Acapulco: cementerio de los olvidados

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Por El Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Después de 9 días de la desaparición del defensor comunitario Vicente Suastegui, los diferentes equipos de la fiscalía del estado, se organizaron para iniciar formalmente la búsqueda en terreno, en las colonias pobres de Acapulco. A pesar del planteamiento que se hizo a las autoridades federales, para que enviaran una brigada multidisciplinaria de la Comisión Nacional de Búsqueda, solo llegaron dos elementos. Esta iniciativa fue impulsada por el líder del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suastegui, que desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la desaparición de su hermano, pidió a las autoridades estatales y federales que investigaran e implementaran la búsqueda para dar con el paradero de Vicente.

A pesar de que en 2018 entró en vigor la Ley General En Materia De Desaparición De Personas, y que el 6 de octubre del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Homologado Para La Búsqueda De Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), en nuestro estado esta normatividad sigue sin cumplirse a cabalidad. Las autoridades responsables de investigar los casos de personas desparecidas, piden que los familiares les proporcionen información sobre las personas que pudieron llevárselo, así como el móvil de su desaparición. Mientras no interpongan formalmente la denuncia, no se implementa ningún acto de investigación, ni se dimensiona que el caso requiere una intervención inmediata.

La hora en que se consumó la desaparición de Vicente antes de llegar a su domicilio, fue favorable para los perpetradores, porque saben que difícilmente los familiares se animan para acudir al ministerio público a interponer la denuncia. No solo tienen miedo por lo que pasó, sino que el desconcierto los atrapa y el auxilio se reduce al ámbito familiar y vecinal. En el caso de Vicente la policía municipal acudió por el reporte de un vehículo abandonado, sin embargo, no accionaron una búsqueda inmediata enviando un reporte a la fiscalía regional. Fueron horas de angustia que trascurrieron lentamente sin que las autoridades tomaran el caso como de suma urgencia. Trascurrieron 12 horas para que se interpusiera la denuncia, y solo hasta ese momento, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación por la desaparición de Vicente. El ministerio público se avocó a tomar las declaraciones de los familiares e iniciar las primeras diligencias en el lugar de los hechos. Citaron a declarar al dueño del taxi y se realizó la inspección del vehículo. Algo grave que constatamos es que las cámaras del C-5 no están funcionando y, por lo mismo, no se cuentan con imágenes oficiales, para tener algunas pistas sobre el modus operandi de quienes intervinieron en la desaparición de Vicente. Es grave que, en una ciudad como Acapulco, donde el índice de violencia es muy alto, las autoridades no se preocupen por garantizar el funcionamiento de las cámaras de vigilancia, que son claves para la investigación de los delitos. Además de los recursos millonarios que implica este sistema y toda la burocracia que se encarga de monitorear las cámaras y darle mantenimiento, sus trabajos son ineficientes y simplemente simulan que brindan un servicio a la sociedad. Es inconcebible que ninguna autoridad denuncie la inoperancia de este sistema, que es esencial para la seguridad de los ciudadanos y la investigación de acciones criminales.

Por su parte, los familiares encabezados por Marco Antonio Suategui, iniciaron la búsqueda de Vicente en el área donde fue desaparecido. Bajo su propio riesgo recorrieron las calles y se acercaron a ciertos lugares donde se han reportado asesinatos y presencia de grupos de la delincuencia. También apelaron a la sociedad, convocaron a una marcha y realizaron ruedas de prensa. En lugar de replegarse y guardar silencio, denunciaron públicamente la desaparición de Vicente y emplazaron a las autoridades para agilizar las investigaciones y realizar la búsqueda. Ante el lento proceso que caracteriza a la fiscalía, Marco Antonio pidió la intervención del subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas, para que la Comisión Nacional de Búsqueda pudiera organizar una brigada en Acapulco. Ante la multiplicidad de solicitudes de varios colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país, fue difícil que se atendiera de forma inmediata la petición de Marco Antonio. Ante estas dificultades se pidió que la fiscalía emprendiera la búsqueda lo más pronto posible. Fue en la caseta de cobro de La Venta donde más de 30 personas se concentraron a las seis de la mañana para iniciar la búsqueda con la guía de Marco Antonio. La ruta a seguir fue el río de la Sabana, conocido como un lugar “pesado” y de difícil acceso, donde los grupos de la delincuencia han ido a “tirar” varios cuerpos. Con la presencia de la guardia nacional y elementos de la policía ministerial, Marco Antonio y Rodolfo Chávez, marcaron el ritmo de la búsqueda. Los abogados de Tlachinollan también han tenido que tomar el pico y la pala para apoyar a las familias que buscan a personas desaparecidas. Son actividades que se tienen que realizar como parte de esta lucha por la defensa de los derechos de las víctimas.  En este trabajo, además de resistencia y habilidad para roturar el suelo, se requiere también tecnología que apoyen en la búsqueda. Además de la protección y la seguridad a las personas que realizan estos trabajos.

