Las organizaciones de la comunidad comentan que policías les robaron sus pertenencias al momento de ser desalojados.

Por Andrés Domínguez

Un grupo de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos llegará este 14 de noviembre a la comunidad 2 de noviembre, municipio de Socoltenango, con el objetivo de observar y documentar violaciones por el desalojo hecho el 4 de noviembre.

El Comité Cerezo México y el Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo solicitaron al gobierno mexicano realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el desalojo realizado en la comunidad 2 de noviembre de Socoltenango, en la que describen existió robo de pertenencias y destrucción de viviendas.

El Comité Popular informó que el día del desalojo incursionaron en la comunidad más de 600 elementos de la policía municipal, estatal, judicial, elementos de la Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional, todos ellos, con armas que dispararon gases lacrimógenos, además, de la portación de armas de fuego, vehículos de volteo retroexcavodaras y una tanqueta desalojaron a 20 familias que viven en esa comunidad.

De las 07:00 horas a las 09:00 horas los elementos policiacos entraron a las casas, robaron las pertenecías que se encontraban en el interior y en el exterior de los domicilios para posteriormente destruir y quemar las viviendas.

Entre las pertenecías robadas por los elementos policiacos se encuentran: animales de corral como gallinas, conejos, becerros, ovejas, así como el maíz y frijol. También se robaron electrodomésticos (refrigeradores, estufas, planchas), herramientas de trabajo (machetes, palas, picos) láminas, muebles, camas, colchones, molinos, cunas de bebes, dinero y ropa.

Antonio Cerezo, integrante del Comité Cerezo, comentó que el desalojo hecho por la Fiscalía General del Estado significa en sí un acto de violencia, ya que no tenían un plan emergente para atender a las 50 personas adultas y 15 niños y niñas que se encuentran ahora desprotegidas.

“Sabemos que decidieron regresar a las tierras, viven en un galerón en condiciones precarias, no pueden trabajar porque les robaron sus enseres” comentó.

El defensor comentó que la problemática de tierras en Chiapas, es debido a que el Estado no ha garantizado a la población el acceso a una vivienda digna, pavimentación, construcción de viviendas, educativas y servicios públicos, por lo que se ven en la necesidad de buscar donde vivir.

“Este gobierno ha iniciado una campaña de recuperación de tierras, pero no es más que concretar una política de desplazamiento forzado interno por la violencia producida por el estado. No garantizar la vida digna de las personas, cuando hicieran dichos operativos debería de tener una alternativa construida, no recurrir a la fuerza y al Poder Judicial para desalojarlos y desplazar familias” enfatizó Cerezo.

La Fiscalía ha informado que con más de 35 desalojos han recuperado alrededor de 7 mil hectáreas.

Esta misión estará encabezada por el Comité Cerezo acompañada de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y organizaciones internacionales de Bélgica, Canadá y Estados Unidos.

Por último, el activista agregó que conocen el contexto de violencia de Chiapas, por lo que piden al Gobierno Estatal garantizar la labor de los defensores para así documentar lo sucedido.

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