OPINIÓN| Crímenes sin castigo

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Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Mientras los precandidatos de Morena, del PRI y del PRD dilapidan recursos públicos para congraciarse con la población, apareciendo en las redes sociales con mensajes triunfalistas y mostrando su mejor perfil, a imagen de una pasarela, la gente mayoritariamente pobre, lucha por su sobrevivencia. Lo contrastante de este régimen político, es que quienes gobiernan buscan deshacerse de una población demandante. Le rehúyen y aprovechan la sana distancia, para ya no recibir a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en una precariedad atroz, mientras los precandidatos y precandidatas, están ávidas de incorporar clientelas políticas, para asegurar su futuro en la próxima contienda electoral.

Es el circulo vicioso del poder público que se recicla cada tres o seis años, a través de una burocracia parasita que se ha enquistado en los partidos políticos. En este sistema, los ciudadanos y ciudadanas que luchan en diferentes trincheras para impulsar cambios de fondo en nuestro país, quedan excluidos, porque la agenda social, no es la que les interesa atender a los líderes de estos institutos políticos. Sus plataformas están diseñadas para acceder al poder. Adquieren legitimidad por su ideario político y sus principios que le dan identidad a cada partido. Su visión de cómo construir una sociedad democrática y justa, es lo que da sustento a sus luchas por el poder público. Lamentablemente los mismos gobernantes y los líderes de los partidos han desvirtuado y denigrado este sistema democrático. Han defraudado a la población, por su obsesión enfermiza del poder, por la corrupción que reproducen al interior de las instituciones y por erigirse en verdugos de la sociedad.

En Guerrero esta visión crasa del poder, nos ha llevado a un desgobierno. A lo largo de los años, los gobernadores se han caracterizado por reprimir a una sociedad insumisa y por cometer crímenes con total impunidad, dejando una estela de violencia marcada por graves violaciones a los derechos humanos, que nos han sumido en el atraso. Sobresale su alta corrupción y su cinismo para mantenerse dentro de los círculos del poder, como parte de los grupos políticos que se encargan de repartir candidaturas.

Este 12 de diciembre, los normalistas de Ayotzinapa, por novena ocasión volvieron a marchar para conmemorar estas atrocidades y para exigir castigo a las autoridades que se confabularon para atentar contra la vida de los estudiantes. Para los precandidatos y precandidatas este sábado fue para continuar con su agenda proselitista, aprovechando las festividades de la guadalupana. Para ellos y ellas el tema de la justicia, y en el caso muy específico de las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, no tuvieron relevancia. Como siempre sucede son los deudos quienes se encargan de luchar para que en nuestra entidad haya justicia y se combata la impunidad. Para las autoridades estos movimientos son incómodos porque hay una interpelación púbica, además porque hay un reclamo legítimo que pone en evidencia la inoperancia de las instituciones encargadas de investigar los delitos y de proteger los derechos de las víctimas. Para la clase política esta acción temeraria, la justifican porque no conciben que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ejercer la protesta y a tomarlos en cuenta como interlocutores legítimos. El uso de la fuerza se ha transformado como el recurso más efectivo para acallar las protestas y para hacer sentir su poder. Saben que existe un código no escrito de que a los gobernantes no se les investiga ni castiga. En primer lugar, porque tienen el control de las instituciones y en segundo término porque hay pactos siniestros con las elites políticas, de no dañarse entre ellas mismas.

Es inconcebible que esta acción delincuencial cometida por funcionarios públicos y un gran número de elementos de las diferentes corporaciones policiales del Estado y la policía federal, se mantengan en la impunidad. ¿A qué estado de derecho pueden apelar las autoridades cuando encubren las atrocidades de quienes tienen la obligación de proteger a la población? ¿con qué calidad moral se erigen los partidos políticos que han promovido entre sus filas a gobernantes que son autores de graves violaciones a los derechos humanos?

En ese día 12 de diciembre, el general Ramón Miguel Arriola Ibarra, haciendo gala de su perfil represor con gran cinismo comentó: “Me ordenaron limpiar la carretera y la carretera está limpia”. En una escena cruenta, el militar retirado festinaba el desalojo sangriento, mientras los cuerpos inertes de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús yacían en el asfalto. Las autoridades superiores en lugar de ordenar investigaciones contra los elementos policiacos, los protegieron y como siempre trataron de responsabilizar a los estudiantes como los incitadores de la violencia.

