Alcalde de Homún y empresa porcícola se desisten de sus recursos ante la SCJN

Por Sididh

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Foto: Lector MX

Ciudad de México, 14 de julio de 2020. La empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) y el presidente municipal de Homún, Yucatán, Manuel Jesús Chi Chim, en acción concertada, se desistieron de los recursos que habían interpuesto en contra de la suspensión que paralizó las operaciones de la megagranja porcícola en Homún. De esta manera, de acuerdo con las organizaciones que acompañan el caso, pretenden impedir que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el caso y sobre el grave problema que esa industria está generando en la Península de Yucatán.

Homún es una comunidad maya localizada en una zona de recarga de la reserva geohidrológica anillo de los cenotes. En su territorio existen alrededor de 300 cenotes y es uno de los lugares de donde brota el agua que alimenta a toda la península de Yucatán. A finales de 2016, la megagranja comenzó a instalarse en esta comunidad. Esta industria produciría alrededor de 45 mil cerdos cada cuatro meses, con un alto costo contaminante para esta zona particularmente debido a su carácter de zona de recarga hidrológica.

En 2018 un grupo de niños de Homún, junto con sus representantes legales, demandó a la granja y consiguió paralizar su funcionamiento mediante un amparo que los protege contra las actividades contaminantes. La suspensión fue otorgada como una medida precautoria en favor del derecho de la infancia al agua, a un ambiente sano, a la salud y a la autonomía como integrantes del pueblo indígena maya. En Yucatán el tema del agua es de vital importancia, ya que se trata de la reserva hídrica más grande México, la cual está siendo saqueada y contaminada por diversos megaproyectos.

El pasado 24 de junio, el máximo tribunal determinó atraer para su conocimiento las revisiones que el alcalde de Homún y la empresa porcícola habían interpuesto en contra de la suspensión que paralizó, desde octubre de 2018, las operaciones de la granja.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al anunciar la atracción del caso, había hecho énfasis su especial importancia debido a que ofrecería a la Corte la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos verdaderamente transcendentes y generar así criterios novedosos en materia de protección ambiental, sobre todo en torno a los elementos relacionados con los criterios de prevención, suspensión y principios precautorios frente a cualquier proyecto o actividad que pudiera vulnerar al medio ambiente.

“Las acciones de PAPO y del Alcalde de Homún revelan el temor que despierta en la industria porcícola la observación y revisión por parte de los más altos niveles federales de las graves consecuencias medioambientales de su actividad en la península y de la violación de los derechos del pueblo maya y los derechos ambientales de todas y todos los que habitamos en Yucatán en que incurren”, resaltaron las organizaciones.

El desistimiento del alcalde muestra, además,  “hasta qué punto la empresa PAPO parece contar con complicidades en las autoridades de diversos niveles en el estado de Yucatán para continuar con las violaciones a los derechos del pueblo maya que se derivan del establecimiento de las mega granjas de cerdos. La simultaneidad de los desistimientos de PAPO y el alcalde de Homún, nos llevan a sospechar posibles actos de corrupción y/o cohecho. Además de evidenciar el nulo interés de dicho funcionario por la protección de los derechos de los habitantes de Homún”, señalaron las y los defensores.

Las organizaciones solicitaron que los órganos de justicia establezcan que el sobreseimiento de estas revisiones tiene como resultado que la suspensión definitiva otorgada a favor de los menores queda totalmente firme en tanto se resuelve el juicio principal. Advirtieron que los niños y niñas realizaron una nueva solicitud de atracción a la SCJN sobre un recurso contra la resolución que negó a PAPO la modificación a la suspensión en octubre de 2019 y que se encuentra actualmente en manos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, “quien en otras ocasiones se ha mostrado parcial a favor de la empresa”.

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