En Guerrero “no hay seguridad para nadie”

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En Guerrero “no hay seguridad para nadie”

Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

A 10 años de la ejecución arbitraria de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dos normalistas de Ayotzinapa que fueron ejecutados de manera arbitraria en la autopista del sol, por policías federales y estatales. Un caso execrable, que fue la antesala de un crimen anunciado y consumado el 26 y 27 de septiembre del 2014, con la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Exigimos castigo a las autoridades responsables y resultados tangibles sobre estos crímenes atroces.

El 9 de diciembre, el mismo día que nació el maestro Salvador Catalán Barragán, personas desconocidas lo desaparecieron, cuando se trasladaba en un taxi colectivo de Tierra Colorada a la ciudad de Chilpancingo, alrededor de las 8 de la mañana. Llegó al sitio número uno de Juan R Escudero y en el trayecto todavía envió un mensaje a su esposa informándole que ya estaba en camino. Siempre fue un activista, tanto de los asuntos académicos y sindicales que existen al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero, como en los asuntos de su pueblo. Era un ciudadano preocupado por la seguridad de las familias en el municipio de Juan R Escudero. El mensaje que envió a su actual pareja, no sólo era para reportar su salida, sino para pedirle que tirara unos pañales en el camión de la basura. Todavía alcanzó a decirle que regresaba después de mediodía.

El profesor Salvador Catalán nació el 9 de diciembre de 1956, en la comunidad de Chautipas, municipio de Tecoanapa. Muy joven se trasladó a Tierra Colorada donde se estableció y se desempeñó como un gran docente que trabajó en varias preparatorias y escuelas de nivel superior, dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Fue miembro activo de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) que defendió en todo momento las demandas de los estudiantes pobres que no tenían un espacio donde vivir. Posteriormente se tituló como licenciado en economía y realizó su maestría y doctorado en educación.

Además de dedicarse a la docencia en el puerto de Acapulco, participó en la creación del Frente Único por la Seguridad y el Desarrollo del estado de Guerrero (FUSDEG) y era parte del Consejo de este frente. Siempre se distinguió por sus posturas firmes y claras en defensa de los derechos humanos de la población más desprotegida. Con varios compañeros y compañeras discutieron y analizaron el modelo de seguridad que requerían las comunidades rurales de Chilpancingo. No sólo tomaron distancia de la UPOEG, por la apuesta que tenían en el uso de las armas y la corrupción que se gestaba al interior de algunos grupos, sino por la falta de controles internos, por los abusos que cometían. Se confrontaron y se separaron. Optaron por fortalecer las asambleas comunitarias y plantearon una organización que impulsara el desarrollo de las comunidades y que velara por su seguridad. Se esforzaron por trabajar en la defensa de los derechos humanos, emplazando a las autoridades municipales para que dieran respuestas a los problemas educativos, de salud y de servicios básicos, como el agua potable y los caminos. Formaron también algunos grupos de la policía para garantizar el orden y establecer entre los detenidos un proceso de reeducación, a través del trabajo comunitario. Fue una experiencia inédita que implicó muchas dificultades por las reticencias que había en algunas comunidades para trabajar colectivamente. Se desgastaron mucho con la confrontación que se dio con los policías de la UPOEG que se empeñaron en desmantelar su organización replegándola a Tierra Colorada.

El corredor que cruza las comunidades de Petaquillas, el Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, que forman parte de la vía libre que llega Acapulco, se transformó en un territorio disputado a sangre y fuego entre la UPOEG, el FUSDEG, y grupos de la delincuencia organizada como los Ardillos en la ruta de Petaquillas y la vía conocida como circuito azul. En la comunidad de Xaltianguis la disputa se dio entre la UPOEG y el grupo de los Dumbos. Son más de 7 años de enfrentamientos, desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados de familias, sin que las autoridades del estado investiguen a los responsables de estos crímenes e implementen operativos conjuntos con las fuerzas federales para desmantelar y replegar a las organizaciones criminales. El control territorial está en manos de estos grupos que fincan su poder en el uso de las armas.

De acuerdo con la información que se tiene sobre el caso, la esposa de Salvador intentó comunicarse en el transcurso del día, debido a que no se reportó cuando llegó a Chilpancingo. Como era su cumpleaños lo esperaba para comer con su familia. Ante esta situación sus hijas trataron de comunicarse, pero fue imposible porque la llamada mandaba al buzón. Lo que más les preocupó fue la información que recibió la esposa de Salvador. Le comunicaron que como las 13:40 horas, varias personas armadas habían levantado su hijo de 16 años Marco Roble Alejo, junto con otro joven de nombre Julio Gómez Rico. Los dos formaban parte de la policía comunitaria del FUSDEG. Se sabe que fueron comisionados para acarrear agua en una camioneta. En ese trayecto los interceptaron en un punto conocido como la granja, en dirección hacia Palo Gordo. De ahí se los llevaron con rumbo desconocido.

