Texto: Rodrigo Haro
Fotografía: Karen Castillo / @karencitatacha 

El sábado 19 de febrero, más de 200 normalistas de la Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán, marcharon hacia el palacio de gobierno en Morelia para exigir el retiro de los cargos en contra de 64 estudiantes citados  en la Fiscalía General de Morelia.

Los estudiantes normalistas eran acusados por delitos relacionados a protestas en una de las casetas en la carretera México-Guadalajara en noviembre del 2020.

 El hecho aconteció en la caseta de Panindicuaro, cuando elementos de la policía impidieron la toma de la caseta, lo que desencadenó en un enfrentamiento que dejaría como saldo a 66 jóvenes detenidos.

Horas más tarde los normalistas bloquearon la carretera Morelia-Patzcuaro para exigir la liberación de sus compañeros pero nuevamente fueron replegados por las fuerzas de la policía.

Tras dos años de enfrentar la criminalización, en la audiencia realizada el día de ayer, la Fiscalía dio un fallo favorable para los jóvenes normalistas al otorgar la suspensión condicional del proceso.

No obstante, otros 13  normalistas enfrentan procesos penales bajo otras acusaciones, la criminalización de los normalistas, en la mayoría de los casos ha sido realizar actividades para solventar los gastos de las escuelas

 El mayor ejemplo de esto fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el GIEI, en su informe relata que el día del ataque, los jóvenes habían estado realizando labores de boteo. 

La marcha de los normalistas de Tiripetío también también tuvo como objetivo denunciar esta situación de recortes presupuestarios y políticas de austeridad que han dejado a las Normales casi infuncionales y a sus instalaciones en un estado de deterioro cada vez mayor.

Un contexto oscuro para las Normales Rurales

El caso de la Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío Michoacan, no es muy distinto al que las 17 Normales aun existentes enfrenta. A pesar de las dificultades, las normales rurales cumplen con la labor de formar jóvenes campesinos de las comunidades más marginadas del país.

Desde su creación, las Normales han sido cuna de luchadores sociales ya que en estas escuelas se fomenta el estudio de  la desigualdad que sufren los pueblos en todo el país, además en un segundo paso, se vuelven los estudiantes se vuelven importantes educadores que replican el aprendizaje y la lucha contra el sistema de opresión que viven.

En 2021 el presidente Andrés Manuel aplicó el recorte más drástico al normalismo, pasando de 461 millones en 2020 a solo 20 millones en 2021.

La posición que el años atrás sostenía el presidente ante los medios había ido en sentido contrario pues en 2019 se declaraba en favor del normalismo y declaraba que:

 “No se van a cerrar escuelas normales, al contrario, se van a abrir más y el que salga de ahí va a salir con su plaza. Ya se acabó la política privatizadora en materia de educación.”

La toma de casetas ha sido una de las actividades que había permitido a las Normales Rurales financiar sus estudios y el mantenimiento de aulas y edificios ya que logran juntar dinero que el Estado mexicano no brinda a los estudiantes.

Por estas actividades, en las escasas semanas transcurridas de 2022 los normalistas han enfrentado una dura embestida de las fuerzas públicas. A principios de febrero, la Guardia Nacional impidió a Normalistas de Ayotzinapa la toma de la caseta de Palo Blanco, desencadenado un enfrentamiento.

Días después, miembros del Consejo Indígena de Michoacán y 2 normalistas fueron detenidos en Morelia tras el derribo de la estatua de Fray Antonio de San Miguel que para los pobladores representaba el símbolo del racismo y la esclavitud.

Recortes presupuestales, represión y criminalización ha sido la estrategia de los gobiernos durante las últimas décadas contra las Normales Rurales.

El caso Ayotzinapa ha sido el más emblemático por la impunidad y el terrible crimen contra los 46 estudiantes en Septiembre de 2014, a más de 7 años los padres y madres de los desaparecidos declaran que ni el gobierno pasado y tampoco la 4T ha presentado algún avance en la investigación,  pero en cambio sí han sido victimas de simulaciones y represión del estado. 

El próximo sábado 26 de febrero se cumplen 7 años y 5 meses de la desaparición forzada, los padres de Ayotzinapa realizarán una manifestación como lo han venido haciendo mes con mes desde la desaparición de sus hijos, este fin de semana será la acción número 89.

89 meses de dolor, impunidad, injusticia y mentira.

 

 

 

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