A un mes de su detención, familiares, colectivos, y colectivas feministas se reunieron fuera del Penal de Santa Martha este domingo 15 de mayo para exigir la libertad de Karla, Magda y Arely.

Por Karen Castillo / @karencitatacha

El 15 de mayo se cumplió un mes del aparatoso desalojo de la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la detención de tres jóvenes que ahora enfrentan cargos por narcomenudeo en posesión simple de marihuana, robo agravado, y lesiones en pandilla.

Familiares, colectivos, y colectivas feministas se reunieron fuera del Penal de Santa Martha este domingo 15 de mayo exigiendo la libertad de Karla, Magda y Arely. En el evento se repitió con fuerza la consigna ¡Presas Políticas Libertad !, haciendo énfasis en que las tres jóvenes están siendo criminalizadas por su labor en defensa de los derechos de las mujeres.

Los casos de estas tres jóvenes se suman a los procesos judiciales que enfrentan activistas y defensores a lo largo del país; Kenia Hernández, Fidencio Aldama, los siete presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y los cuatro presos políticos de Coyomeapan, Puebla, son algunos de los casos en donde el peso de la ley se utiliza con el fin de dar un castigo a mujeres y hombres que trabajan en defensa de los derechos de las personas y la defensa del medio ambiente.

Santa Martha

En cada uno de estos casos se observan irregularidades y arbitrariedad jurídicas, convirtiéndose en casos en donde las leyes y lo que indica la constitución mexicana parecen no existir.

Por ejemplo, Kenia Hernández  fue sentenciada dos veces por tribunales del Estado de México; de acuerdo con sus abogados en ambos casos, los cargos de “robo con violencia” fueron fabricados como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Esto quedo claro cuando la activista  fue vinculada a proceso sin que la juez valorara sus pruebas, entre ellas los testimonios para probar que al momento que ocurrieron los hechos se encontraba en su domicilio de resguardo.

En el caso de  Eloxochitlán, Francisco Durán Ortiz, Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Gallardo Álvarez,  llevan 8 años sin sentencia, y en diciembre de 2018, fueron reconocidos como presos políticos dentro del Programa Federal para la detección de esos casos. A pesar de esto, continúan privados de su libertad.

En el caso de Arely, Magda, y Karla, sus abogados han reiterado la línea política que existe para mantenerlas en prisión cuando un juez negó la libertad condicional del proceso por el delito de posesión simple de marihuana, un delito que en México se enfrenta en libertad regularmente.

Arturo Zaldívar reconoce Vicios del Sistema Penal Mexicano

Pocos días antes de que colectivas y familiares de Karla, Arely, y Maga protestaran fuera del penal de Santa Martha, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, realizó una visita histórica al penal.

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Al final de su visita, ofreció una conferencia de prensa en la cual reconoció las fallas  del sistema judicial mexicano, –incluyendo la fabricación de delitos- que permiten que personas inocentes pasen largos periodos d tiempo en prisión.

«Comprobé los vicios del #SistemaPenal Mexicano… la necesidad de revisar la #prisiónpreventiva oficiosa… tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos.»

En el mismo sentido, el presidente de la SCJN ha señalado el alto número de personas privadas de su libertad quienes son víctimas del sistema judicial mexicano al enfrentar procesos irregulares y en desapego al derecho al debido proceso.

«Si el #Estado no se comporta con decencia constitucional, también a quienes aprehende y procesa sin respetar sus #DerechosHumanos son víctimas.»

Pese a que el Ministro Zaldívar ha sido firme en sus declaraciones y ha anunciado un programa en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México que tiene como fin el revisar casos en donde las mujeres han sido privadas de su libertad injustamente, el mismo ministro reconoció la gravedad del problema al estimar que 70% de la población de Santa Martha no ha sido condenada.

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Tortura y Violaciones a Derechos Humanos en caso Okupa

La representante legal de las tres detenidas, la abogada Michel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ha señalado que todo el proceso esta vinculado a «un tema político» y que en todo momento del proceso, la Fiscalía de la Ciudad de México ha obstaculizado el proceso, fabricado pruebas y se ha actuado en desapego a la ley.

La abogada, también mencionó, que el juez a cargo del caso, ordenó que se le practiquen a las tres detenidas el protocolo de Estambul, precisamente para identificar si son víctimas de actos de tortura, o tratos crueles, degradantes e inhumanos.

 » Las han mantenido durante varias horas en una misma posición. Incluso en el caso de la compañera Magda Eva, se ha desmayado por estar en esta sola posición durante largo tiempo, que se les ha restringido los alimentos, se les han restringido también el acceso al agua, de que hay un trato diferenciado entre la forma en que se trata al resto de las personas, al resto de las mujeres privadas de su libertad, y a las compañeras, también se les ha restringido los medicamentos.»

Detenidas en CNDH cumplen un mes de Prisión Política en Santa Martha

«Esto lo que nos deja muy claro, que en esta ciudad la justicia es patriarcal, la justicia claramente es sexista, es racista, es discriminatoria».

 

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