Pobladores afectados por el derrame de metales pesados al ríos Sonora, exigen acciones urgentes para remediar esta tragedia ambiental

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Por Sididh

Ciudad de México, 07 de agosto de 2020. A seis años del derrame de 40 millones de litros de metales pesados de una mina de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, pobladores afectados expresaron su indignación por el incumplimiento de medidas para remediar la tragedia y exigieron seis medidas urgentes.

Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) han exigido una remediación integral de los ríos Sonora y Bacanuchi, y una garantía de no repetición suficientemente sólida: “A seis años de iniciar la lucha, de escuchar promesas de todos los colores, y de esperar que con cada cambio de gobierno municipal, estatal y federal mejoren nuestras condiciones de vida, seguimos esperando que las palabras se materialicen en acciones concretas que favorezcan nuestros territorios”.

Los comités han interpuesto diversas acciones legales para la protección de sus derechos. En el 2016 requirieron el amparo contra la megapresa de jales de Grupo México, que culminó en 2018, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganaron el derecho a la participación en asuntos medioambientales para una población no indígena. También lograron obtener un amparo en contra del cierre del Fideicomiso Río Sonora. Actualmente están a la espera de respuesta sobre sus amparos relacionados con la calidad del agua, con la Zona Económica Especial Río Sonora y con los temas de salud para todas y todos los habitantes de los pueblos afectados.

“De poco sirven las victorias legales si las autoridades nos visitan, nos hablan, y después nos olvidan, así como a sus palabras. Durante el último año, hemos recibido en nuestra casa a la Semarnat, a la Conagua, al Insabi, a la Secretaría de Salud, a la Cofepris, y a la Profepa. Los hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de todos los compromisos que han hecho con la gente del Río. Y ninguno ha cumplido”, lamentaron los CCRS. “Les hacemos un llamado a asumir con seriedad los desafíos de nuestras comunidades, a utilizar su voz para hacer eco de la nuestra, y a cumplir con todo aquello a lo que sus cargos los obligan”.

A seis años del derrame, Grupo México está llenando una megapresa de jales con millones de litros de desechos de su actividad minera y pretende iniciar la construcción de un acueducto que le abastezca de agua para sus operaciones. Los agricultores, en cambio, no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado. Además, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar el derecho al agua se encuentran abandonadas y las y los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentan serios obstáculos para ver garantizado su derecho a la salud.

Ante esta situación de incumplimiento, las y los afectados exigieron a los gobiernos federal y estatal participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, “dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”.

Las seis acciones que las y los pobladores consideran urgentes son: Garantizar el agua limpia y suficiente a través de monitoreos independientes en todos los pozos y tener acceso completo a los resultados de esos monitoreos, reubicando también los pozos contaminados y concretando la instalación, operación y mantenimiento de las potabilizadoras comprometidas a lo largo de todo el río; asegurar el derecho a la salud con estudios independientes y especializados y la construcción de la clínica de especialidades en Ures, así como atención médica especializada a toda la cuenca; reactivar la economía desde abajo con un programa completo para recuperar el valor de todo lo que se produce en la región.

Los comités también exigieron que se deje de privilegiar a las mineras sobre las comunidades, frenando a toda costa la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente del agua; que se garantice su participación para decidir el rumbo del Fideicomiso Río Sonora y cancelar la presa de jales de Grupo México, cuya construcción violó el derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de temor a las comunidades.

“Al presidente, a la gobernadora, y a todas las instituciones que han venido a hacer promesas a nuestro territorio, les decimos que la omisión de sus obligaciones es una negación de nuestro futuro. El silencio, la ausencia de acciones efectivas, y la falta de compromiso de las autoridades constituye un violación a nuestros derechos humanos, a nuestra seguridad hídrica, y a la vida que hemos construido en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi”, finalizaron.

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