Por Redacción/@Somoselmedio

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, por unanimidad de 470 votos, el dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.

El documento será enviado al Senado de la República, que contempla la reserva aceptada por el Pleno, establece en la fracción XXIX que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos:

“Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.

A quien cometa los delitos en esa fracción se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa. Las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.

La Comisión de Justicia estima necesario realizar reformas que garanticen la integridad, intimidad y dignidad de las víctimas de delitos relacionados con motivos de género, en la inteligencia que la ausencia de sanción también forma parte del problema estructural de la violencia de género.

La diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), promovente de una iniciativa sobre el tema, destacó que la ley castigará, tipificará y penalizará a todo servidor público, al reconocer este acto como delito.

Será una contribución para penalizar la revictimización que se produce a través de los funcionarios, y abona a atender víctimas indirectas. “No olvidemos que esas imágenes quedan de por vida en las redes sociales; no debemos permitir que existan otras historias como la de Ingrid en videos tan trágicos”, enfatizó.

La también promovente, diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) señaló que en el dictamen se configuran las demandas de miles de mujeres que a lo largo de años han enfrentado la revictimización y la violencia institucional de un Estado que ha tenido por obligación garantizar su seguridad. “La incidencia de los delitos se agravó por la incapacidad de una tendencia institucional hacia la impunidad sistemática en el procesamiento judicial”.

Rememoró el caso de Ingrid, víctima de feminicidio, a quien no se le dio la protección jurídica adecuada ante la revictimización que sufrió cuando servidoras y servidores públicos filtraron a medios las fotografías de la escena del crimen. Se exponía de forma explícita el cuerpo de la víctima, dañando el debido proceso y en agravio de la dignidad, intimidad e identidad. Es necesario castigar la revictimización, estereotipar, discriminar y estigmatizar a mujeres, niñas y adolescentes, así como a las personas con discapacidad. “Hoy la Ley Ingrid será una realidad”.

Para hablar a favor, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) señaló que hoy se concretan dictámenes programados desde el 8 de marzo para conmemorar la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres; el tema de hoy, dijo, es necesario, ya que el dictamen no solamente busca sancionar este tipo de conductas sino inhibirlas.

Fabiola Rafael Dircio, diputada del PRD, expresó que su grupo parlamentario respalda la reserva ante la urgente necesidad de tipificar estas conductas y evitar que las investigaciones de los delitos se vean entorpecidos por quienes desean mofarse de delitos degradantes y dolorosos para la sociedad. “Hay que respetar la dignidad de quienes se vieron presa de un delito”.

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) argumentó que el grave problema que afecta a las mujeres y niñas del país es que, a pesar de que “cada vez tenemos más y mejor legislación para prevenir y erradicar la violencia, pareciera que vamos a contracorriente”. Llamó a reforzar el procedimiento penal con la finalidad de salvaguardar los derechos de las mujeres y evitar la revictimización.

Por Morena, la diputada Andrea Chávez Treviño indicó que la reforma tiene como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuando publicaron imágenes que revictimizaron no solamente a la agraviada sino a sus seres queridos. “Tenemos que usar el espacio de representación para transformar la vida de las mujeres”.

Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez argumentó que es necesario que en los casos de feminicidios no se siga revictimizando. Se manifestó por construir el andamiaje jurídico para preservar la vida y la libertad de las mujeres.

Previamente, se desechó la reserva de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez (Morena), para modificar el artículo el 225 del Código Penal Federal. En tanto, las diputadas Mirza Flores Gómez (MC) y Lilia Aguilar Gil (PT) pidieron retirar sus reservas.

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