Cámara de Diputados aprueba reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales hacer públicas todas sus sentencias

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Con el antiguo ordenamiento, los poderes judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés publico”, caracterización con la que muchas veces se escudaban para no publicar sus fallos y resoluciones.

Por Redacción/@Somoselmedio

Ciudad de México, 29 de julio de 2020.- Hoy se aprobó la modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas[1], que obligará a que todas las sentencias judiciales sean públicas.

Con anterioridad, el artículo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. La ambigüedad de este concepto ha permitido que los juzgados y tribunales publiquen pocas[2] o ninguna de sus sentencias[3].

Al respectó, la organización Artículo 19 explicó que esta opacidad judicial da pie a que se puedan dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género y derechos humanos, y limita la detección de posibles arbitrariedades. Con ello, el acceso a la justicia, el acceso a la información y otros derechos como la libertad de expresión se ven limitados.

La organización resaltó que la publicación de todas sentencias es muy importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción. Así, esta reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial y contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables.

Por su parte, el colectivo #LoJustoEsQueSepas, quien ha impulsado la causa de la transparencia judicial desde 2018, reconoció el avance en materia de transparencia y apertura de datos que implica esta reforma. Ahora, los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de cumplir con esta nueva obligación, mientras a los órganos garantes de transparencia les corresponderá monitorear su implementación.

Finalmente, la organización Artículo 19 explicó que esta reforma debe servir como impulso a una política de transparencia proactiva por parte de los poderes judiciales.

«Es decir, deseamos que los siguientes pasos se encaminen hacia la generación de mecanismos que acerquen la justicia, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la difusión de información en formatos y soportes adecuados y pertinentes, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley General de Transparencia.»

Finalmente Artículo 19 detalló que seguirán observando la labor del poder judicial y exigiendo una justicia en la que los ciudadanos puedan confiar.

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