Por Sididh

Ciudad de México, 29 de agosto de 2020. Los países deben continuar la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, incluso durante la pandemia por COVID-19, dijeron un grupo de expertos y expertas de la ONU hoy.

El año 2020 marca el 40 aniversario de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el décimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Para marcar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el 30 de agosto, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitió una declaración en la que advierte que “los Estados alrededor del mundo deben todavía actuar urgentemente para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia por COVID-19 y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora”.

Las y los expertos manifestaron su alarma por las alegaciones de desapariciones forzadas recibidas en el contexto de la pandemia por COVID-19.

“Esta situación es tanto más preocupante pues la búsqueda y la investigación de las desapariciones forzadas ha sido frecuentemente puesta en pausa dadas las restricciones introducidas como resultado de la pandemia. Las víctimas son a menudo olvidadas y las familias están sufriendo, al no conocer el destino de sus seres queridos. La búsqueda y la investigación son obligaciones continuadas y deben ser llevadas a cabo, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se consideren necesarias”, recalcaron.

Señalaron que la COVID-19 también creó nuevos y preocupantes contextos para las desapariciones forzadas, por ejemplo, ejemplos de cuarentenas obligatorias en lugares de privación de la libertad, durante las cuáles las familias no conocen el destino y paradero de sus familiares.

“También nos preocupa que la suspensión de visitas ha llevado, en algunos casos, a la ausencia completa de contacto entre personas detenidas y sus familiares o representantes legales, lo cual lleva a detenciones en incomunicación y puede conducir a una desaparición forzada. El contacto continuo debe ser asegurado, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos, y el monitoreo de la detención debe continuar. Deben ser consideradas alternativas a la custodia y deben ser provistos adecuados cuidados y asistencia de salud”, ejemplificaron.

“La COVID-19 ha creado riesgos adicionales para las personas migrantes también. Emitimos una declaración conjunta sobre migración el año pasado, y ahora hacemos un llamado para lograr esfuerzos concertados para asegurar que la búsqueda e investigación de la desaparición de migrantes continúe y que ningún Estado retorne forzosamente o extradite a una persona a otro Estado donde estaría en peligro de ser sujeto de desaparición forzada”, abundaron.

Para las y los expertos, son necesarias medidas específicas para prevenir las desapariciones forzadas y respetar los derechos de las víctimas. Por ejemplo, los Estados deben garantizar que los familiares de las personas que han muerto por COVID-19 puedan identificar los restos y que los cuerpos sean manejados en línea con sus tradiciones, religión y cultura.

“En estos tiempos de crisis, los familiares de personas desaparecidas deben ser aún más apoyadas y empoderadas, y las instituciones del estado a cargo de la búsqueda e investigación deben cumplir sus funciones sin demora. Todo esto debe ser rápida y proactivamente atendido por los Estados, incluyendo a través de la implementación de programas específicos para mitigar los impactos multifacéticos de la pandemia”, insistieron.

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