Por: redacción Wambra @wambraec

Ecuador está movilizado desde el tres de octubre, después de que el presidente Lenin Moreno anunció varias  medidas económicas que vía decreto entraron en vigencia de forma inmediata y otras reformas laborales que deberán ser discutidas y aprobadas por la Asamblea Nacional. De todas las medidas, la que más resistencia social genera es la eliminación del subsidio al diésel y gasolina. El rechazo social se justifica en una ecuación históricamente infalible: a mayor valor de los combustibles, mayor costo en el transporte público y los productos de primera necesidad. Esta decisión económica es parte de la ruta que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Ecuador acceda a créditos por más de cuatro mil millones de dólares.

La respuesta por parte del sector transportista, estudiantil, indígena y social fue la activación de protestas en todo el país, mientras que el gobierno emitió un decreto de Estado de Excepción permitiendo a las Fuerzas Armadas participar en el control de las protestas, y la emisión de Toque de Queda para la noche del ocho de octubre. El resultado: más de 929 personas detenidas en todo el país, centenares de heridos, hasta el momento se reporta cuatro personas fallecidas, según organizaciones de Derechos Humanos, número que aumenta cada día.

De todas las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno, la eliminación del subsidio al diésel y gasolina extra es la que provoca una directa reacción en la población, que se justifica en una ecuación, históricamente infalible: a mayor valor de los combustibles, mayor costo en el transporte público y los productos de primera necesidad. La respuesta por parte del sector transportista, estudiantil, indígena y social fue la activación de protestas en todo el país, mientras que el gobierno emitió un decreto de Estado de Excepción que se develó con puntos de represión y más de 300 personas detenidas en todo el país.

Detención de manifestante durante protesta en Quito – foto: Ivan Castaneira

¿Qué medidas económicas levantaron la protesta?

El presidente Lenín Moreno el mes de octubre anunció en cadena nacional varias medidas económicas que vía decreto entrarán en vigencia de forma inmediata y otras reformas laborales que deberán ser discutidas y aprobadas por la Asamblea Nacional. Una decisión económica que se acerca a la ruta exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país acceda a créditos por más de cuatro mil millones de dólares.

Las medidas son varias y pueden dividirse en tres grupos: las derivadas del acuerdo con el FMI y que se ubican en la receta liberal  de reducción del gasto público; las reformas laborales para permitir una flexibilización del sector y mayor libertad de operación a las grandes empresas; y las medidas sociales que buscan endulzar, de alguna forma, el descontento social.

Entre el primer grupo se ubica la liberación del subsidio a los combustibles diésel y extra, que usa el transporte público, escolar, de carga y vehículos de gama baja y media, es decir los utilizados por el sector medio y popular, que se ejecuta a partir de la firma del decreto ejecutivo 883-2019.

Esta medida es la de mayor efecto social, no solo porque influye de forma directa en la economía cotidiana de las personas, sino por su contenido político. El movimiento social en Ecuador tiene una larga historia de defender los subsidios a los combustibles y al gas de uso doméstico con movilización social, al punto que los presidentes que intentaron implementar esta receta fueron derrocados o tuvieron que afrontar fuertes protestas, que los hicieron retroceder. El gobierno de Lenin Moreno no es la excepción.

Al siguiente día del anuncio de las medidas económicas, el gremio de transportistas convocó a una paralización del transporte a nivel nacional. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organizaciones sindicales, estudiantes de la universidad pública y organizaciones de mujeres, en rueda de prensa, llamaron a la unidad nacional de los pueblos oprimidos por el gobierno y convocaron a las medidas de hecho. De esta forma, la protesta que empezó como un paro de transportistas, se convirtió en una movilización nacional de diversos sectores.

Medidas derivadas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI Reformas laborales que se deben enviar para aprobación de la Asamblea Nacional Medidas sociales
 

–  Liberación del precio del diésel, la gasolina extra y ecopaís.

 

– Contratos ocasionales se renuevan con 20% menos de salario.

 

– Impuesto a la Renta único para el banano.

 

– Devolución automática de tributos al comercio exterior.

 

– Eliminación del anticipo del impuesto a la renta.

 

– Reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas, insumos para bienes de capital, según un listado.

– Reducción del impuesto a los vehículos de menos de $ 32 000 USD para uso productivo

 

– Contribución especial por 3 años a empresas que perciben ingresos superiores a USD 10 millones al año.

 

 

– Reducción de vacaciones para empleados públicos de 30 a 15 días al año, con excepción de funcionarios de fuerza pública y servicios sociales.

 

– Trabajadores de empresas públicas aportarán cada mes con un día su salario.

 

– Reformas para nuevas modalidades de contratos: para quienes inician un emprendimiento, contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas, y facilidades para teletrabajo.

 

–  Nueva forma de jubilación patronal: empleadores incrementan aporte mensual en 2% para nuevos trabajadores. Ese valor podrá ser ahorrado en el IESS o en fondos privados.

 

– El IVA no sube, se mantiene en 12%

 

– 300 000 familias más recibirán USD 15 mensuales adicionales a través de diferentes bonos

 

– Eliminación o reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales.

