Contra la historia del silencio y el olvido

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En memoria del periodista Alfredo Cardoso Echeverría,

quien con su muerte se corrobora el clima de inseguridad

que padece el gremio periodístico de Guerrero.

Es muy grave minimizar esta acción criminal

porque se pone en entredicho la democracia

y el estado de derecho.

Por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

El 30 de agosto pasado, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se reunió en palacio nacional con familiares de víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia, para anunciar la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.  Se trata de una lucha histórica que centenares de familias han abanderado a lo largo y ancho del país, por las atrocidades cometidas por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas de México.

Han pasado más de cinco décadas batallando en las calles, en las procuradurías y en los cuarteles militares para exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas. Un gran contingente de madres, esposas, hermanas e hijas se transformaron en la memoria de la dignidad, en la conciencia del México adolorido, en el movimiento imbatible de mujeres que demostraron tener casta para pelear hasta el último suspiro, para alcanzar la verdad. Fueron ellas las que se armaron de valor para hacer frente al régimen represivo. Tuvieron la osadía y la imaginación para denunciar la guerra sucia que el Estado implementó con acciones militares y policiacas para reprimir a la población que se organizaba y reclamaba sus derechos.

Ante la implantación de un régimen autoritario y monolítico, la protesta social se castigaba con cárcel y se reprimía a quienes se atrevían a desafiar al poder. La cerrazón política y la utilización de la fuerza pública, asfixiaron a una sociedad ávida de libertades, dispuesta a dar la pelea en las calles para democratizar a las instituciones públicas. La vía armada apareció como una opción de cambio ante la ola represiva que cobraba un alto costo de vidas humanas. La intrepidez de hombres y mujeres de grandes ideales los llevó a tomar las armas y a conformar organizaciones guerrilleras.

El gobierno federal empecinado en sus visiones cortas y obtusas, utilizó métodos funestos para reprimir y masacrar a quienes le declararon la guerra. Recurrieron a la tortura, a las detenciones ilegales, a la desaparición de personas y a las ejecuciones arbitrarias para acallar las protestas y sepultar los sueños de justicia que abanderaron amplios sectores de la sociedad mexicana.

Dentro de los considerandos del decreto publicado el 6 de octubre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifiesta que en el periodo de 1965 a 1990, en México se cometieron diversas violaciones graves de derechos humanos, que han sido objeto de observaciones y recomendaciones de organismo nacionales e internacionales, que han determinado que el Estado mexicano ha sido responsable de la desaparición forzada, tortura y la ejecución extrajudicial de personas. Es un reconocimiento explícito de la política represiva que se implantó por más de 25 años en nuestro país y que causó severos daños a la población y un gran agravio a quienes lucharon para implantar un gobierno democrático en México.

Ante este gran desafío, el gobierno federal considera prioritario implementar acciones que esclarezcan las violaciones a derechos humanos cometidas en este periodo, para brindar a las víctimas y a sus familiares garantías de acceso a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación integral y la no repetición de estos hechos.

El artículo primero del decreto, crea con carácter transitorio la Comisión para el Acceso a la Verdad, que se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con violaciones graves de derechos humanos, durante el periodo de la guerra sucia, a efectos de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, del impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria.

Esta Comisión estará presidida por la subsecretaría de derechos humanos, población y migración, cuyo titular es el licenciado Alejandro Encinas. También formarán parte los titulares de la secretaría de relaciones exteriores, la secretaría de hacienda y crédito público, del archivo general de la nación, la comisión ejecutiva de atención a víctimas y la comisión nacional de búsqueda de personas. Además, se integrarán cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión. La designación de las cinco personas expertas será propuesta conjuntamente por la subsecretaría de derechos humanos, por una representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la oficina de la ONU-DH en México. Los integrantes de la Comisión ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, de emolumento, ni compensación alguna por su participación. El presente decreto estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.

Existen altas expectativas de las familias y la misma sociedad en la conformación de esta Comisión, sobre todo porque el presidente de la república ha asumido el compromiso de impulsar esta Comisión para que haya verdad, justicia, búsqueda, reparación, memoria y medidas de no repetición de estos hechos atroces.

