Pueblos indígenas presentan ante el congreso iniciativa de Ley General de Aguas 

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Por Mario Marlo/@Mariomarlo

Más de 400 organizaciones, pueblos indígenas, universidades e instituciones de investigación que integran la Red Nacional Agua para Todxs, presentaron la mañana de este martes 4 de febrero, más de 198 mil firmas que respaldan la iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Misma que fue entregada a los representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadosal diputado Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV Legislatura de la Camara de Diputados, así como, al senador Martí Batres Guadarrama, quienes se comprometieron a estudiar e impulsar su aprobación.

En presencia de más de 120 representantes de las comunidades y organizaciones que respaldan la iniciativa, el diputado Feliciano Flores Anguiano junto con el Senador Martí Batres Guadarrama dieron su respaldo a la construcción de mecanismos legales para evitar procesos de privatización del agua en México.

“Me parece de la mayor importancia  que discutamos una iniciativa  que cuenta con un aval social tan amplio como este.  El aval social que tiene esta iniciativa es fuerte porque los actores que lo están impulsando están más que acreditados en este tema de la lucha por el agua como un derecho humano, y en segundo lugar, porque este mecanismo de presentarlo como una iniciativa  ciudadana en sus términos netamente formales,  permite darle una entrada diferente al Congreso de la Unión. No es la iniciativa de un legislador, legisladora, o de un grupo parlamentario ni siquiera mayoritario, es una iniciativa de la sociedad civil y eso le da una fuerza particular.”

El Senador por Morena resaltó que la iniciativa presentada por Agua para Todxs, “puede ser el eje de la resolución que tenga el Congreso de la Unión sobre el tema del agua y quiero expresar aquí de manera clara mi simpatía y coincidencia.”

“Por mi parte, me pongo a las ordenes del movimiento para ayudar en lo que sea necesario desde el punto de vista político, jurídico y legislativo, hago votos para que se apruebe pronto y exitosamente en San Lazaro  y la esperaremos en el Senado para apoyarla” concluyó Bartres Guadarrama.

Esta iniciativa que fue construida por  más de 400 organizaciones, pueblos, universidades e instituciones de investigación busca sentar las bases para una amplia participación ciudadana y de los pueblos para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua, en cumplimiento a la reforma del art. 4° constitucional, que mandata una Ley General de Aguas desde febrero de 2013.

Pedro Moctezuma Barragán, co-fundador de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida  explicó que, el 8 de febrero de 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución, donde se reconoce el derecho al agua y a un medio ambiente sano. Así mismo, señaló que, en el tercer transitorio de esta reforma, se exigió la aprobación de una Ley General de Aguas en la que se finquen las bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno, con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, en un marco de derechos humanos y derechos de los pueblos.

“La Ley de Aguas Nacionales vigente tuvo como objetivo central entregar las aguas de la nación y su manejo a intereses privados, a través de un sistema de concesiones, las cuales son objetos de compra y venta. Desde su aprobación, en 1992, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado más de 537 mil concesiones, en violación de vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales”.

Por su parte, Rogel del Rosal Valladares de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina comentó que:

“La iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas representa la oportunidad de sentar las bases jurídicas para proteger las aguas de México y, como lo ha afirmado el Presidente de la República, proteger a la naturaleza y evitar megaproyectos devastadores como son el fracking y la minería tóxica.”

Según un estudio reciente del World Resources Institute, habitantes de 15 estados de la República (Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Tamaulipas) sufren un grado de estrés hídrico “extremadamente alto” y están acercándose a su “Día Cero.”

Por ello, la iniciativa ciudadana propone:

  • Establecer procesos consensuados de planeación para enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país.
  • Restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y establecer esquemas de apoyo para sus labores de restauración y defensa de las fuentes del agua del país.
  • Establecer criterios objetivos de sustentabilidad públicamente medibles como condición para el otorgamiento de grandes concesiones de aguas nacionales, para así restaurar las cuencas y acuíferos y poner fin al ejercicio arbitrario de la autoridad. El cual ha permitido la autorización de aguas nacionales para proyectos demandantes de agua en zonas de alto estrés hídrico, como en los casos de Constellation Brands en el Valle de Mexicali, de Goldcorp en Zacatecas y de la nueva fábrica de la Modelo en el Acuífero Apan, Hidalgo.
  • Democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales, haciendo obligatoria la distribución equitativa del agua a todos los hogares.
  • Cerrar la puerta a la privatización de sistemas municipales y de obras hidráulicas.
  • Permitir la aplicación de recursos públicos solo en obras aprobadas a través de una Evaluación de Costo-Beneficio Social, Económico y Ambiental, para poner fin al despilfarro a favor de megaproyectos hidráulicos con costos excesivos y de cuestionable valor de cada sexenio (como el Emisor Oriente, la Planta Atotonilco, las obras hidráulicas de NAICM, Presa y acueducto Zapotillo, entre otros).
  • Crear un Dictamen de Impacto Sociohídrico, que bloquearía la autorización de cualquier obra o actividad que vulneraría el derecho humano al agua de las comunidades.
  • Establecer políticas fiscales y tarifarias que reemplazarían el actual esquema de subsidios indirectos para grandes usuarios, con un sistema en el cual los que obtienen mayores beneficios económicos del aprovechamiento de aguas nacionales pagarían derechos suficientes para cubrir el costo de manejo y renovación de las aguas que utilizan y permitiría además cubrir el costo de las obras requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para toda la población.
  • No permitir el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni el fracking.
  • Poner fin a las actuales dinámicas de corrupción a través de una Contraloría Social del Agua, con unidades auto-organizadas desde el nivel local hasta el nacional.
  • Contar con una Defensoría del Agua y el Ambiente, la cual utilizaría recursos públicos y abogados especializados para obligar a los grandes concesionarios infractores a cubrir el costo total de los daños que han causado a los cuerpos de agua, las comunidades y los ecosistemas.
  • Establecer mecanismos de diálogo y medidas de protección para así prevenir el uso de la fuerza pública en contra de los defensores del agua.

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