Para visibilizar la problemática de la desaparición de personas en México y esbozar algunas estrategias de acción que posibiliten hacer frente a la crisis de humanitaria y de derechos humanos desde distintos frentes, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México organizó el panel “Acciones urgentes contra la desaparición de Personas en México” en el marco del segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

En la mesa de reflexión estuvieron presentes: Mina Ruiz Campeán, Araceli Rodríguez y Guadalupe Aguilar, madres buscadoras y defensoras de derechos humanos; Darwin Franco periodista independiente e investigador de la Universidad de Guadalajara especializado en temas de desaparición; Gabriel Gatti, profesor investigador de la Universidad del País Vasco experto también en temas de desaparición y víctimas; y Guillermo Fernández Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).

Texto por Dalia Souza / @Dalia Souzal

Fotografías por Mario Marlo / @MarioMarlo

“¿Qué están dispuestos a hacer para que esto pare? Para que esto no siga, para que a ustedes un día no les haga falta un familiar en sus casas”, interpeló Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 2009. En su opinión, es la impunidad, la corrupción y la nula voluntad de las autoridades del Estado para buscar a las y los desaparecidos lo que “ha hecho que esto se convierta en una crisis humanitaria”, pero también, en “una crisis que nos confronta”.

Como madre buscadora integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y luego de más de 12 años en lucha, afirma que “el miedo no nos puede paralizar cuando de verdad hablamos de quienes nos hacen falta”. Así lo han demostrado las madres, padres, hermanos y demás familiares que, en los últimos años han resistido “hasta el último segundo de sus vidas para encontrarles”, señaló. En ese sentido, precisó que buscar a las y los desaparecidos se ha vuelto una tarea de alto riesgo, ya que, hasta la fecha, han sido asesinadas y asesinados 12 familiares de personas desaparecidas “haciendo la tarea que al Estado le corresponde”.

“Varias madres han perdido la vida al buscar, por salir nosotros mismos a colar la tierra para encontrar siquiera un pedacito de ellos y de ellas, para regresarles a casa”.

“Pero alguien tenía que salir a enfrentar a los dos monstruos: a la delincuencia organizada y a la delincuencia autorizada” advirtió Araceli, al tiempo que no dudó en reconocer que los más de 70 colectivos de familiares en México y Centroamérica que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos se han convertido en “los ojos incomodos de las autoridades que tienen en su haber la omisión, la indiferencia, la impunidad, la corrupción y el “no pasa nada”.

acciones urgentes contra la desaparición de personas en México

Si bien, dijo, las autoridades en México se esfuerzan por repetir una y otra vez que “todo está bien”, lo cierto es que en el país “hoy en día hay más de 95 mil personas desaparecidas que nos hacen falta y más de 52 mil cuerpos sin identificar”; y es frente a este contexto que “las familias nos hemos convertido en buscadoras”, sentenció.

“Buscadoras al ver las deficiencias de las autoridades que deberían de hacer el trabajo que les correspondía. Esto que nosotros estamos haciendo no debería ser. No deberíamos de estar aquí pidiendo que sean empáticos, sensibles”.

Al respecto, Mina Ruiz Campeán, madre de Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido hace 10 años, opinó que, frente a un país donde las estadísticas sobre el número de personas desaparecidas dan miedo y son decepcionantes, la impunidad, el nepotismo, la corrupción, la indiferencia y, sobre todo, la falta de voluntad política, son los principales retos por atender.

“Porque los que tienen las atribuciones no tienen voluntad y los que tenemos voluntad y la necesidad de encontrar a nuestros hijos no tenemos las atribuciones”, afirmó.

Con ello, enumeró los asuntos pendientes que el Estado mexicano mantiene en materia de desapariciones. En su análisis, dentro de las instituciones hace falta personal capacitado de manera integral, es decir, en asuntos técnicos y operativos, pero también sensibilizados para atender a las familias de manera digna; además, éste necesita tener las aptitudes, habilidades y la especialización que requiere la magnitud del problema que atienden y al que se enfrentan.

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Expuso que, entre los asuntos más apremiantes y que afectan directamente a las y los familiares, está la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la cual, han considerado activistas, personas defensoras, organizaciones y demás colectivos “representa una grave regresión a importantes logros”, primordialmente en torno a su lucha por la localización de sus seres queridos, así como, por contener lineamientos que violan derechos de las víctimas, tal es el caso del derecho a la participación y el acceso a la justicia, además sobre su competencia para emprender acciones tendientes a investigar las desapariciones.

De cara a esta realidad, consideró que se “necesitamos recursos para que las madres hagan su trabajo, no sólo económicos, sino tecnológicos y humanos”. Aseguró que se requiere a la par “la implementación real y clara de la Ley General de Víctimas, porque la ley está muy bien hecha, muy bien puesta, pero nadie la obedece”.

