Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo

Acompañados de pancartas y al grito de «justicia para Jonathan», decenas de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) protestaron frente a Casa Jalisco por el asesinato de Jonathan Santos. El activista de la comunidad LGBTTTIQ+ y estudiante de esta universidad  fue localizado sin vida el pasado 11 de agosto en el municipio de Zapopan.

Enojados e indignados, los jóvenes activaron el Botón de Emergencia por los altos niveles de violencia que se vive en esta entidad en los últimos meses.

“Hoy accionamos el Botón Rojo para que le quede claro al gobierno estatal y federal que estamos en un estado de emergencia por la violencia, la inseguridad y sobre todo la impunidad».

Durante el mitin realizado a las afueras de Casa Jalisco, los jóvenes exigieron al gobierno de Enrique Alfaro justicia para Jonathan y para todas y todos los jóvenes asesinados en el Estado; localización con vida de las más de nueve mil personas desaparecidas en Jalisco; reparación integral del daño a todas las familias de las víctimas y la creación de un protocolo para la atención de los crímenes de odio en donde participen los colectivos, organizaciones, sociedad interesada y especialistas.

“Lo repetimos, no vamos a tolerar la violencia que sigue arrebatando la vida de tantos estudiantes, no vamos a tolerar que desaparezcan a nuestros y nuestras compañeras, que silencien nuestras libertades o que sepulten nuestros sueños en una fosa clandestina”.

El cuerpo de Jonathan Santos, conocido por su trabajo en favor de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ y estudiante de la Escuela Politécnica Matute Remus de la UdeG, fue localizado en la colonia Balcones de la Cantera en el municipio de Zapopan el pasado 11 de agosto con un impacto de bala en la cabeza.

En respuesta a la exigencia de justicia por parte de sus familiares, amigos y organizaciones, el fiscal Gerardo Octavio Solís, en conferencia de prensa el 12 de agostos, anunció que el asesinato de Jonathan sería investigado bajo el Protocolo para atender Feminicidios, lo que generó una lluvia de críticas por parte de familiares y organizaciones.

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