Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

A Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra de Oaxaca,

 maestro de muchas generaciones,

inspirador de procesos sociales de base comunitaria.

Defensor de los derechos de los pueblos indígenas

y miembro prominente de los diálogos de San Andrés Larráinzar.

 

Con motivo de la reforma constitucional sobre los derechos y cultura indígena, aprobada por el congreso federal en el 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la rechazó tajantemente porque no plasmó las principales propuestas emanadas de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que analizaron con los diputados de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). Esta traición marcó el rumbo que tomó el movimiento zapatista, de ejercer sus derechos como pueblos por la vía de los hechos a contrapelo de la reforma constitucional. Este antecedente tuvo una importante repercusión en nuestro estado cuando varias organizaciones y autoridades indígenas se movilizaron el 13 de junio de 2001, para protestar en la explanada del congreso local y exigir a los diputados y diputadas que rechazaran la ley federal.

Han pasado más de dos décadas de aquella manifestación, donde se amenazó a los líderes indígenas con fincarles responsabilidades penales por impedir la entrada de los diputados al recinto legislativo y hasta la fecha hay un rechazo de los legisladores y legisladoras para establecer un diálogo directo y público. En aquellos años, intentaron amedrentar a las autoridades indígenas por atreverse a desafiar al poder legislativo. El mismo gobernador René Juárez Cisneros declaró que había órdenes de aprehensión contra los representantes indígenas que encabezaban la protesta. En esta jornada de lucha hubo diputados que desafiaron a los líderes, al asumirse como personas con mucho poder, al grado que podían ordenar a la policía para que desalojaran a los manifestantes. Las autoridades comunitarias se mantuvieron firmes en la postura de que los pueblos indígenas de Guerrero rechazaban la reforma constitucional. Al final los diputados locales asumieron el compromiso de atender este planteamiento legítimo.

La experiencia que existe entre la población indígena es que los diputados y diputadas, de las diferentes legislaturas, solo han usurpado los cargos para defender intereses personales y partidistas. En ningún momento han establecido un acercamiento respetuoso con la población indígena, mucho menos se han hecho eco de las propuestas legislativas que se han planteado, tomando en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y afromexicanas. Hemos constatado más bien, que varios diputados y diputadas que provienen de distritos indígenas, son los que se han encargado de pisotear sus derechos y de tratarlos como seres inferiores. Sus tácticas son nefastas, porque cooptan a la gente con dinero, compran a los líderes, dividen a las comunidades, les ofrecen dádivas a cambio de votos y de lealtad política. Son los que menos respeto tienen con la gente que vive en extrema pobreza y que no se sabe defender. Con los años se han transformado en caciques logrando controlar los ayuntamientos y establecer negocios privados con los recursos públicos. Han encontrado la fórmula para tener el control de la población y someter a sus adversarios con acciones temerarias para impedir que les disputen los cargos públicos.

En esta semana tuvimos conocimiento, por parte de los representantes de las principales fracciones parlamentarias, de que iniciaría la preconsulta a los pueblos indígenas y afromexicanos en los 81 municipios del estado. Fue una decisión unilateral y vertical que en la práctica consistió en contratar a más de mil 643 personas ajenas a las comunidades, para que se encargaran de visitar a más de 4 mil 500 localidades de 59 municipios, notificándoles que el congreso local estaba realizando una preconsulta, por lo mismo, los invitaba para que se organicen y programen una asamblea. Se trata de cubrir una mera formalidad legal, demostrada con la firma del comisario y con las personas que puedan juntar, para demostrar que cumplieron con este requisito de la preconsulta.

A los diputados y diputadas lo que menos les interesa es explicarle a la gente cuál es el motivo de la consulta y sobre qué temas va a tratar la consulta. Lo que hicieron en algunas comunidades fue simplemente entregar los documentos y asegurar que firmara la autoridad. En algunos lugares ya llevaban la consigna de citarlos para que asistan a una reunión regional en determinada fecha y lugar. En el municipio de Acatepec ya están citadas las comunidades para que el 26 de marzo asistan a una asamblea en la comunidad de Buena Vista. El diputado ya determinó que serán tres personas las que acredite la comunidad para que pueda participar en la asamblea. De esta manera utilizan a los mensajeros para que hagan un trabajo truculento, porque se trata de ordenarles que asistan a una reunión por mandato de los diputados. Lo que más llegan a decir es que ahí se va a tratar el tema de la ley indígena para que la aprueben los legisladores.