La familia de Salvador solicitó el apoyo de sus compañeros y compañeras de la universidad de Guerrero para difundir la desaparición de su papá en las redes sociales y pedir que las autoridades tomaran el caso de forma inmediata. Lamentablemente la maestra Evelia, hija de Salvador, tuvo que padecer el viacrucis de la burocracia que persiste en la Fiscalía General del estado, que la enviaban de un lado a otro para tomarle la denuncia. A pesar de que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición del maestro Salvador y del joven Marco Roble, no se implementaron acciones de búsqueda para dar con su paradero. Fueron sus compañeros de trabajo los que promovieron una marcha para el 10 de diciembre, con el fin de presionar a las autoridades y exigir que se involucraran en la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas. Después de la marcha tuvieron una reunión en la secretaría de gobierno con la presencia del encargado de la Fiscalía General, el licenciado Salvador Calleja, quien se redujo a informar que se había activado el código rojo en Tierra Colorada, pero que no tenían ningún indicio del paradero de Salvador y Marco.

En la madrugada del 10 de diciembre la Guardia Nacional encontró al joven Julio Gómez Rico cerca del poblado Plan de Lima. Era la una de la mañana cuando vieron que Julio caminaba por la orilla de la carretera e iba esposado de las manos. Lo trasladaron al hospital de Tierra Colorada y después de revisarlo médicamente se retiró a su domicilio. Fue imposible que personal de la Fiscalía se apersonara en el lugar para tomarle la declaración a Julio Gómez, quien había sido desaparecido junto con Marco Roble. Fue hasta el 11 de diciembre cuando tomaron la declaración de Julio y de una tercera persona que estuvo con ellos cuando los desaparecieron. A pesar de lo manifestado por los testigos, no hubo avances sustantivos en la investigación y tampoco se intensificó la búsqueda para dar con el paradero de Salvador y Marco.

El desenlace fue fatal porque este domingo 12 de diciembre, cuando la hija de Salvador Catalán, la maestra Evelia Catalán se disponía a dar una conferencia de prensa para denunciar los nulos avances de las investigaciones y las búsquedas, recibió una llamada de sus familiares de Tierra Colorada. Soltó el llanto cuando le comunicaron que habían encontrado los restos de su papá y Marco dentro de unas bolsas negras. Estaban desmembrados, y de acuerdo con los datos proporcionados por los peritos de la fiscalía, los dos fueron privados de la vida el mismo día en que los desaparecieron.

En la entrevista que la maestra Evelia tuvo que adelantar por la triste noticia que había recibido, declaró con mucho enojo e impotencia: “les quiero decir que fallaron todos sus procesos y protocolos y su mentado código rojo. No sirvieron de nada. Hay mucha burocracia en los procesos. Mucha falta de información. Ellos dicen que manejan la información con secrecía, pero la verdad es mucha burocracia. Yo que estaba aquí y que en todo momento estuve pendiente del caso, yo tenía que llamarles. Ellos nunca me llamaron para informarme sobre los avances de lo que estaban haciendo. Me decían que estaban haciendo su trabajo, pero no había nada. No funcionó lo que hicieron. Mi padre está muerto y Marquito también está muerto. Y hoy el sindicato, la universidad y la población de Guerrero también está de luto. Nos quitaron a un gran hombre, un gran maestro, mi padre Salvador. Cuando encontraron a Julio Gómez, les marqué en la madrugada y les pedí que fueran a tomar la declaración, con el fin de que ubicaran los lugares donde los tuvieron y buscaran en esos puntos. Pero no hicieron nada”.

“No acepto que hayan matado a mi padre, porque no hacía mal a nadie. Mi padre era muy querido y muy respetado. Ayudaba a su pueblo. Se demostró porque mucha gente en las redes sociales estaba pidiendo porque apareciera con vida. No es un delito querer que tu familia esté segura y defender el territorio en que vives. Ese era mi padre. Una persona de lucha, hecho a toda prueba. Si algo hay que reconocer a Salvador Catalán Barragán es que fue un gran luchador social. En este país los luchadores sociales y los periodistas como ustedes, siempre están en riesgo. No hay seguridad para nadie. Marco no le hacía mal a nadie, era un joven que estaba estudiando el bachillerato. Lo único que quería era poder ayudar a su madre y a su hermano más pequeño. Y ya no está.”

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