Encuentran sin vida a síndico de Aldama; organizaciones alertaron y gobierno desestimó

Por Andrés Domínguez

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*Este conflicto que inició desde 2015 por la disputa de tierras, ha dejado un saldo de 2 mil personas desplazadas, violencia generalizada y ahora la muerte del síndico.

 *El aparente origen es la disputa entre habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó que inició hace cuatro décadas por la posesión de 60 hectáreas de tierra. Sin embargo desde inicio de 2018 detonó la presencia de grupos de civiles armados que mantienen sitiados no solo a habitantes de los dos municipios, particularmente de Aldama, sino a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la zona. A todos, desde barricadas hechas con costales de arena y piedras, les disparan.

Luego de pasar 4 días desaparecido, Ignacio Pérez Girón, síndico municipal indígena de Aldama fue hallado sin vida y en estado de descomposición a un costado de la carretera libre San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, su muerte se da dentro de un contexto de denuncia por parte de organizaciones sociales que alertaban del recrudecimiento de ataques por grupos paramilitares.

Pérez Girón había solicitado al gobierno estatal en cinco diferentes ocasiones y de forma pública, instalar mesas de diálogo para desactivar lo más pronto posible el conflicto entre comunidades de Aldama y Chenalhó, por la disputa de 60 hectáreas de terreno, que ha dejado decenas de enfrentamientos desde 2015 y al menos 2 mil personas desplazadas.

Hace tres semanas, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” denunció que policías del estado abandonaron su base de operaciones mixta ante ataques de alto calibre por parte de grupos civiles, lo que ponía en riesgo a las poblaciones tsotsiles.

Conflicto

El organismo de derechos humanos documentó desde 2015 la violencia en la región, lo que desencadeno a una crisis humanitaria en la zona Altos de Chiapas, debido a los constantes ataques con armas de fuego y al desplazamiento de decenas de familias, que hoy en día viven en las montañas.

Fue el 4 de abril del 2018, cuando líderes indígenas de Aldama exigieron al gobierno estatal y federal la desarticulación inmediata del grupo armado que opera desde Chenalhó ya que han recrudecido ataques por una presunta disputa de tierras en contra sus habitantes que han tenido consecuencias al dejar heridos, desplazados y muertos.

De hecho, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el ataque perpetrado por un grupo armado oriundo del municipio de Chenalhó el pasado dos de abril hacia indígenas desplazadas de Aldama en el que tres personas murieron.

El día del ataque (2 de abril) indígenas del municipio Aldama, ubicado en la zona Altos de Chiapas, fueron emboscados por un grupo armado que semanas antes había obligado a 235 familias a desplazarse. Manuel Gómez Pérez y sus hijos Alonso Gómez Hernández e Isidro Gómez Hernández, del Paraje San Pedro Cotzilnam, de Aldama, murieron a consecuencia de los disparos de armas de fuego.

Desde ese hecho, la segunda semana de abril del presente año, señaló que ante los constantes ataques con armas de alto poder por parte de un grupo civil de corte paramilitar procedente de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, se necesitaban implementar las medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite entre Aldama y Chenalhó.

Por lo que pedía,  se pusiera especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado, de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

Además, se atienda de manera integral la emergencia humanitaria de la población víctima de desplazamiento forzado, especialmente a personas heridas y familiares de personas asesinadas. Asimismo, investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región.

Análisis

Aracely Burguete Cal y Mayor, antropóloga e investigadora, mencionó que el “conflicto Aldama-Santa Marta, Chenalhó” vuelve a ser motivo de noticia en este año 2019, que inicia. Consternó la pérdida de otra vida.  La madrugada del 22 de enero, dos personas de Aldama fueron heridas y una más asesinada, cuando se dirigían a su cafetal. Los comuneros fueron agredidos desde terrenos de la comunidad agraria Santa Marta, según denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las ráfagas de proyectiles se prolongaron varias horas, produciendo miedo entre la población; lo que condujo a un nuevo desplazamiento forzado. El conflicto se ha agudizado desde 2017 y ha dejado más de una decena de fallecidos, de ambos bandos. Además se produce en un contexto de repunte de la paramilitarización y la capacidad de fuego en el conflicto.

Adicionalmente, hoy el tema adquiere relevancia porque el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, que se ocupe del asunto. Abriendo la esperanza que esta medida pueda ofrecer justicia a las víctimas.

En lo general, hasta ahora el gobierno federal y del estado ha sido omiso en ocuparse en resolver el fondo de la conflictividad que agobia a los municipios indígenas en el estado, pese a que en muchos casos, los problemas que hoy irrumpen son resultado de equivocadas decisiones gubernamentales. Estos son los casos de Chenalhó-Chalchihuitán, y Aldama-Santa Marta, Chenalhó.

“Urgente solución”

Por su parte, Ismael Brito Mazariegos, secretario de gobierno, mencionó el pasado 24 de abril, que era urgente que se atendiera el conflicto, dijo “es necesario que nos podamos de acuerdo, porque el estado ha hecho su mejor esfuerzo, ha tenido todo la disposición para apoyar a los habitantes, han empleado brigadas de salud u ayuda humanitaria, pero ahora es momento de hacer acciones contundentes”. Sin embargo, las familias desplazadas siguen y ahora se registró la muerte del síndico.

“Quiero ver la posibilidad de que ante agentes municipales, comisariatos y el resto de las comunidades se propaga establecer un acuerdo de no agresión, que todos adquieran el compromiso de no ejercer violencia, con la finalidad de no generar un ambiente pacifico en el municipio circunvecino de Aldama” añadió.

Sin embargo, este día, tras la muerte del síndico, expresó “precisó que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas tiene un alto compromiso con la verdad y la justicia, por lo tanto, en este caso se llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables, a quienes se aplicará todo el peso de la ley”, sin embargo, hasta ahora no ha cambiado el panorama que se vive entre los municipios indígenas, ya que persisten los desplazados y la violencia.

Hallazgo sin vida

Elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las periciales a efecto de conocer la causa de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama y esposo de la presidenta constitucional de ese municipio y esclarecer el hecho.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el cuerpo fue hallado en estado de descomposición, a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

Alrededor de las 19:00 horas del 2 de mayo fue la última vez que su cónyuge mantuvo comunicación telefónica con él, señalando la víctima que se encontraba en San Cristóbal de Las Casas y que se dirigía a Aldama en su vehículo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones y practicarle la necropsia de ley, con el fin de conocer la causa de muerte.

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