humano a agua y al saneamiento

Por Andrés Domínguez

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Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) informó que existe un nulo avance en el cumplimiento de las recomendaciones que hiciera Leo Heller, relator especial de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) desde su visita en 2017, que hiciera señalamientos puntuales acerca de las violaciones a la población mexicana sobre su derecho humano al agua y saneamiento.

La COMDA señaló que es urgente promulgar en plena colaboración de todos los interesados pertinentes, una legislación general, que dé pleno efecto a los derechos humanos al gua y el saneamiento.

Ante ello, la Coalición recordó a las autoridades de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial su deber de atender las Recomendaciones internacionales que México ha recibido en materia de derechos humanos al agua y al saneamiento, de Leo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas encargado de la vigilancia y promoción de estos derechos, contenidas en su informe de Misión a México (A/HRC/36/45/Add.2) de 2017.

También, las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas derivadas del examen a México de 2018 y contenidas en sus Observaciones Finales (E/C.12/MEX/CO/5-6).

Entre las Recomendaciones del Relator Especial destacan:

  • Promulgar sin dilación indebida y en plena colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derecho internacional y en la Constitución mexicana.
  • Actualizar con urgencia las normas de calidad del agua potable siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ejercer vigilancia y supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y más orientadas a la protección de la salud.Intensificar medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres y niñas al agua y el saneamiento, particularmente en zonas urbanas periféricas y localidades rurales dispersas.
  • Velar por que se apliquen tarifas sociales a los servicios de modo que el suministro asequible esté asegurado para todos, y establecer entidades reguladoras oficiales de proveedores privados y públicos.
  • Revisar el sistema descentralizado de los servicios de agua y saneamiento con miras a fortalecer el apoyo y la financiación estatal y federal a los proveedores de servicios de nivel municipal.
  • Proporcionar más apoyo y financiación de los diferentes niveles de gobierno a los sistemas de agua y saneamiento gestionados por las comunidades a fin de lograr su ampliación y su buen funcionamiento.
  • Hacer investigaciones independientes sobre los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de desarrollo, las actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas, haciendo hincapié en la contaminación o la sobreexplotación de las fuentes de agua, particularmente cuando esas fuentes de agua se utilizan para abastecer a una o más comunidades.
  • Fortalecer mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas.
  • Asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, instó al Estado mexicano a asegurar una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la administración y a asignar recursos suficientes para el suministro adecuado de agua potable y servicios de saneamiento a toda la población, sin olvidar los grupos más desfavorecidos y marginados y los que viven en zonas rurales y remotas.

Asimismo, le recomienda que asegure una debida protección de sus recursos hídricos frente a los efectos negativos generados por actividades económicas y de explotación de recursos naturales; que determine sanciones para las empresas cuyas actividades contaminen los recursos hídricos; y que establezca un sistema adecuado y sostenible de gestión y tratamiento de aguas residuales. El Comité también alienta al Estado mexicano a considerar favorablemente el cumplimiento de las Recomendaciones del Relator Especial en la materia.

Ante ello, la Coalición mencionó que si bien entre los 100 compromisos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dos de ellos refieren a la protección de las fuentes de agua, si no se implementan las medidas legislativas, de políticas públicas y presupuestos correspondientes, ya que no bastará con declarar que.

“No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking” y “No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua.”

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