Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Después de un largo viaje de la ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegamos a la Normal de Mactumatzá a las 2:40 de la mañana. Antes de desayunar, escuchamos en los pasillos varios gritos de alarma de los normalistas; “Ya llegaron los policías”. Varios de ellos corrían para avisar a toda la población estudiantil. Ya no fuimos a almorzar, mejor decidimos acompañar a los normalistas, donde se encontraba el cerco de policías del estado con una tanqueta al frente. Era un grupo como de 200. Varios de ellos traían armas y la mayoría sus escudos. Más atrás estaban más policías apoyados por la Guardia Nacional.

Las siete madres y los dos padres que acompañamos en esta caravana, intentamos hablar con ellos, pero no nos hicieron caso. Nos veían con coraje y no les importaba lo que les decíamos. Cuando nos acercábamos nos ponían enfrente sus escudos. Los estudiantes les explicaban, que ahí estábamos algunas madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. En lugar de escucharnos, los policías que estaban al frente del grupo fueron colocando en segunda fila a los que traían rifles. Fue en vano el intento de dialogar. Les dijimos que como madres queríamos que se retiraran, porque no había razón de que estuvieran armados cerca de la normal. Vieron que la compañera Hilda traía a su nieta en brazos. Ella misma les decía que no fueran hacerle nada a los estudiantes. Que como madre lo único que quiere encontrar es a su hijo y por eso está luchando con los normalistas: “Yo soy una de las mamás de los 43”.

Don Mario, al ver que los policías no hacían caso, alzó la voz y dijo: “No apunten a las madres”. Eso les enojó, porque no están acostumbrados a escuchar ni a respetar a la gente. Por eso nos respondieron: “No nos importan si son madres o padres, ¡Ya lárguense!”. Varios policías de la segunda fila ya estaban listos con sus armas y solo esperaban la orden. Uno de ellos empujó con su escudo a una compañera. A mí también me empujaron. Fue en ese instante cuando un policía levantó el arma y le tiro a los estudiantes. Al escuchar los ruidos de las bombas, nos empujaron para dispersarnos. Al primero que le dieron, fue a Juan Antonio Flores García. Le pegaron en la cabeza, cerca del oído. Inmediatamente cayó por el impacto de la bomba. Sus compañeros lograron sacarlo. Todos corrimos.  Doña Hilda protegió con su cuerpo a su nieta de cinco años. Quedó en medio de la lluvia de gases lacrimógenos. No pudo evitar que su nieta sufriera varias quemaduras. Ella también recibió un impacto en la cabeza. Fue cuando el compañero Vidulfo tomó a la niña en sus brazos y corrió hacia la Normal. Doña Hilda, en medio de los gases que le cortaban la respiración pudo llegar hasta donde se encontraba su nieta. Ya no pudo más, y ahí se desmayó. Los policías siguieron tirando bombas como si nosotras estuviéramos armadas. Tardaron como una hora. Nadie los detuvo, más bien trataron de pegarle a los estudiantes. Por eso Juan Antonio quedó lesionado de la cabeza. Estaba como a dos metros. Así también pasó con Isael, el hermano de Vidulfo, que de milagro no le dieron en la cara. Le pegaron en el codo cuando estaba sacando fotos. Fueron más de diez estudiantes los que resultaron lesionados, y en todo este tiempo ninguna autoridad llegó para auxiliarnos.

Es sumamente grave que la policía del estado de Chiapas instale cercos policiacos con el apoyo de la Fiscalía General y la misma Guardia Nacional, en las inmediaciones de la escuela Normal Rural de Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez. A lo largo de estos meses el gobernador Rutilio Escandón ha utilizado la fuerza pública para reprimir a la Normal. Se ha empeñado en desacreditar su lucha y desatender sus demandas. Además del brazo represor ha impulsado campaña de desprestigio para mostrar a los normalistas como rijosos y vándalos. Se mantiene una postura intransigente contra los estudiantes, y en lugar de tender puentes para un dialogo respetuoso, más allá de las diferencias que puedan existir sobre las formas de protesta que han utilizado los estudiantes, ha sido la fuerza y la acción temeraria que ha emprendido contra los normalistas.

La lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de dar con el paradero de sus hijos, ha abrazo la causa de las Normales Rurales de México. Su presencia y su solidaridad, es para exigir respeto a este modelo educativo que es un espacio conquistado por la lucha de los jóvenes indígenas y campesinos, para formarse como maestros y maestras rurales comprometidos con la niñez pobre que se encuentra en las regiones más recónditas del país. La lucha histórica ha sido para consolidar un modelo educativo que garantice los servicios básicos que requieren las normales rurales.

Es inconcebible que, ante la tragedia del 26 de septiembre del 2014, los gobiernos no solo sigan encubriendo a las autoridades responsables de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes, sino que se continúe con ese patrón de criminalización y persecución a los normalistas. Aún se mantienen dentro de los círculos del poder visiones que catalogan a los estudiantes como vándalos, al grado que la verdad histórica fabricada por la administración de Enrique Peña Nieto trazó líneas de investigación, que quisieron mostrar a lo estudiantes como miembros del crimen organizado. Por eso, lo que sucedió este domingo en Tuxtla Gutiérrez, es una muestra clara de cómo persiste dentro del aparato gubernamental una postura dura orientada a desmantelar a las normales rurales y a usar la fuerza para reprimir y atentar contra la integridad física de los estudiantes, poniendo en riesgo su vida.

Por más esfuerzos y sacrificios de las madres y padres de los 43 estudiantes para arribar a la verdad, aún existen muchos obstáculos dentro de las instituciones gubernamentales, para allanar el camino y obligar a los funcionarios a que atiendan el reclamo de justicia que demanda la sociedad mexicana. A pesar de la voluntad mostrada por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador de brindar todo el apoyo a la Comisión Presidencial, donde las madres y padres de los 43 estudiantes tienen un papel determinante para impulsar la investigación, hasta la fecha no hay resultados tangibles que les permita tener algunas pistas sobre el paradero de sus hijos. La información que se ha obtenido de decenas de personas detenidas, ha sido insuficiente para esclarecer los hechos. Esta situación requiere la participación decidida de todas las instancias de gobierno, sobre todo para que proporcionen toda la información que tienen en sus archivos y también, den todas las facilidades para que puedan declarar los funcionarios que de alguna manera estuvieron involucrados en los hechos. Se tiene que desentrañar al interior de las estructuras del poder la urdimbre de intereses macrodelincuenciales, que se han entretejido dentro de las instituciones del poder público.

Las Caravanas en Búsqueda de los 43, que iniciaron las madres y padres han encontrado serios obstáculos con la acción represiva que protagonizó el gobernador de Chiapas al cercar con más de 200 policías del estado la Normal Rural de Mactumatzá, justo cuando llegaban las madres y padres a este centro educativo. Lo que el presidente de la república ha querido reconstruir en esta nueva relación de cercanía de respeto y de apoyo a las familias, el gobernador de Chiapas realiza acciones contrarias, utilizando de manera desproporcionada y brutal la fuerza policial contra el grupo de madres y padres, y los estudiantes.

Nos hacemos eco de las demandas planteadas por las organizaciones hermanas y personalidades de la sociedad civil para condenar estos actos ignominiosos: Exigimos el retiro inmediato del cerco policiaco y cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43. Repudiamos la violencia de Estado en contra de la lucha por encontrar con vida a los 43. Denunciamos que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia. Demandamos al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes. Hacemos responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43. Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Como Tlachinollan que hemos acompañado a la Normal Rural de Ayotzinapa desde hace una década, queremos reafirmar nuestro compromiso con las madres y padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos, con los estudiantes y con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, quienes han asumido el compromiso de defender las normales rurales como una conquista del pueblo de México, que luchó por su emancipación en la gesta revolucionaria para construir una sociedad igualitaria y democrática. Nuestro acompañamiento en todo este peregrinar a lo largo y ancho de nuestro país, es para alcanzar la verdad y la justicia ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

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