Violencia contra artesanos otomíes en el centro de Coyoacán. Exigen un alto al abuso de los servidores públicos

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Por: Fernanda Hernández/ @MariaFer_Hd

La alcaldía Coyoacán, junto con la instrucción de Óscar Ortega Espinoza, subdirector de Mercados y Vía Pública, retiraron la mercancía de artesanos de la comunidad otomí, del centro de la alcaldía Coyoacán. Esta acción tuvo como justificación la falta de permisos, aún cuando hay personas que cuentan con ellos.

Con más de 200 granaderos y patrullas, la noche del 19 de abril, se registró un enfrentamiento entre la policía ciudadana, la comunidad otomí y demás comerciantes que trabajan en la zona centro de Coyoacán, en el parque Jardín Hidalgo y Jardín Centenario, así como sus calles aledañas.

Esta acción, se llevó a cabo tras las constantes y masivas denuncias realizadas por parte de algunos vecinos de Coyoacán, quienes, durante más de un mes, han realizado la denuncia a través de redes sociales, por el aumento en el ambulantaje que está presente en los jardines Hidalgo y Centenario. 

El ambulantaje, denuncian, ha acrecentado también el desorden y una pérdida del espacio público. Por lo anterior, los vecinos han hecho pública la denuncia de este hecho a la alcaldía, incluso, desde el año pasado.

Desafortunadamente, el desalojo del comercio informal en esta zona, tuvo un ambiente tenso por el retiro de manera violenta a los comerciantes, entre los que se encuentran los artesanos otomíes de Puebla y Querétaro, quienes llevan en el lugar más de 20 y 30 años.

Familias indígenas otomíes, artesanos del estado de Puebla y Querétaro, fueron agredidos por personal de la alcaldía y policías. Además denunciaron la discriminación que han recibido de parte del personal de la alcaldía.

El Sistema de Comercio en vía pública, pide a los artesanos, de 5 mil a 10 mil pesos en un ejercicio de extorsión como lo exponen los artesanos, para que puedan seguir vendiendo. Son expuestos; el Director de Gobierno Luis Manuel Serio Ordóñez, así como el subdirector de Mercados y vía Pública, Óscar Ortega Espinoza.

Denuncian además, que algunos de los artesanos, llevan años pidiendo un permiso mismo que les ha sido negado. El permiso tiene un costo de 30 mil pesos, de acuerdo a lo que declaran.

Acusan que «personal de la Alcaldía Coyoacán los retiró de la zona de manera violenta, asimismo, con agresiones por parte de la policía, que argumentan, sólo tenía la instrucción de hacer acompañamiento». Reportan, también,  que la mercancía se les arrebató sin un inventario y sin un folio de rastreo.

Mediante la presión ejercida por las comunidades indígenas que exigieron la devolución de su mercancía en el lugar, la alcaldía hizo entrega de parte de las pertenencias que les fueron arrebatadas. 

Esta situación se tornó tensa, ya que algunas de las personas tuvieron que acudir a las puertas de la alcaldía para que les fueran devueltas sus pertenencias. Y las cosas que les fueron entregadas, se encontraban en bolsas desgarradas, además de que no fue entregada la mercancía completa, a pesar de que la alcaldía se encuentra a unos pasos del lugar del cual fueron desalojados.  

Lamentablemente, está situación, llevó a los artesanos a acudir al día siguiente a las inmediaciones de la alcaldía para exigir la devolución de las cosas restantes. Estas fueron indicaciones que recibieron de Luis Manuel Serio, director de Gobierno, quién les dio cita a las 11 de la mañana para recibir las cosas que les pertenecían. 

Así, la mañana de este 20 de abril, siguiendo las instrucciones que les fueron dadas, las personas integrantes de la comunidad otomí, acudieron nuevamente a las puertas de la alcaldía, encontrándose con la obstrucción de la entrada, con policías que resguardaban las instalaciones y según denuncian, con el fin de amedrentarlos.

Tras la protesta de la comunidad otomí, la situación llevó a un acto de violencia, en el que un elemento de la policía, Graciela Ramírez Hernández, desenfundó su arma de cargo amenazando a los otomíes.

De igual manera, la respuesta recibida fue la indiferencia de las autoridades, quienes evitaron el contacto con las comunidades. 

Ante estos sucesos, la exigencia, es la suspensión inmediata del cargo a este elemento de la policía, así como la solicitud de una audiencia pública con el Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, por una demanda legítima de trabajo digno para la Comunidad Indígena Otomí, residente en la CDMX.

 

 

Con información de la cobertura de Diego García Bautista.

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