FLEPS pide al Gobierno de la CDMX abstenerse de actos que criminalicen la protesta #NoMeCuidanMeViolan

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Foto: @José Valdemar/ SomoselMedio

Por Wendy Alfaro/ @WendyFraire2

Ciudad de México. – Mediante comunicado de prensa, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), pidió al gobierno de la Ciudad de México, abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta del 12 de agosto, realizada en contra de los policías que violaron a una joven de 17 años en Atzcapotzalco.

El 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad, que enfrentan día a día por parte del estado.

Ante ello, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ -CDMX como una «provocación», señalando que se abrirán carpetas de investigación.

«Seré muy tajante en esto. No vamos a caer en ninguna provocación, esto es una provocación, querían que el gobierno utilizara métodos violentos igual que ellos lo hicieron”, afirmó.

“Claro que habrá carpetas de investigación por lo que ocurrió particularmente en la Procuraduría (General de Justicia) y será la propia institución quien haga las investigaciones y lo resuelva, condenamos los hechos”, precisó.

Por su parte, el FLEPS afirmó “estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecución, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género”.

Cabe destacar que las autoridades tienen prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público.

Por lo que el FLEPS, hizo un llamado al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuraduría de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social.

«Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad», señaló FLEPS

Asimismo, recordaron que aún se encuentra vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas.

Además, mencionan que es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos, por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres.

Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan.

“Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al Estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos”, finalizaron.

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