Decepcionante, que me puedan ofrecer una disculpa, y no justicia: madre de activista asesinado

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Por Mercedes Matz/@abraxas_m

Autoridades capitalinas de justicia ofrecieron una disculpa pública y reconocieron su responsabilidad en la violación de derechos humanos en perjuicio del activista y académico Carlos Sinhue Cuevas Mejía, asesinado el 26 de octubre de 2011, así como de su madre María de Lourdes Mejía, quien ha pedido justicia desde hace más de ocho años sin que haya obtenido respuestas.

Este acto de disculpa pública es sólo uno de los puntos establecidos en la recomendación 2/2018 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se reconoce que el activista fue criminalizado y no se respetó la debida investigación para dar con los responsables de su muerte.

Para Lourdes Mejía esta disculpa es una pequeña luz para que haya justicia, aunque tambien consideró que se trató de un mero acto protocolario, que no resuelve y no abona a la investigación por el asesinato de su hijo.

«Es borrón y cuenta nueva, es volver a empezar, pero ahora con un Grupo de Expertos», que es independiente a la actual Fiscalía General de Justicia capitalina, y que se encargará de investigar y revisar por cuenta propia el expediente o averiguación previa del caso de Sinuhe.

La conformación de dicho Grupo también obedece a la misma recomendación, sin embargo, tanto Mejía, como su representante legal, Alan Naranjo, han señalado que ha 7 meses d e la confirmación del Grupo, sus integrantes no han tenido acceso a la documentación, que les fue digitalizada y entregada en formatos que dificultan el análisis de la información.

A pesar de que la información fue instalada en la computadora de los expertos independientes «No han podido abrirlo por completo. El formato se les dio en fotografías, en imágenes fijas sobre las que no se puede subrayar», lo que dificulta el trabajo de análisis e investigación al tratarse de 12 mil 500 fojas.

Durante la ceremonia de Disculpa Pública, Mejía recordó que «No es la primera vez que la autoridades se disculpan o aceptan sus errores».

En noviembre de 2011, Mejía se reunió con Miguel Ángel Mancera, quien fungía como Procurador de Justicia (y actualmente es Senador); el funcionario se comprometió a agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la posible ejecución extrajudicial como reprenda al activismo de Sinuhe. Sin embargo, el activista fue estigmatizado y criminalizado, e incluso se le intentó relacionar con el crimen organizado.

«Es decepcionante que las autoridades sólo puedan ofrecerme una disculpa y no justicia», expresó Mejía ante la presencia de Nashieli Ramírez, comisionada de derechos humanos; de Ernestina Godoy, fiscal General; y del magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo, quien acudió en representación del Tribunal Superior de Justicia y su presidente, Rafael Guerra Álvarez, quien no asistió al evento.

Mejía lamentó que por parte del Incifo se reconozcan los errores cometidos durante la revisión del cuerpo de su hijo tras ser asesinado de 16 disparos de arma de fuego, pero que algunos servidores continúen cometiendo negligencias y realicen sus labores con falta de sensibilidad.

«Comprometemos a las autoridades a que realmente hagan su trabajo, porque no están excentos de que sus hijos sean asesinados. Entonces los esperaremos aquí para organizarnos», expresó Mejía.

Por su parte, Alan Naranjo, representante de las víctimas, dijo que esta Disculpa Pública «es también para reivindicar la dignidad de Carlos Sinuhe», y para que no se vuelva a estigmatizar y criminalizar a la juventud, «que esto no vuelva a suceder».

El 26 de octubre de 2011, Cuevas Mejía fue asesinado en el kilómetro 28 de la Carretera Federal México-Cuernavaca cuando regresaba a su domicilio. Elementos de la Policía Preventiva de la SSP encontraron el cuerpo del activista sin vida. En la recomendación se estableció que la víctima presentó heridas por proyectil de arma de fuego y que los casquillos encontrados eran de un calibre 9 milímetros, el cual es de uso exclusivo del ejército. Hasta ahora, las autoridades no cuentan con una línea de investigación clara, por lo que no hay personas detenidas, ni se han identificado a los presuntos responsables de la ejecución extrajudicial.

En 2016, Christof Heyns, relator especial de la ONU dijo que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten” en México. “Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”.

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