“Tenemos que tener ese apoyo legal, tenemos que tener seguridad en las búsquedas, en los últimos años han matado a doce madres buscadoras, doce madres que no las mataron en la búsqueda, solo por el hecho de ser unas madres que se acercan al perpetrador, solo por ser unas madres que hacen el trabajo que no nos debería de corresponder por dos razones 1) porque este delito no debería de existir y 2) porque una vez existiendo deberían de ser las autoridades quienes hicieran este trabajo y no las madres”.

Por lo tanto, sentenció que su apuesta como organizaciones de familiares es apelar a la incidencia y no a la indolencia como lo ha hecho el Estado mexicano.

Darwin Franco, periodista independiente en el medio ZonaDocs e investigador de la Universidad de Guadalajara, coincidió con Mina en su llamado a la incidencia e invitó a las personas “desde cualquier espacio o trinchera” a “fiscalizar las acciones que hace el gobierno” en la búsqueda de las personas desaparecidas, pero sobre todo “a reconocer esta lucha de manera colectiva tal cual como las madres nos lo han enseñado todo el tiempo”.

A decir del periodista, “tenemos que abrazar el dolor ajeno como propio, tenemos que comenzar a sentir que esto también nos está afectando, porque, aunque lo queramos obviar nos afecta, no podemos seguir andando en un país donde 95 mil personas no están” manifestó.

De tal manera que, la respuesta a la pregunta ¿qué podemos hacer frente a las desapariciones?, invita a periodistas, estudiantes, académicos, académicas, funcionarios y funcionarias públicas, etc. “a formar un círculo del nosotros”, donde la “lucha colectiva” sea el espacio común de encuentro y transformación para esta realidad dolorosa que enfrentan miles de familias en el país.

“Esta contranarrativa que podemos generar desde lo que somos y desde lo que hacemos tiene que estar vinculado a lo que las madres nos han enseñado: amor, esperanza, valentía y dignidad” insistió… Porque si ustedes las escuchan, ellas siempre hablan en plural, aunque cada una tenga una búsqueda particular de un ser querido, pero cuando dicen “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, hablan de todos y todas, y ese es un lenguaje que tendríamos que incorporar a nuestras vidas para entonces detener la dinámica que tiene esta grave crisis de derechos humanos que vivimos”.

Particularmente, desde la labor del periodismo, invitó al gremio a “dejar de pensar que estamos hablando de un tema de coyuntura” y advertir desde la labor periodística que se trata de “una grave crisis de derechos humanos que atraviesa todas las condiciones humanas”. Para ello, explicó, “tendríamos que nombrar de maneras más decidida, tendríamos que investigar para encontrar las redes de macrocriminalidad y las redes de corrupción y complicidad que generan, pero que también perpetran, cada una de las desapariciones que se comete a diario”.

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Por otro lado, Guillermo Fernández Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), aseguró que, aunque en México el marco jurídico y político en materia de desaparición es “mejor que antes”, de nada sirve si no existen recursos económicos para implementarlos.

Si uno quiere ver dónde están las prioridades de un Estado fíjense en la asignación de recursos. Ahí es donde surge el enorme desbalance”.

Recordó la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y algunas de las advertencias que hizo durante su estadía; entre las más graves, dijo, está el reconocimiento de una práctica sistemática, continúa y actual de las desapariciones, donde existen patrones identificados por colectivos de familiares y por funcionarios públicos, lo cual significa que su existencia y permanencia “no podrían ocurrir sin la convivencia y anuencia de las autoridades”.

En la misma línea sentenció que durante las dos semanas que permaneció el Comité en México al menos una persona fue desaparecida cada cinco horas, “esto confirma que es una problemática que sigue”, precisó.

Gabriel Gatti, profesor investigador de la Universidad del País Vasco experto en temas de desaparición y víctimas, convocó a las y los asistentes a reflexionar sobre la categoría de desaparición en tres sentidos distintos.

La primera “provocación” como les llamó, quiere invitar a “pensar el concepto de desaparición en plural”; es decir, advertir que existen situaciones diversas que entran en este término y, por lo tanto, atendiendo “la polisemia de la palabra” hablar de “desapariciones”.

En segundo lugar, cuestionó “el concepto institucionalizado del derecho internacional” que ha decidido nombrar estos crímenes de lesa humanidad como “desaparición forzada”. Si bien, advierte que “la eficacia de la categoría permite juzgar, hacer política de la memoria, permite pelear por verdad, justicia y reparación” tiene “consecuencias terribles”. Por ejemplo, dijo, que sea asociado con un asunto del pasado; situación que en el caso de México queda fuera de la realidad actual.

O, incluso, explicó que este término deja fuera a aquellas personas desaparecidas que han sido desaparecidas”, tal es el caso de las personas migrantes, “son tan pocos los reclamos por esos desaparecidos que hasta desaparecen del término” puntualizó.

En tercer lugar, decidió apuntar su mirada hacia lo que nombró el “elogio de la palabra desaparición”, lo que significa reconocer que las personas “han actuado políticamente alrededor de esa palabra, les ha llevado a convertirse en actores políticos de primer orden” y “ha servido para la invención de políticas sociales”.

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