Estos son los estándares internacionales que están utilizando los representantes populares para promover una consulta que no atendieron por más de 10 meses por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ahora en menos de dos meses están implementando una práctica legislativa que degrada a los mismos diputados y diputadas, por la forma tan burda de cómo están actuando. Le apuestan a juntar el mayor número de oficios firmados por los comisarios, recolectando las firmas de la población indígena y afromexicana, para demostrar que realizaron con sumo cuidado y respeto la preconsulta con estas comunidades. Con la contratación de mil 643 notificadores aseguran que en cuatro días es suficiente para llegar a las comunidades y cumplir con su cometido.

Nadie conoce las iniciativas de ley en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y de seguridad pública. Tampoco se sabe de la iniciativa de reforma al artículo 14 de la constitución del estado de Guerrero. Hay un manejo faccioso de estas propuestas que sólo los coordinadores parlamentarios las conocen, pero no las socializan con todos los diputados y diputadas. Por lo mismo, no hay claridad en el proceso de consulta porque se han restringido las iniciativas de ley, negándole a las mismas comunidades indígenas el derecho a ser informadas y consultadas. Se están tomando decisiones cupulares para evitar que se les salga de control el formato que han diseñado desde sus escritorios, para realizar la consulta con las comunidades indígenas y afromexicanas, ignorándolas en todo momento.

Es importante resaltar que los tiempos de las comunidades indígenas y afromexicanas no son los tiempos de los diputados y diputadas. Tienen que tomar en cuenta que cualquier reunión que realizan las comunidades, implica un procedimiento. No se puede llegar a una localidad sólo para entregar un oficio al comisario. La obligación es cubrir con las formalidades comunitarias. Hay que buscar la hora más adecuada para reunirse con el comisario o delegado, que regularmente atienden por las tardes, debido a los trabajos que realizan en el campo. Cualquier oficio que llega a la autoridad, siempre es compartido y comentado con las demás autoridades y principales. Toman su tiempo para analizar el contenido del documento y determinan en que momento abordarán el asunto que les plantean. Regularmente tienen que programar una fecha para tratar el tema que es de interés comunitario. Los fines de semana son los más idóneos para las reuniones comunitarias. Es en estos espacios donde se abordan los temas que el comisario y los principales consideran necesario tratarlos.

Para una consulta, que requiere la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas, es imprescindible tomar en cuenta la opinión de las autoridades. Su involucramiento tiene que ser en el mismo diseño de la preconsulta y se debe de realizar de forma paritaria, es decir, tienen que participar tanto las instancias del gobierno del estado como las instancias del gobierno comunitario, sólo de esa forma se puede garantizar la participación efectiva de las autoridades comunitarias. Este proceso ha sido echado por la borda por parte del grupo técnico interinstitucional que fue seleccionado por las diputadas y diputados para la implementación de esta consulta. La difusión se circunscribió a meras ruedas de prensa y boletines informativos. No se tomó en cuenta que las comunidades indígenas y afromexicanas tienen sus propias formas de comunicación comunitaria que tienen que ver con la cultura oral y sobre todo utilizando las lenguas maternas. Tampoco incorporaron a personas de las comunidades indígenas y afromexicanas que fueran nombradas por las mismas comunidades. Todo fue centralizado con decisiones verticales y unilaterales.

Un poder público como el legislativo, no puede reproducir prácticas que contradicen los principios democráticos que se centran en la participación ciudadana, en el manejo transparente de la información, en el respeto a la pluralidad de opiniones, en el reconocimiento a las formas de organización que tienen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a sus instituciones, porque va en demérito de su misma autoridad. Sienta un mal precedente la forma como ha decidido realizar la consulta, tratando a los pueblos como entes pasivos, sumisos y obedientes. No han tenido una verdadera disposición de diálogo con los actores indígenas y afromexicanos, todo se ha reducido en un monologo, dentro de sus propias instalaciones, dictando órdenes a sus súbditos, sobre cómo tienen que abordar a las autoridades y qué papeles tienen que firmar. Es importante recordarle a los diputados y diputadas que los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero tienen historia y han dado a lo largo de los siglos lecciones de dignidad. Sus batallas son emblemáticas, nunca se han resignado a ser vasallos, ni mucho menos han permitido que en sus territorios lleguen los colonizadores con sus empresas y negocios. Han peleado contra los caciques y políticos usureros y racistas. A pesar de la disparidad que hay en sus luchas con los poderes establecidos, siempre han salido al frente para defender sus derechos y su dignidad. Esta consulta es una afrenta del congreso local a los pueblos indígenas y afromexicanos que son el emblema de la resistencia y el motor de las transformaciones sociales.

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