Aumentan los desplazamientos en Chiapas y Gobierno sin solución

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*Tras 3 años de desplazamiento interno forzado, las familias indígenas del Ejido Puebla, Chenalhó siguen sin el retorno a sus comunidades.

Por Andrés Domínguez

Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos K´untik comentó que el Estado Mexicano no ha encontrado una solución de fondo para prevenir los desplazamientos forzados internos, ya que se han suscitado nuevos en Chiapas en semanas recientes.

Familias de San José El Bascal en Salto de Agua y las comunidades de San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza en San Andrés Duraznal han sido desplazadas de sus casas de forma forzada por grupos que portaban armas de fuego.

El 25 de junio de 2019, a las 13:00 hrs. aproximadamente, grupos civiles armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, atacaron con armas de alto poder y desplazaron forzadamente a la comunidad San Pedro Hidalgo. Posteriormente también desplazaron forzadamente a la comunidad San Pedro La Grandeza, ambas pertenecientes al pueblo maya tsotsil, del ejido Jotolch’en, en el municipio de San Andrés Duraznal.

Al día siguiente, el 26 de junio de 2019, los agresores quemaron casas, saquearon pertenencias y ocuparon las tierras de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza. Por el riesgo a su vida, integridad y seguridad la población no ha podido retornar. De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 132 personas aproximadamente (28 familias) continúan en grave situación de vulneración a sus derechos humanos. 64 son infantes: 26 niñas y 38 niños.

El 18 de julio, 6 familias de la organización Ikoltyañtyel Lak Lumal (La Esperanza de Nuestros Pueblos), que se organizan en el Congreso Nacional Indígena, (CNI) fueron desplazadas forzadamente de la comunidad perteneciente al pueblo maya c’hol San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, informó el Centro de Derechos.

Aproximadamente a las 4 de la tarde del mismo día, un grupo de personas provenientes del ejido Tioquipan El Bascán, ingresaron violentamente al territorio de la comunidad San José El Bascán y provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas: 7 mujeres, 7 hombres, 22 niñas y niños.

Ante ello, Cadenas Gordillo comentó que el Estado Mexicano no ha tomado en serio sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que no se ha comprometido en prevenir el desplazamiento interno.

“Es indispensable crear políticas públicas (…) El Estado se ha dedicado a administrar y dar ayudar humanitaria, sin buscar soluciones de fondo que prevengan el desplazamiento interno” comentó.

Además, mencionó que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) tendría que poner especial atención de este fenómeno, ya que los desplazamientos, en su mayoría, se han dado por contextos pre, electorales o postelectorales.

El director recordó que es indispensable hacer justicia y sancionar a los agresores de los desplazados, lo que llevaría a un mensaje de que quien cometa este delito será sancionado.

“Hay que empezar a mandar esos mensajes, quienes provoque esos desplazamientos, es indispensable el desarme de los grupos paramilitares, para que se den condiciones de retorno” dijo.

Cadenas Gordillo comentó que en el caso de las familias desplazadas del Ejido Puebla, Chenalhó, en días recientes representantes del Instituto de Observación del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego acudió al campamento para documentar la situación en la que han persistido desde el 26 de mayo del 2016.

Sobre esto, indicó que la presencia de los observadores internacionales será para realizar recomendaciones hacia las políticas públicas del Estado Mexicano, ya que representantes de la Secretaría de Gobernación los acompañaron.

Por último, agregó que han buscado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que les otorgue medidas provisionales que les garantice la protección de la vida e integridad física de las familias desplazadas, ya que la anterior recomendación de la CIDH no es vinculatoria y no se está cumpliendo. 

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