Fuerzas especiales de Guerrero agreden a defensores de derechos humanos

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Por Mario Marlo/@Mariomarlo

«A 14 meses del desplazamiento forzado de comunidades del municipio de Chichihualco, el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar las condiciones de seguridad mínimas para el retorno de las cerca de dos mil personas que fueron despojadas de sus propiedades y pertenencias.» Así lo denunció la La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), conformada por 86 organizaciones de 23 estados de la República mexicana a través de un comunicado de prensa.

Familias desplazadas informaron que el pasado 28 de diciembre de 2019, alrededor de las cinco de la mañana inició una balacera en la comunidad de El Naranjo, municipio de Chichihualco, que duró alrededor de 8 a 9 horas y que dio como resultado la muerte de Isair López Salgado de 17 años de edad, familiar de un desplazado de la comunidad de Izotepec.

La Red TDT denunció que a pesar de que  la balacera duró más de ocho horas, autoridades estatales y federales nunca llegaron al lugar de los hechos. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón informó que fueron testigos del despliegue de 16 camionetas de la Guardia Nacional, militares y policía estatal, así como el sobrevuelo de helicópteros de la policía estatal, sin embargo, estos nunca intervinieron.

Durante los hechos, los defensores Teodomira Rosales y Manuel Olivares, fueron agredidos y despojados de sus teléfonos y computadoras por miembros de las fuerzas especiales de la policía estatal mientras documentaban la no intervención de la Guardia Nacional.

En el caso de la defensora Teodomira Rosales, la Red TDT detalló que sufrió violencia sexual por parte de las fuerzas especiales de la policía de Guerrero mientras intentaba documentar los hechos.

Por lo anterior, la Red TDT exigió la reparación de los daños y el castigo a los responsables de estas agresiones y solicitaron a los gobierno del Estado de Guerrero, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, intervenir de manera pronta y efectiva para restaurar la paz en la región centro del estado de Guerrero.

Las organizaciones también exigieron que los gobiernos municipales, estatales y federales hagan todo lo necesario para que garanticen inmediatamente de manera eficaz, y con respeto al marco legal y a los derechos humanos de todos los involucrados, la seguridad de las comunidades, en especial de los municipios de Chichihualco, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo.

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