Por Sididh

Ciudad de México, 24 de junio de 2019. La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y organizaciones acompañantes de las familias de los normalistas llamaron la atención sobre la impunidad en la que se mantiene la tortura perpetrada por funcionarios encargados de las indagatorias en el caso Ayotzinapa, tras la difusión de un video del interrogatorio y tortura contra una persona detenida.

Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh, organizaciones acompañantes de las familias, señalaron que este material gráfico confirma que la investigación de la desaparición de los normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos.

La ONU-DH condenó categóricamente los actos de tortura y reiteró el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura. “Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, recordó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.

El caso de la tortura a la persona mostrada en el video fue documentado por la ONU-DH en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. Esta persona fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos. Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

“En respuesta a señalamientos como el de la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República- negó haber construido la llamada “verdad histórica” con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en 2 casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración”, denunciaron las organizaciones acompañantes.

Agregaron que la CNDH, en su Recomendación sobre Ayotzinapa, evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo en 8 de ellos hubo tortura. En particular, respecto del detenido mostrado en el video, la CNDH expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de prueba y pese a la reiterada denuncia del propio detenido.

“La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación”, advirtieron las organizaciones.

La ONU consideró que el video comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso, pues las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra de esta persona detenida y, a pesar de ello, no actuaron debidamente. “Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó Jan Jarab.

Para las organizaciones firmantes, el video difundido confirma que la investigación del caso Ayotzinapa se usó la tortura; acredita la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el Gobierno Federal, como la ONU – DH; coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad en el caso. Confirma también que los importantes esfuerzos que ya realiza la Comisión Presidencial para indagar el caso deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República. “En este sentido, el video difundido recuerda que está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia”, agregaron.

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