Criminalización, precarización y violencia, la constante para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo

A casi un año de la represión policiaca del 9N, no hay avances en las investigaciones ni responsables.

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Por David Cantu

Este jueves 22 de julio, las organizaciones Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México” (RNDDHM), Espacio OSC para Personas Defensoras y Periodistas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) en conjunto presentaron el «Informe de Quintana Roo”, sobre la criminalización, precarización y violencia hacia personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

En esta reunión, participó: La periodista Adriana Varillas, integrante de la Red Nacional de Periodistas; Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México; Wendy Galarza, defensora e integrante del Comité de Víctimas 9N; Adriana Ramírez, integrante de CIMAC; Marion Mondain, Oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH México y Lorena Contreras, integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo.

En dicho informe, se destacan hechos como la violencia, precarización, criminalización, espionaje, sometimiento de medios de comunicación y persecución a periodistas y defensoras de derechos humanos.

Por ello, Wendy Galarza señaló que la orden de «quédate en casa», derivada de la pandemia de COVID-19, provocó un incremento en la violencia de género materializado en violencia en el hogar así como la desaparición de mujeres y feminicidio. La defensora recordó que, tras el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, el 9 de noviembre de 2020 (9N), las mujeres salieron a las calles a protestar y exigir una vida libre de violencia, enfrentándose a la mayor represión policial en la historia de la entidad, ejercida por elementos policiacos municipales y estatales, quienes golpearon, balacearon y cometieron actos de tortura sexual hacia manifestantes.

Por su parte, Adriana Varillas mencionó que, a casi un año de la represión policiaca del 9N, no hay avances en las investigaciones ni responsables pese a recomendaciones e informes institucionales, con esto denunció que, tras la cuestión pandémica, el gremio periodístico vive bajo violencias «silenciosas» ante las medidas tomadas por las empresas y dueños de medios de comunicación como despedir al personal, bajar salarios, e incrementar las jornadas laborales.

Tanto Edith Olivares, Adriana Ramírez, Marion Mondain y Lorena Contreras, retomaron estos temas y aunaron en el incremento de las violaciones y criminalización a los derechos, el derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión y al acceso a la información por parte de autoridades municipales y estatales, la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades para que reconozcan y asuman la responsabilidad y la garantía de no repetición ante agresiones como la de 2020, así como garantizar el derecho de manifestación, la represión y criminalización de la protesta social, ejercida por autoridades en diversos estados del país, las garantías para el acceso a la justicia.

También, se hizo el reconocimiento que en Quintana Roo, es preocupante la situación de las defensoras, ya que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad por defender los derechos humanos y por su condición de género.

Finalmente , se hizo hincapié en las siguientes recomendaciones: garantizar y proteger el derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión, poniendo énfasis en las movilizaciones de mujeres que exigen un alto a las violencias diferenciadas que enfrentan los defensores y periodistas.

 

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