Jan Jarab concluyó el último 24 de noviembre su mandato como representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

En su última entrevista con el CINU, Jarab habla de los tres años y medio a cargo de la Oficina que cambiaron su vida, y la de muchas personas en el país.

Por Benjamin Fernandez para el CINU México

¿Jan Jarab, qué le aportó México durante su estancia?

En tres años y medio México cambió mi vida. Yo llegué con 51 años y me parece que todo lo anterior, antes de llegar a México, era tan sólo una escuela de preparación, una prepa, porque lo que viví en México fue tan intenso, en lo bueno y en lo malo, que todo lo anterior se queda un poco gris.

¿Puede mencionar las fechas importantes de la trayectoria de esta Oficina?

Me parece importante destacar que es una Oficina que existe en este país desde 2002 y ya tiene una gran trayectoria. Antes, su participación en reformas legales, incluso en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 2011, el trabajo en el caso Ayotzinapa desde 2014.

Pero, si quiere una fecha de estos tres años y medio, yo puedo mencionar la fecha de 19 de junio de 2016, es la fecha de la tragedia de Nochixtlán, de la masacre de Nochixtlán, que ocurre tan sólo seis días después de mi llegada al país.

Y, por otro lado, la fecha de marzo 2018, cuando publicamos el informe “Doble injusticia” sobre tortura y otras violaciones de Derechos Humanos cometidas por las autoridades en la primera fase de la investigación del caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estas son dos fechas que, desde mi perspectiva, me marcaron bastante por los desafíos que tuvimos, por un lado, de documentar las cosas, pero, por otro lado, también de superar el rechazo de nuestra actividad por el entonces gobierno.

Pero sí se pueden también mencionar fechas de avances importantes y, en ese contexto, tal vez mencionar que se cumplió, el 17 de noviembre, dos años de la adopción de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares, lo que sí es una ley muy importante. Gracias a esta ley se está construyendo el Sistema Nacional de Búsqueda; gracias a esta ley vamos a tener mejoras, estoy convencido, en lo que hace el Estado en el terrible tema de desapariciones.

¿No puede mencionar dos memorias?

Una de las memorias más bonitas es sin duda la liberación de los seis defensores y defensora, porque se trata de cinco hombres y una mujer, de Tlanixco, Estado de México. Es un caso particularmente dramático, pero también un caso que termina bien, si podemos decir bien después de más de una década de cárcel de las personas inocentes.

Pero sí, la oficina tuvo un papel importante en la resolución del caso, en la liberación de estos seis defensores y defensora indígenas, defensores del derecho al agua en un pueblo que se llama San Pedro Tlanixco en el Estado de México. Estas personas eran acusadas, condenadas, tres de ellas ya con sentencias firmes por un crimen que no cometieron y se logró, por varias formas de intervención, revertir estas condenas y que salieran libres.

Otra memoria que es también del ámbito indígena, pero, muy distinta y muy reciente, es cómo se terminó la consulta sobre agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Dieciséis comunidades zapotecas, después de más de una década de lucha verdaderamente, para que pudieran estas comunidades ser co-gestionarias de su propia agua. Y esto en un contexto donde, como bien sabemos, por todo México vemos lo contrario, vemos que las autoridades en los dos gobiernos anteriores han siempre dado preferencia al uso industrial, comercial del agua a las empresas, a las mineras, quitando el agua a las comunidades campesinas o indígenas. Las consultas que hemos atestiguado, acompañado, generalmente en México, son muchísimo más manipulativas y lamentablemente hay muy pocos ejemplos positivos de consulta indígena.

¿Que sabemos hoy de la situación de los derechos humanos en México?

Sabemos que otro México es posible si identifica verdaderamente la raíz de su problema, y la raíz de su problema es la injusticia, en el sentido estrecho, el mal funcionamiento del sistema de justicia, lo que algunos activistas llaman la “improcuración de justicia” o la “procuración de injusticia” activa por el sistema, pero, también justicia social en el sentido más largo, porque sin superar la injusticia estructural, México no puede avanzar sólo a través de crecimiento económico, no pude avanzar solo a través de cambio de ideologías, tiene que superar las dos dimensiones de injusticia: en el sistema de justicia como tal y en la sociedad en general, en sus términos socio-económicos, y esto estoy convencido es algo que sabemos.

