La visita presidencial, entre reclamos, jaloneos y asesinatos

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En solidaridad con las familias y colectivos

de víctimas de la violencia.

Todo nuestro reconocimiento al compromiso

y arrojo del gremio periodístico de Guerrero,

para darle voz al pueblo que lucha por sus derechos.

Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En la entrada de Chilapa, sobre el boulevard Eucaria Apreza, un grupo de familiares del Colectivo Siempre Vivos, abordaron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, cuando se dirigía al deportivo de esta ciudad. Tuvieron la oportunidad de comentarle que desde el mes de octubre habían entregado ese oficio en palacio nacional. Pudieron expresarle la angustia y desesperación que sufren ante la inacción de las autoridades y el poder que ejerce el crimen organizado en los municipios de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera. En su documento manifiestan que “desde hace aproximadamente una década, (Chilapa) ha sido considerada como el epicentro de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas por el crimen organizado. Los gobiernos que lo(s) antecedieron nos han mantenido en la marginación y rezago en el aspecto educativo, económico, cultural y social”. Reclaman que “su gobierno también nos niega el derecho a la justicia, que por años hemos buscado”. Por esta razón recurrieron “a la comisión contra la desaparición forzada de la ONU en Ginebra, Suiza, así como a la Organización de Estados Americanos, con la esperanza de ser escuchados y atendidos”. Denunciaron que la ombudsperson   María del Rosario Piedra “ha mostrado total insensibilidad ante nuestra tragedia humanitaria”.

Narran que desde octubre del 2015 han registrado casos de personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado. Señalan que en Chilapa la violencia es imparable, por el dominio que han tenido los grupos del crimen organizado desde hace varios años. Señalan que en este municipio “impera el grupo criminal denominado ´los ardillo´, quienes en una década han causado más de 1,500 homicidios, incluyendo niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores. En su mayoría indígenas, así como un número aproximado de 500 desaparecidos”.  Reiteran la denuncia contra personajes acusados de secuestro como “el sapo” y además contra líderes de “los ardillos”, que cuentan con órdenes de aprehensión, y que hasta la fecha gozan de total impunidad.

Por otra parte, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), difundió   un comunicado con motivo de la visita del presidente de la República a Chilapa.  Con gran contundencia manifestaron “nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de ´bienestar´, motivo por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno”. En su documento lanzan varios cuestionamientos al presidente “¿le parece que va bien cuando en Guerrero, como en otros estados del país, hay miles de desplazados por la proliferación del crimen organizado? ¿Qué va bien cuando en México en lo que va de su sexenio han sido asesinados 56 defensores de derechos humanos de la tierra y de la vida? ¿de qué nos sirve un programa social si a la vuelta están los criminales acechando para extorsionarnos y asesinarnos?”.

“Hoy venimos a recordarle que ya son mas de 10 mil desplazados por la violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan, Petatlán, Iguala y Cocula”. Señalan que en Guerrero gobierna el narco y señalan a “los ardillos” y “los rojos” como las organizaciones criminales que han causado muchas muertes “a nuestros pueblos”.

Entre los grupos de manifestantes estuvieron trabajadores de la salud que laboraron en el hospital Covid-19 de Chilapa, quienes fueron contratados en el mes de abril de 2020 y despedidos en la segunda quincena del mes de junio de este año. Se trata de personal médico, de enfermería, químicos, administrativos y de servicios generales, contratados por la SEDENA. Durante este periodo 5 de los 58 trabajadores se contagiaron del Covid-19, por encontrarse en la primera línea de atención a los pacientes contagiados. En sus pancartas exigían su recontratación y pedían la intervención del presidente para ser atendidos. Otro grupo de maestras y maestros jubilados demandaron la construcción de un hospital del ISSSTE en Chilapa, ante la pésima atención que reciben los derechohabientes y la precaria infraestructura que carece de equipo médico y medicamentos.

La población guerrerense tuvo que apostarse en las carreteras y calles aledañas donde el presidente realizaría sus reuniones, debido a que todos los eventos fueron a puerta cerrada. Prevalecieron los grupos de trabajadores, amas de casa, autoridades comunitarias y jóvenes, que con pancartas en mano expresaban sus demandas. Abundaron los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la salud; las demandas añejas relacionadas con la construcción de carreteras, la ampliación de la red de luz eléctrica, instalación y funcionamiento de las redes de agua potable.

