• En un hecho insólito, pasarán unos meses para determinar si procederá la denuncia en contra de la Embajada Canadiense y determinar si vinculación por acción y omisión del asesinato del activista.

Por Andrés Domínguez 

La familia Abarca Montejo acompañado de Otros Mundos A.C, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas y Mining Watch Canadá, acudió a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia por Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo.

El pasado 5 de febrero, Jose Luis Abarca, hijo de Mariano, solicitó al Comisionado de la Integridad el Sector Público de Canadá abriera una investigación a la Embajada de Canadá en México, porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida del activista chiapaneco y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

Dicha solicitud presentada, demostró con documentos y el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que el apoyo que la embajada dio a la empresa, aún conociendo la amenaza que representaba para Mariano y su familia. Ya que todos los hallazgos presentados fueron fundamentados a través de la ley de transparencia.

“Se revela que el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, dese su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales” agregó.

Sin embargo, la familia Abarca Roblero recibió la negativa por parte del Comisionado para abrir una investigación, por tanto, solicitaron un recurso de apelación ante la Corte Federal este 25 de marzo. Además, desde el país canadiense se realizar diversas actividades para visibilzar el caso.

Por tanto, Jose Luis Abarca informó que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado.

Además, calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. También, reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho.

“Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones””, comentó Abarca.

Es así que la familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperan la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses, pero indicaron que lo más importante es que el Estado Canadiense acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica del activista ambiental Mariano Abarca.

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