En Acapulco es la primera acción de búsqueda impulsada por familiares y organismos de derechos humanos realizada en lugares sumamente peligrosos. Los recorridos a la orilla del río y en los terregales de las colonias pobres, donde las casas de madera y pisos de tierra son el polo opuesto de Punta Diamante. La gente mira con miedo y desconfianza. Se extraña que haya “gente del gobierno”, porque en varias colonias no fácilmente entran porque saben que ahí mandan los de la delincuencia. Había temores de que se presentara algún incidente con miembros de la delincuencia, que se decidieran a impedir estos recorridos. A pesar de estar en territorios asolados por el crimen, pareciera que son colonias desoladas. En esos lugares los sitios tienen nombres muy significativos como el Puente Roto, Arroyo Seco, Nueva Frontera, Las Plazuelas y La Testaruda, que nos hablan del mundo de los olvidados, de la población pobre que fue desplazada de los cerros de Acapulco, de familias indígenas y campesinas que llegaron con la esperanza de conseguir un trabajo mejor remunerado en la zona turística de Acapulco, y población migrante que lucha por la sobrevivencia en los cinturones de miseria. Estas colonias a parte de la pobreza generalizada son víctimas del flagelo de la delincuencia, que ha instalado en varios lugares sus guaridas para controlar las calles y enrolar a jóvenes al sicariato.

El domingo antes del mediodía los policías escucharon en sus radios, que cerca del Puente Roto se encontraba un Tsuru en llamas. Fue la señal funesta de los grupos que ejercen la violencia para aterrorizar a la población y desmovilizar a la familia que busca a Vicente. Ante la información que se encontraba dentro de la cajuela el cuerpo de una persona desconocida, se optó por detener la búsqueda y pedir que los peritos de la fiscalía realizaran el levantamiento del cuerpo, para ser trasladado al SEMEFO de Acapulco y dar con la identificación de la persona. Para Marco Antonio y su familia, fue un golpe muy duro porque dedujeron que se trataba de su hermano Vicente. Con gran impaciencia aguardaron por varias horas, hasta que lograron verificar por algunos tatuajes que se trata de otra persona.

El plan de búsqueda continuó este lunes en la comunidad de El Veladero, una localidad apartada donde también los grupos de la delincuencia lo han utilizado como cementerio clandestino, la violencia que se ha registrado por varios años en las colonias Zapata y 24 de octubre, fueron también otros puntos de búsqueda, donde se ubicaron casas abandonadas como si se tratara de un pueblo fantasma. La ausencia de las instituciones se percibe por todos lados, donde no hay obra pública, ni lugares para que el gran número de niños, niñas y jóvenes que hay en estas colonias puedan tener lugares de esparcimiento o para practicar algún deporte. Hay más bien casas de seguridad y jóvenes contratados como halcones o incorporados a las filas del crimen organizado.

Para Marco Antonio esta jornada de búsqueda es una prueba de fuego, porque está dispuesto a encontrar a su hermano vivo o muerto. Ha emplazado a las autoridades del estado y la federación para que asuman su compromiso de implementar el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, incorporando a los equipos multidisciplinarios que se requieren para el éxito de estos trabajos. Marco Antonio sabe el riesgo que representa entrar a las colonias de la periferia, porque es blanco fácil para su ubicación. A pesar de estos peligros recorre los caminos y las calles, tratando de ubicar algunas casas de seguridad o de encontrar indicios de alguna fosa clandestina.  Intuye que algunas autoridades tienen conocimiento de estos escondrijos, pero difícilmente lo revelarán, por la colusión que se ha tejido entre agentes del estado y el crimen organizado, que han trasformado a las colonias periféricas de Acapulco en un cementerio olvidado.

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