 

– Eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras, tabletas

 

– USD 1000 millones para créditos hipotecarios desde noviembre, a una tasa del 4,99%.

Manifestación ocupa av. 10 de agosto en Quito – foto: Ivan Castaneira

El jueves tres de octubre Ecuador amaneció paralizado. Dirigentes del transporte público, de carga, de turismo y taxistas llamaron al paro nacional con el objetivo de que se revierta el decreto 883-2019 que elimina el subsidio a los combustibles. Varias carreteras y calles principales de todo el país fueron cerradas.

En Quito, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador (UCE), la universidad pública más grande del país, se unieron a la protesta y avanzaron en marcha hasta el centro histórico. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), también se unió a la movilización. Con un comunicado anunció medidas de hecho indefinidas en todo el territorio nacional, activando puntos de protesta en provincias donde tiene presencia sus bases organizativas como Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua en la Sierra y Pastaza, en la Amazonía.

La Policía antimotines respondió con fuerza. Bombas lacrimógenas, tanquetas fueron usadas para dispersar la protesta sin éxito, ya que se extendió hasta cerca de la media noche. Varios periodistas fueron golpeados, intimidados e impedidos de tomar fotos y filmar. La organización Fundamedios registró 24 periodistas agredidos durante la jornada de protesta de la mañana del 3 de octubre.

La movilización buscaba llegar al símbolo del poder de gobierno en la Plaza Grande donde se encuentra el Palacio de Gobierno, en medio gases lacrimógenos que fueron usados por la Policía Nacional con generosidad.

En la tarde el presidente Lenín Moreno emitió un  estado de excepción que establece la limitación de derechos de movilidad e inviolabilidad de domicilio, así como el llamamiento a las Fuerzas Armadas para mantener el orden. En la noche, la Policía Nacional usaría el decreto para ingresar a un condomio privado donde permanecían manifestantes refugiados del gas lacrimógeno con las palabras “abran, estamos en Estado de Excepción”.

Se registraron también ataques por parte de los manifestantes. Ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana que atendían emergencias fueron atacadas. En un comunicado, la organización rechazó este acto y reiteró que su labor es “neutral, imparcial e independiente”.

Detenciones por cien

En todo el país se contabilizaron 350 detenidos de la jornada de protestas del tres de octubre, según informó en rueda de prensa la ministra del Gobierno, María Paula Romo. En Quito la Policía detuvo  a 81 personas. Abogados de derechos humanos acudieron hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía y hasta las diez de la mañana del cuatro de octubre no se les permitía el ingreso para visitar y acompañar a las personas detenidas. Entre los detenidos están los dirigentes indígenas Marlon Santi, Presidente de Pachakutik y Jairo Gualinga, Dirigente de Jóvenes de CONAIE, además de tres dirigentes transportistas, acusados del delito de suspensión del servicio público. Entre las personas heridas está un joven estudiante de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), que perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena.

Organizaciones de derechos humanos como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) se pronunciaron contra las medidas económicas, la fuerte represión a la protesta  y el estado de excepción como “un acto inconstitucional que pone en riesgo la vida de las y los manifestantes”. Estas organizaciones, que se encuentran acompañando a las personas detenidas en Quito, informaron que solo 32 de los 81 detenidos pasaron el examen médico y que no se está respetando el debido proceso.

Detención de manifestantes en Quito – foto: Ivan Castaneira

Mientras tanto el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en varias ocasiones durante las protestas, primero en preocupación por la situación del país, luego rechazando el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, acudió a flagrancia para verificar el debido proceso de las personas detenidas. Exigió la liberación de los dirigentes indígenas Marlon Santi y Jairo Gualinga e hizo un llamado a la ciudadanía a realizar una manifestación pacífica.

El día dos de las protestas, el cuatro de octubre, se registraron nuevos puntos de  violencia, en el sector de Cangahua, cantón Cayambe, se registraron doce personas heridas, en su mayoría indígenas y campesinos, y un joven fue ingresado al hospital en estado grave. Las organizaciones campesinas e indígenas locales denunciaron que la Policía Utilizó balas de goma, disparando al cuerpo de las personas manifestantes.  A lo largo del día se nuevos detenidos ingresaron a la Unidad de Flagrancia. Ya para la tarde fueron liberados los dirigentes indígenas Marlon Santi y Jairo Gualinga.

En Quito la represión de la manifestación llegó hasta el Parque El Ejido, donde se lanzaron bombas lacrimógenas sin importar la presencia de personas comerciantes, niños y niñas que estaban en los juegos infantiles.

Durante segundo día de manifestación fue repelida con gas lacrimógeno y carros blindados de la policia – foto: Ivan Castaneira
Manifestantes fueron desalojados del parque Ejido impidiendoel ingreso de la marcha al Centro de Quito – foto: Ivan Castaneira

En la noche los dirigentes transportistas llegaron a un acuerdo con el gobierno y anunciaron el fin del paro, con el acuerdo de elevar el costo de pasajes, reducir los impuestos a los productos de transporte, entre otras. Por su parte, la CONAIE anunció que se mantendrá movilizada hasta que el presidente Lenin Moreno retire las medidas económicas.

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