Estado de sitio en Guatemala una amenaza para los derechos humanos

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Represión en El Estor. Foto Juan Bautista Xol. Prensa Comunitaria

Por Peoples Dispatch

El gobierno ha decretado el control militar por 30 días en el municipio de El Estor en respuesta a las protestas contra un proyecto minero en el territorio de la comunidad maya Q’eqchi ‘.

Organizaciones guatemaltecas de derechos humanos han advertido que el estado de sitio decretado por el presidente Alejandro Giammattei en el municipio de El Estor el domingo 24 de octubre ha puesto en riesgo los derechos de los habitantes de la región. Giammattei declaró el estado de sitio después de casi tres semanas de manifestaciones pacíficas de la comunidad maya Q’eqchi ‘contra un proyecto minero que, según alegan, fue aprobado ilegalmente.

Tras el establecimiento del estado de sitio, más de 800 agentes de la Policía Nacional Civil, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea fueron desplegados en la zona y la comunidad se vio obligada a poner fin a su movilización pacífica para evitar la represión violenta y la detención. El estado de sitio declarado por el presidente prohíbe cualquier tipo de protesta pública y pone el control del municipio en manos del ejército, que puede detener a personas sin orden de aprehensión. Incluso antes de que se impusiera el estado de sitio, la protesta indígena se había enfrentado con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad, pero la medida otorgó mayores poderes a las fuerzas.

Organizaciones de derechos humanos han condenado que a partir del 25 de octubre fuerzas de seguridad allanaron las casas de decenas de miembros del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi ‘que participaron en las protestas, así como las casas de periodistas como Carlos Ernesto Choc Chub que han estado cubriendo las protestas y la posterior represión. También se ha detenido a varias personas.

También han destacado que el estado de sitio declarado en El Estor viola la constitución del país. La sociedad civil y las organizaciones indígenas presentaron una denuncia formal en este sentido ante la Corte Constitucional el 27 de octubre. Wendy López, abogada del Despacho del Pueblo Indígena, declaró que el estado de sitio “va en contra de las normas y principios fundamentales de la constitución”. También destacaron que la aplicación del estado de sitio suele estar reservada para un estado de guerra, difícilmente aplicable a la situación de protesta pacífica.

Carlos Barrientos del Comité de Unidad Campesina de Guatemala dijo a Brasil de Fato : “Lo consideramos inconstitucional porque es una acción desproporcionada. El estado de sitio es un estado de excepción previo a la entrada en estado de guerra, según la Constitución. Lo que ha sucedido en la región son manifestaciones contra las decisiones gubernamentales y empresariales ”. Afirmó que la normativa sobre estados de excepción es un legado de la Constitución de 1965, que ya no está vigente y fue aprobada durante la dictadura militar guatemalteca.

La respuesta represiva del gobierno a la protesta comunitaria también ha llevado a organizaciones de derechos humanos a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares para los miembros de la comunidad.

Represión en El Estor. Foto: Nelton Rivera

Desde días antes de que se declarara el estado de sitio, los movimientos indígenas venían denunciando la presencia de infiltrados en las protestas que generaban disturbios para justificar el posterior control estatal. Videos publicados en redes sociales muestran la violencia de las fuerzas policiales guatemaltecas contra la comunidad indígena.

La plataforma Movimientos Sociales del ALBA emitió un comunicado en solidaridad con la lucha del pueblo Maya Q’eqchi ‘y llamó al gobierno guatemalteco a poner fin a la represión de la comunidad y organizaciones indígenas en El Estor y la declaración del estado de sitio, y que el gobierno respete la consulta a las comunidades indígenas según lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT que Guatemala ratificó.

Las comunidades indígenas protestan contra la extracción ilegal

El 4 de octubre, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi ‘inició una protesta pacífica para exigir la suspensión del proyecto minero Fénix de la Guatemalan Nickel Company (CGN), ya que la empresa no realizó una consulta adecuada a las comunidades indígenas sobre el proyecto. CGN es una subsidiaria de Solway Investment Group, con sede en Suiza, y el Ministerio de Energía y Minas le otorgó una licencia para operar.

En 2019, las autoridades y comunidades indígenas de El Estor habían ganado un importante fallo de la Corte Constitucional que decía que hasta que se realizara una consulta a los indígenas, se suspendería la licencia del proyecto Fénix. Guatemala es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas que, entre otras cosas, los obliga a consultar a las comunidades indígenas en el ámbito de cualquier potencial proyecto extractivo.

Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

El gobierno y la empresa minera no cumplieron con el fallo y continuaron operando hasta que el fallo fue firmado por los jueces un año después, en junio de 2020. Luego, la empresa llevó a cabo una “consulta” pero excluyó a los actores clave, incluidas las comunidades pesqueras y los locales. Autoridades indígenas.

Las comunidades de El Estor afirman que las empresas mineras han continuado extrayendo ilegalmente pollos en sus territorios, violando la sentencia judicial y contaminando la única fuente de agua dulce de la región.

En la acción de protesta iniciada por las comunidades indígenas el 4 de octubre, bloquearon las principales vías de acceso al municipio e impidieron el tránsito de camiones mineros, paralizando efectivamente las operaciones en la mina Fénix. Tras la imposición del estado de sitio por parte del gobierno, las comunidades informaron que los camiones de la minera pudieron movilizarse libremente y fueron protegidos por las Fuerzas de Seguridad.

En julio de 2021, el titular de la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala fue destituido de su cargo. Posteriormente, en asilo político, Juan Francisco Sandoval manifestó que había reunido pruebas que demuestran que el presidente Alejandro Giammattei había recibido sobornos en enero de una de las empresas que iban a ejecutar el proyecto Fénix y que por ello estaba siendo perseguido por el Estado.

Con reportajes de Prensa Comunitaria y Brasil de Fato

Publicado originalmente en: https://peoplesdispatch.org/2021/11/02/state-of-siege-in-guatemala-is-a-threat-to-human-rights/ 

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