Durante el gobierno de EPN fueron asesinadas 473 personas de la comunidad LGBT+

Por Daniel Vivas

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foto Indice Político

Ciudad de México 19 junio 2019-  El suplemento mensual de la organización encargada de la difusión sobre VIH/sida, derechos humanos, sexuales y reproductivos, LetraeSe, reportó que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas LGBT+ fueron asesinadas en México por motivos relacionados con el odio, a causa de la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas.

A pesar de los avances en cuestión del reconocimiento de los derechos de personas LGBT+ en la última década, en promedio la cifra que representa 473 asesinatos por odio en México, equivale a 79 personas LGBT+ asesinadas por año, lo que da un total de 6.5 homicidios por mes. Además, en los últimos años 2017 y 2018 fueron los más violentos para dicha comunidad, pues muestran un aumento de 30 por ciento del número de homicidios con relación al promedio de los años anteriores.

LetraeSe basándose en su informe de  Violencia Extrema. Asesinatos de personas LGBTTT en México:  los saldos del sexenio (2013-2018), señaló que la cifra real es superior a la registrada, ya que las notas periodísticas, en las que se basa el documento, no reportan todos los casos de muertes violentas por homicidios en contra de las personas LGBT.

Por otra parte, el suplemento reportó que las personas que estuvieron más expuestas a sufrir actos de violencia homicida, fueron las mujeres trans o personas trans con expresión femenina ya que se convirtieron en las víctimas más numerosas con 261 asesinatos, lo que representa 55 por ciento del total de registros; seguidas de los hombres gay/homosexuales, con 192 casos, 40 por ciento del total. Así mismo, se registraron los feminicidios de 9 mujeres lesbianas; los homicidios de 5 hombres bisexuales, o percibidos como tales; y el feminicidio de una mujer bisexual o percibida como tal, destacó LetraeSe.

El promedio general de edad de las victimas fue de 32 años a 40 años; así pues, el informe destaca que 24 personas defensoras o promotoras de los derechos LGBT fueron asesinadas en todo el sexenio pasado; así mismo, 9 eran portadoras del VIH; y 4 eran migrantes centroamericanas. A su vez subrayó, que Veracruz encabeza la lista con al menos 43 asesinatos, seguido por Guerrero con 39, Quintana Roo con 33, Estado de México con 30, Chihuahua con 28, Puebla con 27, y Tamaulipas con 25.

Ahora bien, LetraeSe indicó que el primer cuatrimestre del presente año 2019, se registraron 28 asesinatos de personas LGBT. De estos, 16 víctimas eran mujeres trans, 11 eran hombres gay/homosexuales y un muxe. De continuar esta tendencia, 2019 también registrará un  número al alza de este tipo de homicidios.

El patrón de tortura que presentaron las victimas de odio en función de su identidad sexual y género fue que: “La mayoría de los cuerpos de los hombres gay/homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortantes. Llama la atención que 6 de las mujeres lesbianas fueron ultimadas junto con su pareja o en presencia de su pareja”, indicó LetraeSe.

El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es el ensañamiento con el que son cometidos. Los resultados del monitoreo dan cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas la mayoría de las víctimas. Al menos 22 de las víctimas sufrió violencia sexual, y los cuerpos de al menos 60 de las víctimas aparecieron con “marcas de tortura”, puntualizaron.

Crímenes de los que identificaron 136 presuntos responsables de los homicidios, lo que equivaldría a solo una tercera parte del número total de víctimas LGBT registradas, cuyo promedio de edad fue de 24 años. Promedio de edad menor al de sus víctimas. De ellos, solo 14 habían recibido sentencia condenatoria al momento de realizar el monitoreo y 6 fueron liberados debido a fallas en el proceso cometidas por los ministerios públicos.

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