En la ciudad de Chilpancingo, un grupo de periodistas se organizó para entregar una carta al presidente donde exigen que se garantice el ejercicio periodístico en Guerrero y que no se violenten los derechos humanos de los comunicadores. Denuncian que “la presencia del crimen organizado, que tiene secuestrada esta entidad suriana, ha afectado la labor periodística, porque hay zonas silenciadas donde los periodistas no pueden realizar su trabajo, al ser intimidados y amenazados de muerte por civiles armados”. Mencionan que, en la comunidad de Petaquillas, donde se encuentra el nuevo cuartel de la guardia nacional, hay presencia de “supuestos policías comunitarios” que han sido denunciados por los pobladores de violentar sus derechos humanos. Estos policías, no solo han obstruido la labor informativa, también han retenido a 4 de sus compañeros. Comentan que por estos hechos ya no acuden a cubrir eventos, por temor a ser agredidos o detenidos. Relatan también que en Iguala se ha incrementado la violencia por la disputa del territorio entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Esta situación ha provocado el desplazamiento forzado de periodistas, para ponerse a salvo junto con su familia. Citan el caso del reportero de nota roja y director de la página de Facebook PM noticias, Pablo Morrugares Parraguirre, quien contaba con medidas cautelares por parte del mecanismo de protección a periodistas de la secretaría de gobernación, y que fue asesinado a balazos en la madrugada del 2 de agosto de 2020, dentro de su negocio. Reportan también el caso más reciente de Julio César Zubillaga Ríos, director del diario de la tarde de Iguala, quien el pasado 3 de julio, policías del estado a bordo de la patrulla 514 irrumpieron en su domicilio, sin que hubiera alguna orden de cateo. En lugar de respetar las medidas de protección con que cuenta, arremetieron contra su familia.

Ante la avalancha delincuencial que ha cobrado muchas víctimas en Iguala, el gremio periodístico ha reclamado la intervención del gobierno federal para que pare la violencia y no se cobre más vidas de compañeros comunicadores. El acercamiento que buscaron con el presidente se truncó cuando los guardias de seguridad impidieron que los periodistas hablarán con él.  Esta obstrucción provocó un forcejeo con el gremio de reporteros, que se abrieron paso hasta llegar con el presidente. Le preguntaron por qué hay regiones silenciadas como Iguala y la tierra caliente. Por el tono y el jaloneo que se dio para entregar la carta, el presidente con un gesto adusto respondió que era una provocación. Por su parte, un grupo de simpatizantes apoyados por algunos servidores de la nación, gritaban que los periodistas apoyaban a Loret de Mola. Fue un lamentable desencuentro, ante la inacción de las instituciones federales encargadas de atender sus demandas y garantizar seguridad por la labor que desempeñan.

La evaluación de los programas federales que realizó el presidente de la república en los 4 días de su gira a Guerrero, se topó con la trágica noticia de que uno de los becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro, Gilberto Tapia Mendoza, había sido asesinado a balazos. Su cuerpo fue arrojado a un lado de la carretera nacional que va a Zihuatanejo y encontrado este sábado alrededor de las 9 de la mañana, en la Barrita. Dos días antes, el jueves 15 de julio, 8 becarios del programa sembrando vida salieron rumbo a la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán. Al cruzar la comunidad de El Durazno fueron interceptados por un grupo de civiles armados, quienes se llevaron a Gilberto y otras dos becarias más. El viernes por la tarde la comisaria de El Durazno informó que las dos jóvenes fueron entregadas a personal de la Sedena, que se encargó de sacarlas de la zona. La gente de la sierra identifica quiénes fueron y a qué grupo pertenecen, sin embargo, nadie se arriesga a denunciarlos, porque saben que toda investigación ante el ministerio público, es infructuosa y peligrosa.

El clamor de las víctimas de la violencia es un problema que tiene raíces hondas y es parte de un problema mayúsculo que se anida en el aparato gubernamental, donde impera la corrupción y la impunidad. Lo que escuchó el presidente Andrés Manuel en Chilapa, con el colectivo Siempre Vivos; el reclamo que le hicieron los periodistas en Chilpancingo; las súplicas de las madres de familia que pudieron entregarle algún folder, donde le piden que intervenga para encontrar a sus hijos desparecidos, es la lúgubre realidad que marca con fuego nuestras vidas. A pesar de este flagelo y de una clase gobernante insensible e indiferente al dolor de las víctimas, el pueblo de Guerrero no pierde la esperanza de construir desde la montaña y la sierra sureñas, la justicia comunitaria.

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