Organizaciones Sociales proponen a Vidulfo Rosales como candidato para ocupar el cargo de Fiscal en el estado de Guerrero

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Por Sonia Sagrero/@sagrero_sonia

Ciudad de México 17 de noviembre 2021.- Más de sesenta organizaciones sociales no gubernamentales propusieron al Congreso del Estado a Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, como Fiscal del Estado de Guerrero,(FEG).

Vidulfo Rosales Sierra, uno de los mas de cien mil hablantes me’phaa, que habitan en la parte central del estado de Guerrero, nació en 1977 en una comunidad nombrada Totomixtlahuaca, en el municipio Tlacoapa, en la zona de la montaña. 

Después de concluir sus estudios universitarios, el abogado Vidulfo Rosales, trabajo en el  Centro de Derechos Humanos José María Morelos, donde se encargó de asesorar a las comunidades nahuas de Guerrero, cabe recalcar que fue defensor de 20 mil indígenas que fueron afectados por el proyecto hidroeléctrico de la Parota, con lo que logró que el Tribunal Agrario “fallara a favor de las comunidades”. 

Marco Antonio Subseguí Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), afirmó que ya era tiempo de que la FGE diera un giro completo al rostro, para lo cual se requiere un titular con las características específicas del abogado Vidulfo Rosales Sierra. 

También argumentó que Vidulfo es un abogado con experiencia, dentro de su trayectoria profesional se ha relacionado con el movimiento social, situación que lo caracteriza y diferencia de los demás aspirantes. 

Los activistas señalaron a Vidulfo como la mejor propuesta impulsada desde la sociedad civil, ya que de llegar a ocupar el cargo de Fiscal en Guerrero, sería el intercesor de la defensa de los derechos humanos de mujeres, estudiantes, indígenas, y movimientos sociales. 

Si el abogado Vidulfo Rosales fuera nombrado como Fiscal en Guerrero, sería el primer abogado indígena que ha llevado a la Corte Interamericana casos de violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas violadas por elementos del ejército en 2002  

Cabe mencionar que diferentes colectivos y víctimas de violaciones de derechos humanos, propusieron que dicho espacio debe ser ocupado “por un actor de la sociedad” y que Rosales Sierra, cuenta con el perfil profesional para desempeñar dicha función. 

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