Lydia Cacho ha vivido más de diez años en riesgo y sin protección efectiva del Estado

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Por Brian Martínez / @MartínezBrianG

Ciudad de México, 25 de septiembre, 2019.- Luego de que las medidas cautelares otorgadas desde el 2009 a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, no han sido efectivas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una reunión de trabajo junto con el Estado Mexicano y la periodista para determinar el estado en el que se encuentran dichas medidas luego de las agresiones y el actual riesgo en el que yace la periodista.

Durante dicha reunión, Lydia Cacho hizo un recuento de la falta de implementación de las medidas comprometidas desde la asignación en el año 2009, momento en que, sin apoyo por parte del Estado, ella tuvo que hacerse cargo de su seguridad.

Se expresó además la necesidad de otorgar medidas idóneas de seguridad, asumiendo que las amenazas y agresiones a las que se ha enfrentado la periodista provienen de la delincuencia organizada, dedicada a la trata de personas y la pornografía infantil en el país.

A pesar del reconocimiento del Estado mexicano respecto a la necesidad de reforzar las diversas medidas de protección, y a las cuatro órdenes de aprehensión restantes en contra de Mario Marín, Kamel Nacif, Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno, hasta la fecha no han sido ejecutadas las órdenes contra los tres primeros. Cuestión que pone en riesgo real, inminente y permanente a la periodista y defensora de derechos humanos.

Asimismo, se ha reconocido que a la facha no existe una respuesta efectiva por parte del Estado Mexicano, al momento que la Policía Federal se ha rehusado a cumplir con las medidas solicitadas a través de la Secretaría de Gobernación.

En dicha reunión el Estado mexicano retomó el compromiso de brindar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de Lydia Cacho, incluyendo su núcleo familiar y personas que le han acompañado en la búsqueda de justicia.

A fin de asegurar la protección integral de la periodista, se acordó conformar una mesa de trabajo intersectorial entre la Secretaría de gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por otro lado, la organización Artículo19 exigió al Estado Mexicano ejecutar las medidas cautelares dictadas en beneficio de la periodista Lydia Cacho y demás beneficiarios, al igual que informar periódicamente el cumplimiento de las mismas a la Comisión Interamericana, además de generar un contexto que garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión de la autora, recordando la disculpa pública emitida por representantes de la Secretaría de Gobernación de México el 10 de enero del presente año.

En dicha reunión participaron la periodista Lydia Cacho; la Comisionada Esmeralda Troitiño, el Relator Espacial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza; la Embajadora Luz Elena Baños del Consejo Permanente de la OEA; el titular de la Dirección General Adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la SER; el Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rosalinda Salinas Durán; y representantes del Estado y la periodista.

Agresiones cometidas contra la periodista

El 21 de julio de 2019, dos hombres, no identificados hasta la fecha, allanaron su casa, asesinaron a sus mascotas y robaron material de trabajo. Suceso identificado como una represalia luego de las ordenes de aprehensión que se emitieron en el mes de abril en contra de Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla y del empresario textilero Kamel Nacif.

Se ha declarado que la intensificación de las amenazas en contra de Lydia Cacho durante el primer semestre del año 2009 derivó en solicitudes de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad personal de la periodista, incluyendo su familia e integrantes del Centro de Atención a la Mujer, A.C (CIAM), que solicitaba justicia para la periodista.

Los días 16 y 17 de diciembre de 2005, Lydia Cacho Ribeiro sufrió tortura con connotación sexual y de género a manos de agentes del Estado mexicano entre su traslado de Quintana Roo al estado de Puebla desarrollada por Mario Marin, a raíz de una denuncia por difamación presentada por el Kamel Nacif, en el contexto de la publicación del Libro “Los demonios del Edén”.

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