* En el marco del tercer año desde su desplazamiento forzado, las familias han deambulado, creído en el gobierno estatal y sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha avanzado nada en la investigación del suceso ni en el retorno seguro a sus comunidades.

El 27 de mayo de 2016, derivado del desacuerdo por elecciones municipales en el proceso electoral de 2015, más de doscientas personas tuvieron que ser desplazadas del Ejido Puebla de San Pedro Chenalhó, junto con la destrucción y saqueo de 46 familias a la par de dos muertes: uno de ellas, menor de edad.

Las y los desplazados del Ejido Puebla desde ese entonces han exigido una Mesa de Reconciliación que esté encabezada por una persona que conozca la realidad del municipio, y la cultura, hable el idioma, y que de preferencia sea indígena.

Las familias desplazadas se habían mantenido en un campamento en San Cristóbal de las Casas, donde se mantuvieron alrededor de un año, ante la falta de acción por parte del gobierno del estado, ya que no se había investigado a las personas que realizaron el desplazamiento, la aprehensión de las personas que perpetraron las muertes y no fueron retornadas a su lugar de origen, decidieron movilizarse.

De forma intermitente, se plantaron en 3 diferentes ocasiones a las afueras del Palacio de Gobierno, como una medida para exigir se cumplieran los acuerdos firmados, sin embargo, han pasado 3 años y como lo dijo Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos K’untik y abogado del caso, “no se ha movido ni un centímetro el caso”.

En su última movilización, las familias desplazadas del ejido Puebla tomaron la caseta Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas, además, instalaron un campamento donde se mantendrán otro día, para realizar labores de volanteo y boteo para recaudar fondos para su situación de inestabilidad.

El defensor señaló que han tenido acercamiento con el gobierno estatal, sin embargo, no han decidido profundizar en la problemática, detener a los responsables y el regreso a las comunidades de las familias.

Esta actividad se realizó con el apoyo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatza” y el Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento-Nacional (MOCRI-CNPA-MN).

Cadenas, a nombre de las familias, dijo que estos 3 años han sido difíciles ya que han padecido diferentes situaciones que las han llevado a situación de vulnerabilidad en temas como alimentación, salud y educación, que han sido documentados en la recomendación 90/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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