La impunidad es el denominador común de muchas de las graves violaciones de derechos humanos ya mencionados, y los avances existen, no se pueden negar en casos individuales, pero, son muy pequeños cuando los comparamos con los desafíos, con la gran montaña de impunidad que nos preocupa.

Y algo muy dramático en México es que la impunidad de homicidios, de agresiones en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos, la impunidad de tortura, la impunidad de delitos cometidos en contra de migrantes o de personas indígenas, la impunidad en feminicidios. Todo esto contrasta con el hecho de que hay personas inocentes en las cárceles mexicanas víctimas de fabricación de delitos.

Lo que sí se necesita es fortalecer las fiscalías en términos de sus recursos, en términos de su profesionalización, pero también en términos de su independencia.

Entonces esto está nutriendo este círculo vicioso donde la falta de capacidad, de procuración de justicia, la falta de capacidad de sentenciar a los verdaderos perpetradores, se compensa encarcelando, torturando o sentenciando a personas inocentes para que se pueda mostrar a la población que estamos haciendo algo. Hay que salir de esta lógica, de que es oportuno restringir, sacrificar Derechos Humanos para combatir la impunidad. Combatir la impunidad significa proteger los Derechos Humanos.

¿Que podemos hacer hoy por hoy?

Podemos construir sinergias entre actores quienes desde varias trincheras, sea desde las instituciones de gobierno, instituciones autónomas, de las instituciones internacionales como esta oficina o otras oficinas de las Naciones Unidas o la Cruz Roja u otros actores internacionales, la sociedad civil internacional y nacional y los colectivos de los ciudadanos comprometidos con varios temas, los colectivos de victimas y quienes les acompañan crear una sinergia para que este movimiento hacia la justicia en la sociedad mexicana se vuelva irreversible.

¿Que podemos esperar?

Podemos esperar que los cambios van a involucrar una multitud de actores y que enfatizar el rol importante de la sociedad civil organizada, los cambios no pueden llegar solo desde los gobiernos, aunque los gobiernos tienen un rol importante y los gobiernos tampoco son homogéneos.

El rol activo de la ciudadanía en todas estas formas, desde las organizaciones de la sociedad civil de la capital con excelentes abogadas hasta los pueblos mayas en el estado de Campeche que están heroicamente resistiendo a las transnacionales que están introduciendo soya transgénica y altísimos niveles de plaguicidas, todos ellos tienen un vector me parece común, ya existe un grado de sinergia, pero hay que mantener este grado de sinergia y fortalecerlo.

¿Qué quiere dejar a México?

Quiero dejar una postura de esta oficina asertiva. Una postura siempre cercana a las víctimas, una cercanía no solo retórica, sino de hechos, acompañando a las víctimas en su lucha por la justicia, como lo hemos hecho con las familias de los 43 de Ayotzinapa, las familias de las personas desaparecidas de varios estados de la federación mexicana.

Hemos acompañada a estas familias desde la búsqueda hasta la formulación de sus demandas hacia el estado, o con las víctimas de tortura, o las comunidades indígenas, o las familias de personas defensoras de Derechos Humanos, o periodistas asesinados, o víctimas de agresiones. Entonces sí, esta dimensión de cercanía hacia las víctimas me parece absolutamente fundamental para esta oficina, claro, tenemos que trabajar en legislación, tenemos que trabajar en políticas públicas, pero nunca debemos de dejar de documentar las violaciones de Derechos Humanos, acompañar a las victimas e intentar en casos individuales hacer la diferencia.

Los casos individuales para mí son muy importantes. Hacer un bien en un caso específico de una persona sí está cambiando el mundo y también porque se necesitan ejemplos que de sí se puede, de que le sistema de justicia mexicano, a pesar de todos sus problemas, finalmente puede mostrar resultados, de que sí la justicia puede prevalecer.

 

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