El enorme trabajo que han realizado más de 20 colectivos, familiares, víctimas y sobrevivientes dio como resultado la elaboración de un plan contra la impunidad que traza cinco ejes estratégicos que guiarán a la Comisión: el acceso a la verdad es lo que define el quehacer de este mecanismo extraordinario que busca esclarecer los hechos de esta época sombría. Para ello será muy importante contar con el apoyo de personas que puedan proporcionar información clave sobre los casos de personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas, desplazadas y encarceladas por motivos políticos. Será imprescindible acceder a los archivos del ejército, los archivos administrativos del Cisen, de lo que fue la dirección federal de seguridad, así como varios archivos de la represión que se mantienen escondidos en varios estados.

Se tienen que retomar los trabajos que otras instituciones han realizado sobre la investigación de estos hechos. En 1990 la CNDH creo el programa especial de presuntos desaparecidos que documentó 532 desapariciones de esa época, pero sólo pudo comprobar la desaparición forzada de 273. Once años después la misma comisión publicó la recomendación 26/2001, que llevó a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en el sexenio de Vicente Fox. Este organismo abrió cerca de 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones y logró la judicialización de 14 averiguaciones. Dos de éstas llevaron a juicio al expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. También se documentaron casos de militares por los delitos de genocidio y desapariciones durante la guerra sucia. Lamentablemente todo este esfuerzo quedó trunco al disolverse la FEMOSPP en el 2006.

En Guerrero se impulsó la creación de la Comisión de la Verdad (ComVerdad), que inició con mucha fuerza gracias al compromiso de sus miembros. Fue una iniciativa inédita y un trabajo titánico que tuvo el gran mérito de estar cerca de las familias, de conocer las regiones y los contextos donde se dieron centenas de desapariciones. Lamentablemente las autoridades del Estado desatendieron esta gran contribución para esclarecimiento histórico de los hechos y obstruyeron su publicación para amordazar la verdad.

Se tienen que retomar todas estas contribuciones que son trascendentales para acceder a la verdad. Junto con este eje de trabajo se debe dar un impulso cualitativo para garantizar justicia a las víctimas de la guerra sucia, para ello se tiene que idear una figura apropiada que se encargue de realizar investigaciones integrales para darle seguimiento a los procesos penales. La gran tarea de la Comisión de la Verdad es construir espacios de confianza para que se puedan acercar testigos que estén dispuestos a decir lo que saben. Es determinante el esclarecimiento histórico para poder encausar las denuncias, con el fin de que se pueda procesar a los posibles responsables.

El plan de búsqueda de personas desaparecidas es fundamental para encontrar a las personas desaparecidas. Es un tercer eje que requiere hurgar en lugares que han sido vetados recurrentemente por las autoridades civiles y militares. Hay una exigencia histórica entre los colectivos de familiares de desaparecidos, que se pueda acceder a los cuarteles militares, a las cáceles clandestinas, a lugares donde se realizaron detenciones ilegales y donde se operaron actos crueles como los vuelos de la muerte. Hay testimonios de que varias personas fueron vistas en el campo militar número uno. Es un imperativo de que se tienen que realizar inspecciones en estos lugares. El objetivo primordial es conocer el paradero de las personas desaparecidas durante el periodo de la guerra sucia.

Todo este proceso de investigación y búsqueda tiene que considerar un cuarto eje relacionado con la reparación y compensación de las víctimas. En este rubro la secretaría de hacienda tiene que asumir el compromiso de garantizar los trabajos de la Comisión y al mismo tiempo, tomar en cuenta los planteamientos de las familias, para garantizar la reparación integral de los daños.

Un quinto eje de trabajo es implementar mecanismos de no repetición que implica necesariamente crear una ley de memoria, con el fin de que todos estos esfuerzos tengan continuidad y no queden a la deriva. La nueva ley garantizaría la preservación de la memoria, la creación y conservación de archivos que dignifique los testimonios de las víctimas y que sea un patrimonio intangible para las nuevas generaciones. El planteamiento central es contar con una legislación sobre el tema para no quedar supeditados a la voluntad de quienes ostenten el poder político. Vivimos un momento propicio para luchar contra el silencio y el olvido.

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