Para los normalistas, el objetivo era realizar un corte vial en la autopista del sol a la altura del Parador del Marqués, para sacar una audiencia con el gobernador, sin embargo, el subsecretario Arriola llegó diciendo sin ambages, “no pueden permanecer aquí porque hoy es día de puente y tenemos que garantizar el tránsito”. El director de gobernación les exigió que liberaran la autopista y enseguida verían lo de la audiencia. No hubo acuerdo. Las autoridades dieron por terminado el diálogo y desaparecieron del lugar. Fue entonces cuando se inició la represión y se consumaron las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría.

En esta trifulca detuvieron a Gerardo Torres Pérez, quien al ir corriendo levantó un casquillo percutido de AK-47. Por este atrevimiento elementos de la policía ministerial se lo llevaron a los separos para torturarlo. Por la noche el entonces procurador, Alberto López Rosas, daba su versión de los hechos: argumentó que un grupo armado ubicado al poniente de la escena del crimen, disparó contra los estudiantes asesinándolos. Decía que uno de los responsables había sido detenido y que respondía al nombre de Gerardo Santiago Peña. Su referencia era el estudiante torturado a quien intentó responsabilizar de los hechos para encubrir a los policías.

Contrario a esta versión, existe prueba objetiva que los policías federales manipularon y destruyeron evidencias significativas. Por su parte, la procuraduría general no aseguró la escena del crimen, ni a los policías que participaron, ni las armar que portaban. Las pruebas de disparo fueron realizadas 24 horas después, por ello todos los policías ministeriales y sus armas de cargo dieron negativo.

Estas falencias deliberadas en las investigaciones provocaron impunidad. Sólo dos policías fueron procesados por el homicidio de los jóvenes y más tarde un juez federal declaró que no había elementos para procesarlos por falta de pruebas.

A 9 años del crimen artero no hay investigaciones contra los responsables materiales ni intelectuales. Los expedientes relacionados con las ejecuciones de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría están cerrados. Las denuncias por tortura de los estudiantes no se les dio mayor trámite. Los juicios políticos contra los funcionarios de primer nivel no prosperaron. Los diputados y diputadas se hicieron cómplices de este crimen atroz al no iniciar juicio político contra el secretario de seguridad pública y el ex procurador general de justicia. A pesar de que los estudiantes de la normal presentaron ante el Congreso de la Unión, una solicitud formal para entablar juicio político, contra el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, la cámara de diputados nunca le dio trámite.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en marzo de 2012, concluyendo que varios autoridades y servidores públicos incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, entre las que destacan la criminalización de la protesta social, el uso excesivo de la fuerza y de las armas; la privación de la vida, lesiones, tortura; imputación indebida de hechos, inadecuada atención de las víctimas y a la escuela normal de Ayotzinapa. Hubo una indebida preservación y alteración del lugar de los hechos, así como obstáculos en la investigación y el deber de investigar efectivamente. Enfatiza en el procesamiento y sanción de los servidores públicos que participaron directamente en los hechos, así como los que planearon y ordenaron esta represión.

A pesar de esta recomendación especial, los partidos políticos cerraron filas para salir en defensa del gobernador Ángel Aguirre. No hubo cuestionamiento por esta actuación violenta, por el contrario, la clase política del Estado se volcó contra la Normal. Hubo varias voces que pedían su desaparición y demandaban que ya no se le otorgara el presupuesto que reciben anualmente.

Estas posturas políticas de los representantes de los partidos y de los mismos gobernantes, son las que fomentan y justifican la impunidad, las que alientan la represión y las que propician la violencia desde el interior de las instituciones. Son quienes le dieron un poder absoluto a un gobernador que permitió que la violencia la ejercieran tanto las corporaciones policiales como los grupos de la delincuencia organizada, quienes se incrustaron en las instituciones del Estado para delinquir. El crimen atroz de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, que la clase política de Guerrero quiso sepultar, para proteger sus intereses, fue la antesala de la tragedia de Iguala, acaecida el 26 de septiembre de 2014 con la desaparición de 43 normalistas y tres de sus compañeros asesinados. A pesar de que estos hechos han cimbrado al país, los partidos políticos en Guerrero, sigue utilizando los cargos públicos como franquicias, pisoteando los derechos humanos de la población y mancillando la memoria de quienes han luchado para acabar con la profunda brecha de la desigualdad e investigar los crímenes que han cometido las autoridades para abatir la impunidad.

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